En Colombia, la campaña electoral para la Presidencia de la República ha develado, parcialmente, la forma de hacer política empleada por los grupos gobernantes en los últimos quince años. El espionaje ilegal a los adversarios políticos, las mentiras sistemáticas para disfrazar delitos evidentes, la financiación de actividades partidistas con dineros de proveniencia oscura o el denuesto de aliados que en el pasado eran ensalzados, son solo pequeñas muestras de cómo ha sido dirigido el país desde que se impuso la consigna de la seguridad democrática.

Bajo el mando de Álvaro Uribe, los candidatos Oscar Iván Zuluaga, Martha Lucía Ramírez y Juan Manuel Santos condujeron a la sociedad colombiana por el camino de la corrupción, la parapolítica, las ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente llamadas falsos positivos, la estigmatización o persecución de los opositores políticos o los líderes sociales, o la sórdida negociación con los grupos paramilitares, la cual empezó con un proyecto de ley de alternatividad penal, destinado a garantizar la impunidad generalizada de sus comandantes. La responsabilidad política por estas y otras acciones, totalmente alejadas de las virtudes republicanas que predican o de cualquier ética ciudadana, parece refundida en la realidad virtual que ayudaron a crear como un ejercicio de amnesia colectiva, con la complicidad de los principales medios de comunicación, mediante la redundancia informativa.

No obstante, sus actos de gobierno, anteriores, concomitantes y posteriores a la hegemonía uribista, tuvieron repercusiones más allá del mundo de la política. Como efecto de los programas sociales y económicos que impulsaron o apoyaron, la enorme desigualdad social siguió en aumento, la economía campesina, indispensable para garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias de la población colombiana, amenaza con desaparecer, los ecosistemas y el medio ambiente están siendo devastados con megaproyectos minero-energéticos o monocultivos como el de la palma aceitera, la dependencia económica se ha incrementado debido a la firma de tratados de libre comercio que, fundamentalmente, favorecen a unas pocas élites internas, a las grandes potencias mundiales y al capital transnacional, la educación cada día es más estratificada y el sistema de salud y seguridad social ha convertido la vida y la muerte en un negocio.

Dentro de este panorama desolador, invisible para quienes aprendieron a leer con el alfabeto del crecimiento económico, es necesario recordar que, a pesar de los proyectos y las responsabilidades compartidos durante los dos periodos de la seguridad democrática, los tres candidatos se fueron distanciando políticamente en los cuatro últimos años. Juan Manuel Santos, como presidente elegido con los votos uribistas, decidió darle un viraje radical a la resolución del conflicto armado, al reconocer su existencia y abrir una nueva negociación política con las FARC, para la cual fue determinante la valoración sobre el costo político y económico de la guerra, y enfrentar el conflicto social con una mezcla inestable de concertación, represión y asistencialismo. Simultáneamente, Marta Lucía Ramírez tomó alguna distancia de las formas belicistas de hacer política, propias del expresidente Uribe, y asumió la defensa conservadora de las instituciones existentes en el país. Este viraje personal no impidió que se alejara de la nueva política de paz y se mantuviera cercana argumentativamente a las diatribas y los trinos de Uribe.

Por el contrario, Óscar Iván Zuluaga siguió fiel a los lineamientos ideológicos de su jefe político dentro del Puro Centro Democrático, mampara tras la que se camufla la pura y extrema derecha antidemocrática. Forjó su candidatura a la sombra del caudillo, como si fuera un aspirante a la vicepresidencia, al tiempo que Carlos Holmes Trujillo, de muy poca remembranza, se desdibujaba como un simple reflejo de utilería. Zuluaga creció como aspirante a la presidencia con el mismo discurso belicista, sectario y patriotero con el que Uribe fue elegido nuevo senador. promete, además, resolver con pócimas mágicas los entuertos que ellos mismos ayudaron a crear.

El distanciamiento político entre Santos, Ramírez y Zuluaga, por la lejanía o cercanía a Uribe, no implicó que abandonaran el programa económico y social que había sido concebido en el expósito Partido de la U. Los tres pretenden seguir profundizándolo en un nuevo período presidencial. Al igual que Enrique Peñalosa, quien, en medio de las ambigüedades que lo han caracterizado, intenta convertirse en una alternativa apolítica con una insípida propuesta tecnocrática, apoyada sobre fórmulas vacías, debido a su poca credibilidad personal y a sus reflexiones públicas inconsistentes, al menos hasta que sus asesores tomaron el control de sus libretos. Su llamado a la transparencia, en medio de una campaña donde la basura producida en la misma cocina, por J.J. Rendón y los hackers de turno, es disparada desde las toldas santistas y uribistas, es un velo que no oculta sus coqueteos pasados con el adalid de la guerra a ultranza.

Clara López y Aída Avella cargan con el lastre representado por las equivocaciones reiteradas del Polo Democrático Alternativo. Un movimiento que sufrió en pocos años la deserción o la purga de muchos de sus principales dirigentes y grupos políticos, y sacrificó a parte de sus bases sociales, reales y potenciales, en función de la contabilidad electoral y de llevar a la Alcaldía de Bogotá a un personaje totalmente ajeno a sus ideales políticos como Samuel Moreno. Por tales motivos, las dos candidatas enfrentan serias dificultades para ampliar el reconocimiento y el apoyo social más allá de un porcentaje de votantes disciplinado y cautivo. Peor todavía cuando la izquierda en general es infamada, en forma permanente e injusta, por los crímenes y los errores de las guerrillas. Sin embargo, las faltas del Polo son veniales frente a los pecados mortales de los sectores políticos derivados de los dos partidos tradicionales.

El programa de gobierno de Clara López, a contracorriente de los demás, es el único que busca democratizar social, política y económicamente una sociedad estructurada alrededor de un sistema oligárquico de poder, ampliar las libertades públicas y construir las instituciones que garanticen una igualdad de oportunidades y posiciones para todos los colombianos y las colombianas. Adicionalmente, constituye la propuesta de dos mujeres que han demostrado con su trayectoria y su vida que la ética para ellas no es un simple anzuelo destinado a pescar electores ingenuos.

Por las razones antes expuestas votaré en la primera y en la segunda vuelta, si en contra de las encuestas llegan a ella, por Clara López y Aída Avella. Si no pasan de la primera vuelta, votaré en blanco en la segunda, pues por muchos esfuerzos y cálculos pragmáticos que realicé no puedo olvidar el pasado de Juan Manuel Santos y su enorme capacidad para traicionar hasta sus propios proyectos, si lo considera necesario a fin de mantener su poder personal. Empero, invito a quienes desean que el país no siga siendo arrasado por todas las formas de violencia a convertir, desde diferentes posiciones y análisis políticos, esta triste y sucia contienda electoral en un plebiscito contra el uribismo y el horizonte de destrucción que propone para Colombia. El consenso por la paz debe construirse entre todas y todos los que no queremos más guerra, con el propósito de aislar a quienes como zopilotes se alimentan de ella.