Están molestos, y con razón, los pueblos indígenas que habitan la zona, al no ser tenidos en cuenta en la consolidación de proyectos que van a afectar directamente a sus comunidades.

Sin embargo, no es justo que se borre de un tutelazo todo el esfuerzo colectivo de la organización agraria en Colombia que durante años viene trabajando en procesos de consolidación de Zonas de Reserva Campesina a lo largo y ancho del territorio nacional.

En cualquier caso, el planteamiento debe ir más allá de una pelea jurídica entre indígenas y campesinos en busca de cierta consolidación territorial. No cabe duda de que estas comunidades han sufrido el despojo sistemático de sus territorios y el desarrollo de la Ley 160 de 1994 contempla el acceso a la tierra como un derecho para las comunidades campesinas. En este contexto, derogar las Zonas de Reserva Campesina sería como arrebatarles ese derecho adquirido.

Alguien se preguntará, y con razón: ¿por qué la demanda sobre la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo se hizo ahora que el proceso anda a toda marcha y no antes? Este planteamiento puede generar suspicacias. Las demandas del pueblo Motilón Barí son válidas. No cabe duda. Como también lo son las apuestas por una seguridad jurídica de los territorios campesinos. Por ello es indispensable, eso sí, mantener las puertas abiertas al diálogo; no solo en La Habana sino también entre las comunidades indígenas y campesinas afectadas en cualquier región en donde surjan diferencias.

Es más fácil para los detractores de las reservas campesinas dividir a las comunidades rurales con tal de que sirvan sus intereses particulares. Estas fuerzas incluyen al narcotráfico que por décadas ha permeado la región y la ha sumido en una profunda crisis social y económica. No obstante, con reserva o sin esta, sin un plan claro de inversión y presencia estatal, y no solo militar, los habitantes del Catatumbo seguirán viviendo en la marginalidad independientemente de lo que pase en la Habana.

¿Pierde en esta discusión el sector rural en su conjunto? Pero por supuesto. Y no solo ellos, sino todos los colombianos que claman por un espacio para ser escuchados por el gobierno central para que los eventuales acuerdos de paz no queden solo en el papel. La constitución de Zonas de Reserva Campesina fue un avance importante para la inclusión social del campesinado colombiano, como lo fueron en los noventas las legislaciones que permitieron la protección del territorio, identidad y autonomía de las comunidades negras e indígenas en Colombia.

Incluso, y no sería descabellado, extender la figura y pensar en nuevas Zonas de Reserva Campesina en terrenos fértiles incautados a las mafias en donde el acceso a servicios públicos y sociales sería mucho más fácil de solucionar.

Por ello, su continuidad no debe quedar en manos de los negociadores en La Habana, y mucho menos en una decisión tomada por un grupo de juristas. Si tanto comunidades indígenas como campesinas se enfocan en unir fuerzas contra sus enemigos comunes, los despojadores, se puede generar un consenso para que surja un acuerdo territorial en el que las dos partes salgan finalmente beneficiadas.

* Tomado de El Espectador