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Audiencia sobre criminalización de la protesta y límites de la fuerza pública
 

Para el día de ayer, miércoles 9 de julio, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice, Capítulo Antioquia) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – Nodo Antioquia, convocaron a varias organizaciones y entes gubernamentales para analizar la condición de estigmatización y vulnerabilidad en que el Estado colombiano ha puesto a la manifestación social y el criminal accionar de las fuerzas del mismo en contra de la población civil. El evento tuvo lugar en el Museo Casa de la Memoria de la ciudad de Medellín y contó con la participaron de aproximadamente 120 delegados.

El evento abrió con la proyección de un video realizado en el marco del paro nacional agrominero del 2013, donde se evidencia la agresión vivida por las comunidades campesinas e indígenas en el campamento de refugio humanitario de Barbosa (Antioquia) bajo la arremetida del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y civiles, presuntos paramilitares, protegidos por este ente estatal. La Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano visibilizó también los casos vividos en los municipios de Caucasia, El Bagre y Segovia, durante las mismas jornadas de movilización.

El Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda expuso un análisis sobre la situación nacional en temas como los principales conflictos del conflicto, la constante resolución por parte de la institucionalidad siempre favoreciendo a los entes gubernamentales, empresas y multinacionales desconociendo a las afectadas por los proyectos, el carácter diferente de las diversas luchas sociales en el territorio, las protestas en rechazo explícito a políticas gubernamentales así como la política de criminalización de la protesta y la estigmatización de lideres y organizaciones sociales. El informe dejó una cifra de 660 violaciones a los derechos humanos desde las pasadas movilizaciones en el 2013 hasta la fecha.

Por parte de Agro-Descendientes se compartió la experiencia de los campesinos del Oriente Antioqueño durante el paro del año pasado, el atropello por parte del Esmad. Actualmente se están enfrentando a lo que consideran otro intento de desplazamiento desde el incremento en el avalúo catastral de los predios y terrenos.

Desde que las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango llegaron a las instalaciones de la Universidad de Antioquia en Medellín y, luego de su retorno a las comunidades, han estado denunciando la persecución de que están siendo objeto por parte de diferentes entes y organismos paras y militares así como el abandono estatal expuesta su oposición a las hidroeléctricas y la megaminería. Uno de los mas recientes casos se dio en el mes de junio cuando se dio el secuestro de Laura Elisa David de 28 años “… la comunidad decide ir en su búsqueda en horas de la noche…[y] es soltada por la alta presencia de personas buscándola”. Mayor información en “Amenazada la existencia del Movimiento Ríos Vivos Antioquia”.

Las delegadas por la Red Juvenil Feminista Antimilitarista hablaron sobre la vulneración a que están siendo sometidos los trabajadores informales a manos de los agentes de Espacio Público, el presunto vínculo de estos con los “combos” que actúan en el centro de la ciudad, así como el violento decomiso y ocasional hurto de la mercancía que le es quitada a los vendedores.

Desde el 2005 la Alcaldía de Bello (Antioquia) ha estado haciendo acuerdos con algunos de los combos del municipio para su legalización y posterior contratación por intermedio de corporaciones. Es así como por tercerización se ha consolidado por brazo represor el ente de Espacio Público. Desde el 2011 el movimiento popular de Bello se articuló y tomó fuerza. Como red de artistas y activistas populares de Bello desde el arte y la educación popular, se han dado tomas de espacios públicos con eventos culturales y se han estado fomentando procesos de educación popular.

Las amenazas, señalamientos, estigmatización y agresiones físicas cometidas por paramilitares o los agentes de Espacio Público contra artistas y espacios que facilitan o apoyan los procesos, han sido denunciados ante la Administración y la única respuesta que han recibido es que, dado el carácter contratista que tienen los agentes de Espacio Público, la Administración municipal no cuenta con mecanismos para regular su accionar. Dos jóvenes de la Red han tenido que salir de las casas de sus familias en Bello por amenazas.

En términos históricos, Fernando Quijano de Corpades afirma que las investigaciones que han realizado muestran a la actual Administración de Medellín y dirección de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra (Meval), como las que más han permitido e incurrido en la violación de derechos humanos en la ciudad. Por su parte la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Antioquia), recordó que más de tres mil activistas sindicales han sido asesinados.

De Itagüí (Antioquia) se denunció la violencia de que son víctimas las personas de la comunidad LGTBI en los espacios públicos al ser agredidos por su orientación sexual.

Para el comité José Alvear Restrepo, el frecuente cambio de gerente de las contratistas que representan a la administración ante las comunidades dificulta los diálogos de concertación en lo referente a los procesos de reubicación o reasentamiento en el marco de los proyectos de ciudad.

En varias comunas esto se ha presentado como estrategia de dilatación y, mientras, se impide que las comunidades optimicen su condición de vida, bajo amenazas de demolición o no reconocimiento económico en una eventual negociación.

Con este caso que concierne a los proyectos de delimitación del perímetro urbano de la ciudad con el área rural del Valle de Aburra y con los cuales se han presentado desalojos y desplazamientos intraurbanos donde han actuado conjuntamente Espacio Público y Esmad, se dio por terminada la intervención de los casos convocados.

Por la institucionalidad, Germán Acevedo de la Dirección de Fiscalías de Antioquia, recalcó que las denuncias del área urbana no son de su competencia. Expuso su punto de vista referente a la propiedad privada y recordó que con una solicitud o derecho de petición se puede pedir información sobre el “estado de las investigaciones” que adelanta la fiscalía, en su caso, de los municipios que no pertenezcan al área metropolitana.

Por su lado la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, en voz de Jaime Alberto Carrión, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció en el espacio que “la naturaleza de la actual Administración es totalmente represiva” e hizo hincapié en el juego de fuerzas que se presentan en las manifestaciones sociales donde hay entes que violentan y vulneran la sociedad civil pero también están quienes acompañan los espacios prestos a recordarle a las autoridades que están violando los derechos de los manifestantes.

Para el cierre de la audiencia, desde la Campaña contra la Criminalización de la Protesta, espacio que viene accionando desde hace cuatro años con movilizaciones sociales, foros y tomas culturales, se proyectó un video remembrando a la líder comunitaria Ana Fabricia Córdoba, fundadora de Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz(Latepaz) e integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Víctima por el asesinato de su esposo e hijos a manos de paramilitares en el Urabá, de allí salió desplazada.

Fue encarcelada por acusaciones sin fundamento que la privaron de la libertad por dos meses. Recibió amenazas permanentes por denunciar posibles vínculos entre la Policía y grupos ilegales. Hasta el día en que fue asesinada de un disparo, cuando se transportaba en un bus, sostuvo que los culpables de la muerte de su segundo hijo, de 19 años, eran policías. La campaña también conmemora al joven anarquista Nicolás Neira, asesinado por el Esmad.

La intervención de la campaña cerró la audiencia recordando una frase que Ana Fabricia pronunciara en varios espacios, espacios donde denunciara con la fuerza que la raza le engendrara, que también a ella la iban a matar: “La sangre derramada nos calienta más el corazón”.