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“Exigimos la libertad de los campesinos detenidos arbitrariamente”
 

No le tembló la mano al gobierno para disparar contra los dirigentes campesinos, obreros y populares desde la segunda mitad de los años 80, para no ir más lejos. Tampoco dudó en respaldar grupos de extrema derecha que, a la sombra de la ley, desaparecieron, torturaron, asesinaron a decenas de miles de dirigentes, siendo connivente el Estado con la creación y desarrollo de grupos paramilitares, agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los 90. Poco o nada hizo para detenerles o al menos para proteger las comunidades de la barbarie que significaron las fuerzas paramilitares a los inicios del siglo XXI.

En Colombia, cuanto más ha avanzado la lucha popular, por tierra, justicia social y paz, tanto más ha arreciado “la lluvia de plomo” contra los dirigentes, contra las organizaciones. Paralelo al asesinato, el gobierno ha establecido como política la fabricación de montajes, verdaderos “falsos positivos” judiciales, como medio para impedir la organización social y popular, atemorizar las bases, destruir familias, acallar las voces de protesta que se elevan por millares en todos los rincones de Colombia, impedir el pensamiento crítico.

A través de montajes se han perseguido los movimientos sociales y populares. Se estima que a la fecha el gobierno de Colombia ha encarcelado a 9.500 dirigentes, obreros, campesinos, luchadores sociales, artistas, escritores, profesores, sacerdotes, médicos, ingenieros, estudiantes; mujeres y hombres del pueblo cuyo único delito ha sido solidarizarse con las causas de los pobres de Colombia. 9.500 mujeres y hombres prisioneros políticos encerrados en las mazmorras de un régimen antidemocrático que niega las mínimas garantías constitucionales.

Este es el caso de los compañeros Hugo Horacio Ramírez Burgos, Félix María Campo, Enrique Moncayo, Húbert Ballesteros, detenidos a través de montajes judiciales, campesinos que pretenden, por un lado, ser convertidos en chivos expiatorios y, por otro, condenados a encarcelamiento por largas temporadas por crímenes que no cometieron. Este es el caso del compañero Hugo Horacio Ramírez Burgos, detenido en marzo de 2010. Tras un largo juicio que presentó varias irregularidades, será condenado a mediados del mes de julio, sin que exista argumento probatorio para ello.

Entre las irregularidades hechas manifiestas por el abogado defensor del compañero Hugo Ramírez se tienen: el cambio de juez cuando el proceso estaba casi a punto de finalizar; la desestimación de las pruebas aportadas por la defensa, entre ellas las declaraciones de campesinos y personalidades del municipio de Pradera que han afirmado en reiteradas oportunidades la inocencia del compañero; la primacía otorgada por el juez a declaraciones contradictorias formuladas por desmovilizados, no obstante, según sentencias de la Corte Constitucional, éstos no pueden ser tomados como pruebas veraces en un proceso judicial.

Hugo, Enrique, Húbert y Félix María, soportando las duras condiciones que se viven en las mazmorras del régimen colombiano, han mantenido su dignidad como campesinos, como hombres del pueblo, trabajadores honrados, reiterando altivamente su condición de inocencia ante los crímenes que se les imputan en los procesos judiciales que se les adelantan, pues tienen el apoyo sabio de los habitantes de Pradera, del Valle del Cauca y de Colombia entera; saben de sobra que este Estado no tiene principios morales y mucho menos éticos cuando obtiene “positivos judiciales”, aunque estos se basen en montajes, en mentiras, en falacias. Falsos positivos judiciales que no nos amilanan en la lucha. Que no nos doblegan.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) convocan a la población indígena, afrocolombiana, campesina y urbana de Pradera, del Valle del Cauca y de Colombia, a rechazar los montajes judiciales, a apoyar los procesos de movilización contra la fatídica práctica de conducir al presidio a los luchadores sociales, mujeres y hombres que hacen parte de los procesos de organización popular.

Por el cese efectivo a la persecución política contra los dirigentes sociales, obreros, campesinos, estudiantiles, sindicales y populares.

Por garantías para la libertad de organización y expresión.

Exigimos la libertad de Hugo Horacio Ramírez Burgos, Húbert de Jesús Ballesteros, Enrique Moncayo, Felix María Campo y demás prisioneros políticos que se pudren en las mazmorras del régimen.