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Luchas por el derecho a tener derechos
El pasado año las movilizaciones sociales en protesta por las consecuencias del modelo económico llegaron a su punto más alto en las últimas décadas. Paros nacionales en defensa del sector agrario y contra la gran minería recibieron apoyo de sectores urbanos. En las ciudades también hubo protestas
Juan Carlos Hurtado Fonseca / Martes 6 de mayo de 2014
 

En Colombia se registraron 1.027 protestas durante el año 2013, la mayor cantidad desde 1975, informó el Centro de Investigaciones y Educación Popular / Programa Para la Paz, Cinep/PPP. El informe fue presentado a la prensa el pasado 24 de abril en la sede de esa organización en Bogotá.

El Centro de Investigación resalta tres líneas para entender la conflictividad social: la disputa del modelo económico aperturista y extractivista, el rechazo al manejo estatal de los conflictos sociales, y los aspectos culturales y políticos implícitos en ellos. El pasado año se organizaron manifestaciones y confrontaciones para exigir “el derecho a tener derechos”, a lo que el gobierno respondió estigmatizando, reprimiendo. Finalmente fue obligado a dialogar para intentar dar soluciones pero sin tocar el modelo económico impuesto. Muchas de las acciones que se hicieron contra el gobierno y el sector privado se llevaron a cabo para exigir el cumplimiento de acuerdos firmados anteriormente.

Según los investigadores, el impacto de los paros fue tan grande que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, consideró que “2013 fue un año para olvidar en materia de protestas sociales en Colombia, pues cubrió los importantes sectores del agro, transporte, minería, justicia y educación (cuyos) costos económicos se acercaron a $1,8 billones (0,4% del PIB anual), mientras los costos más gravosos, los institucionales, resultaron incalculables”.

Modalidades de protesta, 2013
Motivos de las luchas sociales, 2013

Temas y actores

El paro como mecanismo de protesta y presión solo fue utilizado en el 10 por ciento de las manifestaciones, pero con gran importancia por su cobertura geográfica, peticiones y duración, a tal punto que pusieron en entredicho la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos.

Las luchas agrarias estuvieron entre las protagonistas de las protestas. Las movilizaciones por reivindicaciones de los cafeteros inconformes con la gestión de la Federación Nacional de Cafeteros y afectados por la caída interna en el precio del grano se repitieron en cacaoteros, arroceros, algodoneros, maiceros, lecheros, paperos y ganaderos en diferentes departamentos del país.

Sus peticiones exigían en la reducción de los costos de producción, el control en la entrada de alimentos de otros países como consecuencia de los TLC y por contrabando, ayudas para el pago de sus deudas, y en algunos casos, vías de acceso para el transporte de sus productos, entre otros. La nota particular que demostró la solidaridad con las exigencias del agro se dio en las grandes ciudades, donde se realizaron marchas y cacerolazos para apoyar las peticiones, y rechazar la negativa del gobierno a dar soluciones y la represión policial con que se enfrentó a los manifestantes.

Por otra parte, durante 52 días con bloqueos de los campesinos del Catatumbo, solicitaron planes concertados para la erradicación de cultivos de uso ilícito y la conformación de una zona de reserva campesina, como lo estipula la ley 160 de 1994. Además, reclamaban por el incumplimiento de los acuerdos y la inversión en infraestructura, principalmente en vías.

Locomotora minera

La resistencia a los planes gubernamentales de usar la gran minería como una de las locomotoras que jalonará la economía creció en la medida que se excluyen pequeños mineros y se desarrolla causando grandes daños al medio ambiente. Las comunidades han visto que se da preferencia a las multinacionales. Fueron peleas en defensa de los páramos, el agua y el territorio.

Uno de los hitos del pasado año fue la consulta popular en Piedras, Tolima, donde la comunidad le dijo “NO” al propósito de la multinacional AngloGold Ashanti de extraer oro de la mina La Colosa de Cajamarca. El resultado generó una contradicción entre el gobierno municipal y el nacional que no acepta el resultado argumentando que se causarán daños económicos al país y que el subsuelo es del Estado.

En el departamento de Boyacá la comunidad de Tasco salió en defensa del páramo de Pisba, alzando un campamento para evitar la entrada de maquinaria pesada de la empresa Hunza Coal.

Asimismo, comunidades étnicas como las zenú, aledañas a las minas de Cerro Matoso, impidieron el acceso de los trabajadores a la empresa para protestar por los daños ambientales y afectaciones a la salud, entre otras secuelas. Indígenas sikuani de Alto Unuma y El Tigre en Puerto Gaitán, Meta, se movilizaron hasta el complejo petrolero de la multinacional Pacific Rubiales para que la empresa cumpla los acuerdos del año 2010 en los que se comprometió a destinar fondos para inversión social, mejoramiento de viviendas y vías.

