Para nadie es un secreto que en el fronterizo departamento del Putumayo se cultiva coca, principalmente a causa de las difíciles condiciones económicas y sociales que afronta esa región, pero lo que sí se mantiene en secreto, es el hecho de ser uno de los departamentos donde mayores impactos genera la implementación de la “Política de Erradicación Aérea con el Herbicida glifosato - PECIG”.

Desde la semana pasada, la Policía Nacional y el Ejercito han venido realizando operaciones de aspersión en el municipio de Puerto Guzmán y el centro del departamento, lo que ha generado graves afectaciones a la salud de los pobladores asentados en dichos territorios, además de los enormes daños a los que se exponen la vegetación y el medio ambiente.

Esta situación genera enormes cuestionamientos por parte de los putumayenses a la política de paz del gobierno nacional, pues a tan solo dos meses de haber alcanzado un acuerdo con la insurgencia sobre el tema de cultivos y drogas ilícitas, Santos persiste en aplicar una política a todas luces represiva por sus impactos negativos sobre los derechos de los campesinos y del ambiente.

El panorama a futuro es poco alentador. Hoy fue anunciado por parte del Comandante de la Sexta División del ejército, el General Gabriel Pinilla Franco, un incremento de las fumigaciones aéreas con glifosato y de las erradicaciones manuales. Así mismo, señaló que éstas se ampliarán a cinco kilómetros más de la franja fronteriza con Ecuador y Perú.

Cabe anotar, que el pasado 23 de junio, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) presentó su Informe Mundial sobre Drogas 2014, en el que el Putumayo presenta un crecimiento del 25% en producción de cultivos declarados ilícitos.

Además, el citado informe hace mención al crecimiento del cultivo de coca en cercanías a la frontera con el Ecuador, área que ha sido excluida de fumigaciones gracias a un acuerdo alcanzado por el Estado de Colombia y el de ese país.

Ahora bien, pese a la veracidad o no del informe de la Undoc, la actitud y decisiones tomadas por el gobierno y las instituciones del Estado colombiano, en este caso el Ejército y la Policía, para el caso del departamento del putumayo, parecen ser respuestas a las cifras y resultados proporcionados por dicho informe.

Sin lugar a dudas, de esta situación pueden surgir numerosos análisis pero lo que está claro es que la respuesta del Estado colombiano frente al problema de las drogas y cultivos ilícitos sigue siendo la misma: la represión y la sumisión ante las decisiones tomadas en otras latitudes en contra del pueblo colombiano.

Por ahora, la población putumayense expresa su voz de protesta frente a la política de fumigaciones con glifosato, esperando que en el corto y mediano plazo, las acciones de paz del gobierno empiecen a vislumbrase y de una vez por todas cesen tanto las fumigaciones como las demás acciones de guerra que se realizan en nombre de la “seguridad nacional”.