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Ley de Víctimas… del dolor e impunidad a la incertidumbre
Dos años de la Ley de Víctimas 1448. Esta es la mirada desde las víctimas de la violencia. Un contexto falso, engañoso, desproporcionado de una estrategia de mendicidad de Juan Manuel Santos.
 

Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja.

La Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio (Asorvimm), es una organización que hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y busca la verdad, la justicia, la reparación integral, así como la no repetición de los crímenes de lesa humanidad que se han presentado en un modelo estatal de “seguridad democrática” o terrorismo de Estado. Asorvim busca fortalecer la organización de las víctimas y dignificar sus nombres, recuperar la memoria y sobre todo rechazar la impunidad.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) fue creada en 1987 como un instrumento de sensibilización y apertura de espacios sociales para el trabajo humanitario y para la defensa de los derechos humanos de los pobladores de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Foto: Gert Steenssens / EsperanzaProxima.net via photopin cc

Han transcurrido treinta y cuatro meses desde que se formuló la ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Reparación y Restitución de las Víctimas, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012.

A partir de la promulgación de la Ley de Reparación y Restitución de las Víctimas, y del inicio de unos diálogos para poner fin al conflicto armado entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, las víctimas del conflicto armado interno en Colombia hemos sembrado muchas esperanzas y expectativas, en especial en el proceso de reparación y restitución de tierras y la construcción de la paz.

Pero, en el transcurso del tiempo de la aplicación de la Ley de Víctimas, nuestros sueños, ilusiones y esperanzas se han ido desvaneciendo, porque al mismo que se promulga la ley y arranca el proceso de diálogo con las FARC-EP, el gobierno de Juan Manuel Santos, de manera silenciosa, fue desarrollando con su mayoría parlamentaria en el Congreso de la República una agenda legislativa contraria a los intereses populares y, en todo caso, al servicio de mezquinos, vendepatria y de intereses económicos no propiamente nacionales. A esto se agrega la firma del tratado del libre comercio con Israel.

La tal agenda legislativa colmada de normas orientadas a restringir el marco de los derechos para perpetuar la impunidad, favorecer la inversión extranjera y aumentar los impactos de la crisis económica a los sectores menos favorecidos, todo esto ha ido agotando las ilusiones y esperanzas de las víctimas, hechos que demuestran que la restitución de tierras despojadas y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado son todavía tareas muy lejanas.

En los últimos meses han aumentado en el país las dinámicas de movilización social y popular, la mayoría de las cuales se caracterizan por la búsqueda de la justicia, el reclamo y exigencia de sus derechos.

En las movilizaciones y luchas participan diversas comunidades, en especial las vinculadas a la producción agrícola, quienes luchan porque se mejoren las condiciones de la producción agropecuaria afectada por la firma de tratados de libre comercio, la escasa inversión de recursos, la falta de vías de transporte, la falta de salud, educación, servicios públicos y políticas que promuevan el desarrollo campesino y rural, con los cuales ha resultado gravemente afectado el campo colombiano.

A estas movilizaciones se han sumado diversas comunidades y sectores sociales, que reaccionaron para enfrentar una aguda crisis social y económica, ante lo cual el gobierno ha demostrado su verdadero talante represivo y su decisión de criminalizar, estigmatizar y reprimir violentamente las luchas de los campesinos, víctimas y sectores pobres, dando rienda suelta a la desbordada actitud de la Fuerza Pública, lo que se tradujo en el asesinato de más de diez manifestantes, decenas de heridos, y muchos manifestantes judicializados en una clara aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana como principal instrumento institucional para cerrar el paso al ejercicio del libre derecho a la protesta social.

Durante este mismo periodo es preocupante para las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos cómo la grave crisis humanitaria que ha vivido el país durante las últimas décadas no tiende a mejorar, sino por el contrario se agudiza e incrementa. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos los asesinatos a sindicalistas y amenazas a defensores de derechos humanos han aumentado: de acuerdo a los informes de la organizaciones como el programa Somos Defensores, las cifras indican que tan solo en el primer semestre de 2013 fueron asesinados 37 defensores de los derechos humanos.