Es evidente que el aumento de las acciones extractivas sin control a los daños medioambientales produjo como respuesta protestas en defensa del agua. Por eso, habitantes de municipios de Tabio en Cundinamarca protestaron para que la Corporación Autónoma Regional, CAR, declarara incompatibles las actividades mineras en zonas de reserva natural. Hacían hincapié en la extracción de arcilla, gravilla y carbón en los seis nacimientos del agua que los abastece.

Pero el punto alto en cuanto a movilizaciones por el medio ambiente se dio en Santander, cuando en diversos municipios y en su capital Bucaramanga los ciudadanos realizaron cuatro grandes movilizaciones en defensa del páramo de Santurbán. Pedían la suspensión de la actividad minera de las multinacionales Leyhat y Eco Oro en ese lugar.

Más huelgas

La prelación del gobierno nacional a las empresas mineras transnacionales, en desarrollo de su política de confianza inversionista, generó respuestas de los pequeños, artesanales y ancestrales mineros. Paros en alrededor de 80 municipios del país fueron liderados por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, para que se protegiera la pequeña minería y se cumpliera lo acordado en 2011 y 2012.

De la misma manera como se respondió a otras manifestaciones, desde el gobierno los calificó de “mineros criminales” culpándolos de acabar el medio ambiente y financiar grupos armados ilegales.

La minería también produjo desacuerdos entre patronos y trabajadores. Tercerizados o vinculados directamente, los obreros de grandes mineras y petroleras fueron protagonistas de 28 manifestaciones, 15 de las cuales con huelgas. Con estas se puso en evidencia los impactos ambientales y sociales que sufren las poblaciones aledañas a las minas. Las causas fueron reivindicaciones laborales y salariales, incumplimiento patronal a las convenciones colectivas, persecución antisindical, y retención de salarios y prestaciones sociales.
Urbes activas

En las ciudades también fue cuestionado el modelo económico, con pugnas por servicios públicos, infraestructura y servicios sociales como salud y educación. En el tema de salud se realizaron cinco marchas nacionales de “batas blancas” en las que usuarios, médicos, trabajadores y estudiantes de medicina pidieron consagrar la salud como derecho fundamental y el desmonte del actual sistema creado con la ley 100.

Así mismo, estudiantes universitarios agremiados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, protagonizaron plantones, toma de entidades públicas y “desnudatones” en la búsqueda de una ley alternativa de educación. Los aprendices del SENA se movilizaron en defensa de su institución y educación gratuita y de calidad. Se vieron afectados por la reforma tributaria del actual gobierno que les cortó los aportes parafiscales.

Luego de años de peleas, las 100 mil madres comunitarias, con dos paros más, lograron ser reconocidas como trabajadoras del Estado con todas las prestaciones a partir de enero de 2014.

Los movimientos sociales también se manifestaron en apoyo a los diálogos de La Habana entre las FARC y el gobierno nacional, aunque aseguran que no se sienten representados por ninguno de los dos y exigen participación directa de la sociedad en esas conversaciones.

Los investigadores del CINEP concluyen: “La profundización del modelo económico caracterizado como aperturista y extractivista articula muchas luchas recientes. Los paros agrarios se enfrentaron a lo que consideraban efector negativos del modelo económico en sus actividades productivas. En algunos casos se rechazó explícitamente los TLC, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea, argumentando que favorecerían la entrada de productos externos a bajos precios lo que contrastaba con el alto costo de los insumos y del transporte, algo que no siempre se deriva de los TLC, que de hecho están entrando en vigencia lentamente y sin que se produzca una súbita liberación total de importaciones”.

“En todo caso, los productores agrarios y transportadores sienten que el modelo económico implementado en el país desde los años 90 no los favorece. Lo novedoso de la actual coyuntura social es que la apertura económica está afectando a campesinos medios y ricos, como los paperos, cebolleros y lecheros del altiplano cundiboyacense, quienes no se habían movilizado en el pasado y lo hicieron en agosto hasta sitiar a Bogotá”.

La exigencia del derecho a tener derechos es lo que está en juego en la movilización social, mientras el gobierno no permite que se modifique el modelo económico. La balanza se inclinará en favor de los excluidos en la medida que aumente la presión por medios institucionales, lo que implica la construcción de una nueva ciudadanía que se vislumbró en muchas de las protestas del pasado año: “Estos movimientos comienzan a prefigurar un país que quiere sacudir unas condiciones atrasadas e inhumanas de reproducción del sistema político”, asegura Medófilo Medina.