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Notas de Buhardilla
Los falsos positivos de la Procuraduría
Ramiro Bejarano Guzmán / Domingo 30 de marzo de 2014
 

Siendo alcalde de Medellín, Alonso Salazar sostuvo un agrio enfrentamiento con un candidato a sucederlo, por cuenta del cual hizo comentarios en Twitter y entregó declaraciones y fotografías al diario El Colombiano que dejaban al descubierto apoyos no ortodoxos que estaba recibiendo ese aspirante a la Alcaldía.

Tales declaraciones y reacciones de Salazar fueron la respuesta legítima de un funcionario atacado injustamente por un político en trance de ser elegido alcalde. Aunque Salazar jamás pidió votar a favor o en contra de nadie en particular, a la Procuraduría y a los esbirros de Ordóñez les pareció que el alcalde había incurrido en falta gravísima por intervención en política y lo destituyeron fulminantemente en un proceso verbal, inhabilitándolo para ejercer cargos públicos por 12 años.

Dos años después de esa destitución, que por supuesto causó daños a Salazar, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, declaró la nulidad de lo decidido por la Procuraduría. No se trató de una ilegalidad decretada por detalles menores, sino por motivos que hablan muy mal de la Procuraduría y que a muchos nos confirmó que a Salazar no lo destituyeron por intervenir en política.

En efecto, el Consejo de Estado consideró que la decisión de la Procuraduría estuvo falsamente motivada tanto desde el punto de vista jurídico como por indebida valoración y calificación de las pruebas y, como si fuera poco, que la sanción impuesta fue desproporcionada. Dicho en términos más sencillos: cuando un funcionario toma una decisión invocando falsas motivaciones, es porque deliberadamente ha mentido y prevaricado.

¿Cómo puede ser posible que donde la Procuraduría encontró a Salazar responsable de falta gravísima, el Consejo de Estado apenas vio una falta leve culposa? ¿Cómo puede ocurrir que a la Procuraduría le parezca que Salazar intervino en política, mientras el Consejo de Estado concluyó que no? ¿Cómo, a los ojos del Consejo de Estado, Salazar fue apenas imprudente, y a los del procurador, un violador de la ley? ¿Cómo puede ocurrir que mientras Ordóñez consideró que había que destituir a Salazar y privarlo de sus derechos políticos durante 12 años, el Consejo de Estado concluyó que apenas merecía una amonestación para que no volviera a hacer declaraciones similares?

La respuesta es obvia. A Salazar no lo destituyeron por intervenir en política, sino porque como alcalde apoyó la Clínica de la Mujer, que a los ojos del retardatario procurador es una fábrica de abortos, sin ser ello cierto. Las evidencias de ese proceder son archiconocidas, pues la delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, otra fanática al servicio de las pasiones religiosas de su jefe y las suyas propias, no ahorró esfuerzo para torpedear e incomodar la única clínica para la mujer que funcionaba bien en Colombia.

Si la densa sentencia del Consejo de Estado hubiese ahondado en establecer cuáles fueron las reales motivaciones para destituir a Salazar, seguramente habría encontrado que la Procuraduría diseñó primero un conjunto de hostilidades para impedir que la Clínica de la Mujer en Medellín cumpliera su papel reparador y protector de mujeres desvalidas, al extremo que marchitó esa institución, y luego cobró venganza del alcalde que osó desafiar el inmenso poder de los rezanderos que sancionan e inhabilitan de por vida a quienes no se pliegan a su fe intolerante.

En buen romance, lo que se decidió al tumbar esta aberrante destitución de Salazar es lo más parecido a concluir que prevaricaron el jefe del ministerio público y su banda. Esa es la Procuraduría a la que nadie respeta pero que todo el mundo le teme, porque es capaz de cualquier cosa para cumplirle a la fe ultracatólica y a los delirios de un procurador indecente, que ahora pretende minimizar su imborrable falta alegando que la revocatoria de su arbitrariedad con el exalcalde de Medellín son simples gajes del oficio. ¡Qué cinismo!

Adenda. Ciudad Panamá está a punto de inaugurar el metro, mientras en Bogotá seguimos amarrados al desastre del Transmilenio.

*Tomado de El Espectador