Asimismo las ejecuciones extrajudiciales en el 2014 se han incrementado en la región del Magdalena Medio, como el caso del señor Severo en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

También es grave la situación de las organizaciones, comunidades y lideres vinculados a procesos de restitución de tierras durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos.

En este periodo han sido asesinados 32 reclamantes de tierras, y han surgido por doquier ejércitos antirrestitución, demostrando que la ley 1448 no se aplica para favorecer los derechos de los víctimas y sigue invisibilizando la injusticia y el drama de las víctimas. El Estado no cumple con su obligación de respeto, garantía de los derechos ni con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. En Colombia y el Magdalena Medio sigue en aumento la impunidad.

Todo esta situación se da en medio de una política de invisibilización de la problemática, de lento avance en la investigaciones y, en la mayoría de los casos, de la más completa impunidad.

Ley de Víctimas: dos años después todavía no son realidad la reparación ni la restitución

En términos generales, y de acuerdo al informe presentado por los órganos de control del pasado mes de agosto ante el Congreso de la República, en su segundo informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas, ésta ha avanzado muy lentamente y en numerosos casos muchos de los programas determinantes tanto para la atención, reparación y restitución se encuentran aún en fase de prueba o diseño.

Una percepción igual tienen muchas organizaciones de víctimas y en general las víctimas que buscan orientación y atención en los centros establecidos para brindarla no la encuentran de manera efectiva, y por el contrario, en muchos casos, lo que se obtiene es desorientación, la ley “… Conserva el enfoque asistencialista y la reparación todavía está lejos de ser una realidad para la mayor parte de las víctimas”.

Aunque habíamos señalado en el pasado que la ley ciertamente significa un avance importante en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, hoy, después de su aprobación y sanción presidencial, tenemos que decir que el gobierno está satisfecho con la aprobación de la ley, la elaboración de algunos decretos reglamentarios y el nombramiento de una gigantesca planta de personal, no siempre el más idóneo para la atención adecuada y digna a las víctimas.

Situación que preocupa a las organizaciones de población desplazada y de víctimas en general, cómo durante estos dos años de implementación la ley de víctimas han sido muchos anuncios y pocas transformaciones reales en la política de atención, restablecimiento y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Palabras de Santos, hasta la fecha “llevamos 317 mil víctimas reparadas a un costo cercano a los dos billones de pesos”. “Y esto significa que vamos a cumplir nuestra meta; la meta que nos habíamos puesto para cuatro años era de 385 mil víctimas reparadas”. “Más de 2 millones 200 mil víctimas hoy están afiliadas al sistema de salud. Un millón de víctimas tiene acceso a la educación. Lo que significa que el gobierno sigue entendiendo, asistencialismo, como reparación..." [1]

Barrancabermeja, según las proyecciones del DANE para el 2014, tiene 191.764 habitantes, de los cuales la población víctima es cercana al 95% entre víctimas directas e indirectas, y observamos que en la planificación del presupuesto del municipio la población víctima no es atendida de manera prioritaria como lo establece la ley. Con preocupación vemos la disminución de recursos y las posibilidades de la reparación integral y de que se garantice por parte del Estado la reparación integral de las víctimas, en la que está incluida la no repetición.

Los asuntos preocupantes para las víctimas del conflicto armado en la aplicación de la ley son:

No contar con el registro único: A la fecha, preocupa particularmente que no se haya creado el Registro Único de Víctimas. La ley había fijado como plazo para hacerlo el 10 de junio de 2012. A esto se agrega que hay restricción por parte de la institucionalidad para la participación efectiva de las víctimas en algunos municipios del Magdalena Medio, manipulan e imponen propuestas a las víctimas por parte de la institucionalidad del Estado; en las mesas de participación no hay garantías efectivas para la participación. El decir de los funcionarios es “las órdenes vienen de arriba”.

