La situación humanitaria de la zona es monitoreada por el Observatorio para la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente del corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral (Tolima). El Observatorio fue creado en diciembre de 2007 y tiene como fin hacer seguimiento de la situación humanitaria de la región, gestionar planes de contingencia ante los atropellos surgidos por causa del conflicto armado e impulsar iniciativas para prevenir el desplazamiento de las comunidades. Así mismo, facilita la participación del campesinado en la Mesa de Transparencia, un espacio de interlocución departamental con las autoridades estatales.

Ubicación del departamento de Tolima.

El corregimiento hace parte del Parque Nacional Natural Las Hermosas, que incluye 125 mil hectáreas de siete municipios del Valle del Cauca y Tolima, sobre la Cordillera Central, donde se encuentran valiosos ecosistemas de selvas subandina y andina, formaciones de páramo y una gran biodiversidad. Posee varias especies animales y vegetales en vías de extinción y más de 300 lagunas y ríos que alimentan las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, que lo hace una de las principales fuentes hídricas del país.

Allí se proyecta, por parte de la empresa Isagén, la construcción de una represa en la desembocadura del río Davis en el río Amoyá, lo que ha puesto en riesgo la integridad de las comunidades que habitan en el área, ante la amenaza de desplazamiento. El plan del proyecto estipula iniciar obras en junio de 2008 para entrar en operación en el segundo semestre de 2011.

Así mismo, en la zona se efectuó desde el mes de febrero pasado un intenso operativo militar que, según como lo afirmaba el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos a la prensa, buscaba cercar al nuevo comandante en jefe de las FARC, Alfonso Cano. El operativo se concentró en el Cañón de Las Hermosas e incluyó bombardeos, ametrallamientos y bloqueos económicos a los habitantes de las zonas rurales.

Los mandos de las operaciones son los coroneles Flórez y Castillo. Este último confirmó el bloqueo en declaraciones a la revista Semana: “a la gente que viaja desde Chaparral se le revisa el mercado que debe llevar como soporte la factura que no sobrepase los 300 mil pesos”. Los bloqueos económicos sobre la población civil, a pesar de estar prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), son una práctica reiterativa del ejército colombiano.

Los impactos

En la más reciente sesión de trabajo del Observatorio, que contó con la participación de líderes campesinos de las veredas de Las Hermosas, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo a través del proyecto de comunidades en riesgo, se dio seguimiento y evaluación a los impactos de la militarización y atropellos contra el campesinado en el último periodo.

Panorámica de la región. Foto: Prensa Rural.

Si bien la presión militar sobre la zona ha disminuido en las últimas semanas, se denuncia que continúan las infracciones al DIH por parte de las tropas del Ejército Nacional, mediante la instalación de bases militares en predios campesinos, y la puesta en riesgo de los bienes civiles, como en la vereda Argentina Hermosas, donde fue instalada una base militar en el cerro Babilonia, muy cercana a las viviendas de los campesinos. Allí, en maniobras militares, un proyectil impactó la escuela, justo en el cuarto donde habitan los profesores, afortunadamente sin causar víctimas.

Los impactos ambientales de la militarización también son reportados por el Observatorio. Se denunció el arrojo de basuras por parte de las tropas y el daño de los cultivos campesinos por el paso de las patrullas militares. Igualmente, la región se ve afectada por las consecuencias de los trastornos climáticos globales, al presentarse avalanchas por las fuertes lluvias durante el invierno.

Otra problemática de la región es la especulación con la compra de tierras a raíz de la construcción de la hidroeléctrica, ya que en algunas comunidades, funcionarios del proyecto han convencido a varios campesinos a vender sus tierras, imponiendo al antojo de la empresa las condiciones de venta. De este modo, algunos labriegos han firmado escrituras sin haber recibido el pago correspondiente. En este sentido, el Observatorio plantea una firme labor para que se dé cumplimiento a los pactos de convivencia acordados entre la empresa y las comunidades.