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ANLA y EMGESA se burlan de la corte constitucional en El Quimbo
Miller Armín Dussán Calderón / Sábado 22 de febrero de 2014
 

En momentos en que se conoce la Sentencia de la Corte Constitucional T-135/13 que ordena a Emgesa la realización de un nuevo censo en el Quimbo y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- hacer "efectivos los procesos de participación, de manera continua, para garantizar el cumplimiento del Censo y de la Licencia Ambiental, se continúa con las expropiaciones y los desalojos violentos de campesinos en la Zona de El Quimbo, contra la misma Sentencia de la Corte que establece: "antes de que se lleve a cabo un desalojo los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Los Estados Partes deberán velar también porque todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”

La ANLA, La Procuraduría Agraria Ambiental, el Programa Presidencial de Derechos Humanos, la CAM, que se opusieron a la protección de los Derechos Fundamentales de las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, al declarar en contra de las acciones de tutela, y que en última instancia fueron tutelados ejemplarmente por la Corte Constitucional, hoy mantienen silencio cómplice desobedeciendo las decisiones del Alto Tribunal y actuando en connivencia con Emgesa avalando los desalojos violentos y permitiendo que el nuevo censo no se realice conforme a los parámetros establecidos por la Corte.

La ANLA, es la principal responsable de promover la violencia en El Quimbo contra afectados a quienes se les han negado sus derechos Constitucionales y, específicamente, la indemnización por los daños causados. Además, de avalar desalojos, expropiaciones sin el cumplimiento de la Licencia y la destrucción de la flora y la fauna, la ANLA se burla de la Corte Constitucional en coro con Emgesa, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia, la Gobernación y los políticos que de la mano de Uribe le entregaron el Territorio a las transnacionales y que hoy andan en campaña para mantener la institución más deslegitimada, por corrupta y clientelista, que es el parlamento y que esperamos sean barridos con el VOTO EN BLANCO, con el PODER DE LOS CIUDADANOS.