Pero, en cambio, sí se les ha negado el derecho al registro a muchas víctimas del conflicto social y armado.

La reparación como tal es un engaño a las víctimas por cuanto no se implementa en proporción al daño causado, las víctimas para acceder a sus derechos son sometidas a competir entre ellas y a largas filas, cuando por el hecho de ser víctimas de la violencia producida por el Estado debe ser ocasión de una atención y protección especial.

La exclusión de la inscripción al registro único de víctimas por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado lleva a la doble revictimización de la población víctima. La negación de la inscripción al registro único es frecuente y con argumentos que no corresponden a la realidad del conflicto armado colombiano.

La negación de la calidad de víctimas por parte de los peritos evaluadores por parte del Estado no tiene fundamentos, porque la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el asesinato, son violaciones a los derechos humanos, suficientes para demostrar que se es víctima del conflicto armado.

La imposición del Día Nacional de las Víctimas por parte del gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos, cuando el día escogido por las víctimas a nivel nacional fue el 6 de marzo, proclamado como nuestro Día Nacional de las Víctimas.

La ley 1448 en su mandato afirma que la participación de las víctimas es sin intermediarios, lo cual es una farsa. Las víctimas no tenemos participación directa. La ley sólo ha servido para la creación e implementación de diversos operadores y organizaciones paralelas para impedir y manipular la verdadera participación de las organizaciones y las víctimas, negando el acceso a los derechos e impidiendo que los recursos asignados lleguen directamente al resarcimiento de los derechos. Los recursos son escasos y se quedan en grandes proporciones entre los operadores.

Además, las instancias de participación establecidas están constituidas la mayoría por funcionarios del Estado sin equidad en el número de participación de víctimas. Ejemplo: en los Comités de Justicia Transicional, lo integran 14 miembros decisorios y sólo dos son en representación de las víctimas.

Las víctimas nos hemos convertido en mercancías de los funcionarios públicos en cabeza de los gobernantes, personeros y alcaldías, haciendo a un lado a las verdaderas víctimas, convirtiéndonos en mendigos donde no se respetan ni se cumplen las garantías ni el goce efectivo de sus derechos.

También, la ley 1448 establece en su marco normativo el protocolo de atención integral en salud a las víctimas con enfoque diferencial y psicosocial, el cual no se cumple en ninguna de las instancias encargadas de la atención y prevención de la salud, aumentando el carrusel de la muerte y negando el acceso al derecho a la salud y las oportunidades de calidad de vida de las mismas.

La implementación de la ley 1448 ha apuntado a la desarticulación y exterminio de los procesos organizativos de las verdaderas víctimas, poniéndonos a competir para la participación en las mesas de justicia transicional para ser escuchados o incidir en las políticas públicas de víctimas.

La ley 1448 es una ley excluyente que vulnera nuestros derechos y pisotea la dignidad y moral de las verdaderas comunidades victimizadas, por lo que exigimos la derogación de esa ley y tomar en cuenta las propuestas formuladas por la población victimizada y sus procesos organizativos.

En los planes de desarrollo municipal se contemplan presupuestos para la vivienda a población víctima. Sin embargo, los procesos organizativos y las víctimas no tienen decisión sobre los criterios de priorización, selección y asignación de los recursos y de los planes de vivienda establecidos, negando también el derecho a la vivienda digna.

Muchas de las víctimas tienen una carta cheque pero no existe realmente la vivienda, pero sí el gobierno lo registra como víctimas que ya están gozando del derecho a la vivienda, aumentando las cifras de personas con restitución de derechos, lo cual en la práctica es falso. Desde nuestra percepción es una maquillaje a las cifras para quedar bien sin garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda.

9 de abril de 2014

[1Discurso de Juan Manuel Santos SNARIV 30 septiembre de 2013