Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
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El gobierno colombiano frente a las ejecuciones extrajudiciales: sin respuestas. El Valle del río Cimitarra, un caso emblemático
 

El 25 de marzo de 2007, en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), tropas del Batallón Calibío adscritas a la 14ª. Brigada del Ejército Nacional -al mando del teniente Castellanos y del sargento Palomino- capturaron dos jóvenes campesinos de esta vereda, uno de los cuales escapó. El otro, Carlos Mario García, de 21 años, quedó en poder de los militares. La comunidad exigió al Ejército la liberación de Carlos Mario y lo que recibió fue el cuerpo sin vida del joven campesino, presentado como "guerrillero dado de baja en combate".

El domingo 27 de enero de 2008, Miguel Ángel González Gutiérrez salió de su finca. En el trayecto fue interceptado por una patrulla militar del Batallón Calibío. Los soldados que la componían posteriormente lo asesinaron, justificando su muerte como una baja en combate. Miguel Ángel era un reconocido líder campesino. Además, era hijo del dirigente de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) Miguel Ángel González Huepa, privado de la libertad ocho días antes, y actualmente enjuiciado por el supuesto delito de rebelión debido a sus actividades como líder campesino y defensor de derechos humanos.

Según el informe de la misión de observación sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, realizada en octubre del año pasado por la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (coalición que agrupa a 117 organizaciones no gubernamentales colombianas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos), se ejecutaron casi cerca de 1000 de estos crímenes desde julio del 2002 a junio del 2007. Esto supone un incremento del 65,51% en relación con los ocurridas desde 1997 a mediados de 2002. Los departamentos más afectados son Antioquia, con 183 víctimas; Valle del Cauca, con 53 víctimas; Arauca, con 40 víctimas, y La Guajira, con 36 víctimas.

Los integrantes de la misión se reunieron con el viceministro de Defensa, la directora de la Justicia Penal Militar, la delegada para la prevención en materia de derechos humanos de la Procuraduría, el Defensor del Pueblo, el vicefiscal general, el presidente de la Corte Constitucional y el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación tramita algunos procesos disciplinarios contra agentes del Estado vinculados a ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, sólo 11 de 670 casos ocurridos del 2002 al 2007 han finalizado con fallos sancionatorios. Entre tanto, el Vicefiscal General le dijo a la misión que se está tratando de esclarecer los hechos de manera ágil y oportuna, pero no reconoció que muchos fiscales no asumen las investigaciones.

A estas respuestas gubernamentales, se suma las directivas proferidas por el Ministerio de Defensa, que establecen sanciones contra los miembros de la Fuerza Pública que incurran en tales crímenes, señalando que los ataques a personas civiles no proporcionan ventaja militar alguna, y que se dará todo el apoyo a las investigaciones penales y disciplinarias en caso de que se cometan excesos contra la población civil.

Sin embargo, las altas tasas de asesinatos contra civiles inocentes, a quienes después se hace pasar como guerrilleros dados de baja en combate, los testimonios de familiares de las víctimas o de testigos de los hechos y los resultados obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría y la Fiscalía, demuestran que los propios parámetros establecidos por el Ministerio de Defensa, en materia de proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, no se están aplicando en la práctica.

En primer lugar, los responsables, en lugar de ser judicializados, han obtenido ascensos y otros estímulos, gracias precisamente a todas las "bajas" que han conseguido. A esto se suma que la gran mayoría de los casos son asumidos por la Justicia Penal Militar, lo que no sólo hace más difícil esclarecer los hechos con prontitud, sino que también intimida y genera temor en diversos testigos o familiares de las víctimas al momento de declarar. Muchos juzgados de este tipo se encuentran en instalaciones militares.

Frente a la veracidad de estos hechos, que han generado repudio entre diversos sectores de la comunidad internacional, la respuesta del gobierno central ha sido completamente hostil. En marzo del presente año, el periódico Washington Post publicó un artículo en donde se hablaba con preocupación sobre el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en el país, durante los dos períodos de gobierno del presidente Uribe -con base en informes de organizaciones de derechos humanos e investigaciones desarrolladas por la ONU– y se denunciaba que "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, en los últimos años, el Ejército ha asesinado cada vez más a campesinos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros".

Luego de que el artículo hubiera sido publicado -generando controversia a nivel nacional e internacional- el Ministro del Interior y de Justicia rechazó las acusaciones diciendo que las apreciaciones del reportaje eran parte de una estrategia para desprestigiar la labor exitosa que adelantan las fuerzas armadas, y que las organizaciones lo que buscan con este tipo de denuncias es demandar a Colombia ante tribunales internacionales para ganar más recursos.

Asimismo afirmó, literalmente, que: "de eso siempre se ha hablado; cuando muere un guerrillero salen a decir que se trataba de un santo varón, que era trabajador o campesino, pero en realidad son historias repetitivas".

Lo más grave de todo este panorama nefasto es que afirmaciones como las del ministro Holguín o las respuestas vagas obtenidas por la misión de observación durante su visita, no sólo propician que haya un mayor nivel de impunidad frente a estos crímenes (pues evidencian que no hay interés en facilitar más investigaciones a fondo de los hechos). También terminan por deslegitimar y estigmatizar ante la opinión pública la labor realizada por las organizaciones de derechos humanos con el fin de exigir al gobierno que otorgue verdaderas garantías de verdad, justicia y reparación integral.

Esta realidad afecta en mayor medida a los pobladores de las zonas rurales que sufren el conflicto armado directa y permanentemente. Uno de las situaciones mas graves, la vive el Valle del río Cimitarra, en la región del Magdalena Medio, donde el Ejército Nacional ha perpetrado la ejecución extrajudicial de al menos quince campesinos que han sido presentados públicamente como "guerrilleros dados de baja en combate" (Ver: tabla 1) durante el periodo 2002-2008. Actualmente, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra enfrenta una persecución estatal que incluye la suspensión ilegal de la Zona de Reserva Campesina en el año 2003, la judicialización con base en montajes de su junta directiva, la desaparición forzada de cuatro campesinos durante el mismo periodo (Ver tabla 2), amenazas y hurtos de soldados del Ejército, entre otros mecanismos de represión.

Estas persistentes violaciones a los derechos humanos, y especialmente las ejecuciones extrajudiciales, permanecen en la impunidad, lo que genera una permanente intranquilidad para el campesinado de la región.


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