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Tribunal Permanente de los Pueblos
Condenados gobierno y transnacionales en Colombia
Camilo Raigozo / Miércoles 30 de julio de 2008
 
El Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (iz), quien presidió la última audiencia del TPP, y Gianni Tognoni en rueda de prensa. Foto C. Raigozo.

Desde el año 2005, cuando el TPP aceptó la acusación formulada por un nutrido grupo de asociaciones civiles, se desarrollaron, hasta la fecha, seis audiencias temáticas, las cuales se iniciaron con la transnacional suiza Nestlé, en Berna, Suiza, en octubre del 2005; las transnacionales agroalimentarias, realizada en Bogotá el 1 y 2 de abril de 2006; transnacionales mineras, en Medellín, el 10 y 11 de noviembre de 2006; transnacionales que afectan la biodiversidad, realizada en la cuenca del río Cacarica en el Bajo Atrato chocoano, el 25 y 26 de febrero de 2007; transnacionales petroleras, realizada en Bogotá, del 3 al 5 de agosto de 2007; de servicios públicos realizada el 7 y 8 de abril de 2008 en Bogotá y la más reciente, pueblos indígenas, realizada los pasados 18 y 19 de julio en Atánquez, Sierra Nevada de Santa Marta.

En el veredicto final emitido el pasado 23 de julio en Bogotá por el TPP, fueron hallados culpables el gobierno de Álvaro Uribe y 43 empresas transnacionales, por la comisión de múltiples delitos violatorios a los derechos humanos fundamentales de la población colombiana, profiriendo condena ética y moral en su contra.

El proceso condenatorio estuvo a cargo de 12 jueces de la más alta reputación en el mundo, entre los que se encontraba el Premio Nóbel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, quién le comentó a Voz que, “si bien es cierto que las condenas emitidas por este tribunal no contienen consecuencias jurídicas de obligatorio cumplimiento, estas deben ser bien tenidas en cuenta por los implicados, ya que emanan de un tribunal ético que goza de una relevante influencia a nivel internacional”.

Los delitos cometidos

Entre otros delitos por los que fueron condenadas las transnacionales están: la violación del derecho laboral; violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales de los pobladores; transgresión de los derechos de las comunidades indígenas y la utilización de grupos paramilitares en el aniquilamiento y desplazamiento forzado de extensas zonas poblacionales.

En la sesión que el TPP realizó el pasado 19 de julio en Atánquez, Sierra Nevada, se comprobó que al menos 18 pueblos indígenas colombianos están siendo aniquilados sistemáticamente y sus territorios controlados por paramilitares, megaproyectos y empresas transnacionales.

Por su parte, el gobierno colombiano fue condenado por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas en sus peculiaridades de matanzas, desplazamientos forzados, lesiones graves a la integridad física y mental y sometimiento intencional a condiciones de existencia que llevan a la destrucción física total o parcial de comunidades enteras.

“Los gobiernos que permiten y facilitan estos tipos de violaciones por parte de las empresas, deben recibir el repudio del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero también de todos los seres humanos existentes sobre la tierra”, dijo al respecto el juez italiano Gianni Tognoni.

También fueron condenados en el dictamen, por sus políticas neoliberales que someten a extensas poblaciones al hambre, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, así como los organismos internacionales que dificultan la exigencia de responsabilidades desde el derecho internacional a las multinacionales.