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Solución política no es lo mismo que construcción de paz
Ulises Gaitán / Lunes 10 de marzo de 2014
 
Foto: Gert Steenssens / EsperanzaProxima.net via photopin cc

Luego de la disolución de la URSS y con el supuesto fin de la guerra fría, se pensó que las guerras iban a disminuir, pero desde 1989 hasta 2012 se han registrado 83 procesos de solución política a conflictos.

En consecuencia, la ONU ha establecido varias fases para los procesos de paz:

1.- Prevención del conflicto o diplomacia preventiva.

2.- Negociación y firma de un acuerdo de paz (peace making).

3.- Alto al fuego y separación de los combatientes o de cuidar la paz (peace keeping).

4.- Implementación de los acuerdos o de construcción de la paz (peace building).

Los procesos de solución política de conflictos llevados a cabo en el mundo brindan un panorama sobre métodos de resolverlos, el reconocimiento de las causas de los conflictos y la composición de las agendas de diálogo.

Todos los conflictos tienen sus particularidades, y el conflicto social, político, económico y armado que vive Colombia, uno de los más extendidos en el tiempo, debe reconocer sus propios retos y plantearse sus propias soluciones, incorporando todas las experiencias existentes.

En la mesa de La Habana se siguen estas etapas: la exploración, la negociación, el establecimiento de los acuerdos y su implementación.

La exploración implica una serie de encuentros entre las partes, a fin de iniciar un camino de búsqueda de la paz y convenir una Agenda. La fase de negociación tiene que ver con trabajar por llegar a acuerdos sobre los puntos establecidos en dicha Agenda. El establecimiento de acuerdos está referido a la formalización de ellos y la implementación para llevarlos a la práctica.

La experiencia mundial

La teoría sintetizada sobre resolución de conflictos establece con claridad que el establecimiento de acuerdos es considerado un eslabón más en el camino de la construcción de la paz. Es decir, el proceso de construcción de la paz inicia, y no termina, con la firma de los acuerdos, y es en la implementación donde se consolidan las bases de una paz estable y duradera.

En la mesa de La Habana el acuerdo sobre los temas a debatir y acordar está consignado en un Preámbulo y en seis puntos de Agenda propiamente dicha. En el Preámbulo se caracteriza el conflicto colombiano, en un intento por sintetizar una sola visión sobre él, que en realidad no existe.

A la Agenda le confieren una doble composición: una parte técnica que incluye temas como cese al fuego, víctimas, amnistías, comisiones de verdad, de verificación, entre otros; y otra parte política, que contiene la transformación de doctrina militar, de instituciones y procedimientos democráticos, constituyentes, acuerdos sobre desarrollo económico, entre otros.

La idea que tiene el régimen

Una visión estrecha del conflicto, como la que ha planteado el gobierno de Santos, en contravía a la experiencia mundial, pretende reducir el grueso de la discusión en el proceso de solución política a una agenda técnica, en donde lo central del proceso sea ubicar frentes, desmovilizar tropas, mapear territorios minados, etc., en exclusiva referencia a las fuerzas insurgentes.

Por el contrario, una visión integral del conflicto reconoce la importancia de abordar la agenda técnica para ambas partes del conflicto, como un compromiso tanto de las fuerzas legales e ilegales del régimen, como de las fuerzas insurgentes del pueblo.

Así mismo, es una necesidad ineludible abordar una Agenda política que garantice el fin efectivo del conflicto, cortando de raíz las causas que lo han originado.

Transición, ¿desde dónde y hacia dónde?

Para el régimen el problema está en transitar de una situación de amenaza terrorista o de conflicto interno hasta un escenario de pacificación. En cambio, para la insurgencia el tránsito hay que hacerlo desde el conflicto armado, social, político y económico, hacia un escenario en donde sea posible construir la paz con justicia social y vida digna, atacando radicalmente las causas, enclavadas en la codicia y el sectarismo político de la oligarquía, su dependencia de las directrices del imperio norteamericano y el profundo desprecio hacia el pueblo colombiano y sus condiciones de vida.

La retórica de la elite dominante desarrolla en el campo jurídico, el paso de un sistema en crisis hacia otro supuestamente mejor, al que denominan Justicia transicional.

El país ha sido testigo de esperpentos como la ley 975 de 2002, o Ley de Justicia y Paz, a través de la cual el régimen asimiló las estructuras paramilitares, legalizándolas y reciclándolas, sin transformar ni abordar de forma estructural la realidad de esta arma de la guerra sucia.

Los sectores democráticos mantienen suficientes distancias y reservas con la llamada Justicia transicional, inventada al lado del sistema de justicia en profunda crisis, por haberse convertido en un arma de guerra, parcializado y comprable.

Todos los colombianos queremos una transición, desde la horrible noche de explotación y guerra hacia un futuro de paz, justicia y dignidad, y lo que nadie quiere es que haya cambios superficiales para que todo siga igual.