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Comunicado presentado a la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en San Onofre
"Ya nada detendrá la avalancha justiciera"
 

Espacio de solidaridad con las comunidades campesinas de la región de Montes de María, (Bolívar y Sucre, en la Costa Atlántica colombiana), integrado por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Se conformó a mediados del año 2006 con el objetivo de preparar y realizar la segunda visita humanitaria a los Montes de María, adelantada del 21 al 26 de julio.

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La Mesa de Seguimiento y Acompañamiento a las Comunidades de los Montes de María, nacida de la misión humanitaria realizada a esta región en el mes de julio de 2006, se hace partícipe de la audiencia adelantada en el emblemático lugar de El Palmar.

Nuestra presencia aquí es de solidaridad con las víctimas, con esos miles que yacen bajo estas fértiles tierras trocadas en sepulcros de sus mejores hijos. Y desde luego con ustedes, sus deudos y sobrevivientes. A todos, la historia ya comienza a reivindicar cuando contra los poderes del encubrimiento y la mentira, con cada fosa descubierta afloran verdades como torpedos contra los altos poderes políticos, militares y económicos que agenciaron la infamia. Ya nada detendrá la avalancha justiciera. Son las víctimas disparando a sus victimarios ráfagas de verdad. La más letal arma para éstos. Tal la trascendencia de esta audiencia, que es además un desagravio de lo mejor del Congreso de Colombia para con el pueblo escarnecido.

Pero esta mesa que acompaña a las comunidades de los Montes de María en su resistencia, tiene que denunciar que la persecución crudamente representada en las fosas de San Onofre, no son fantasmas de un pasado superado. Hoy continúa. Sólo que ahora el estado que en el discurso y en la letra de la ley ha desmontado los grupos que a su nombre hacían un trabajo inconfesable, se ha quitado la máscara y ahora es él quien directamente ha asumido la represión. De distinta forma, justo es decirlo. Ya no se abren estas fosas, pero la fuerza pública –Infantería de Marina, Policía, Ejército- a veces autónomamente con sus “órdenes de batalla” o con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, recorre incansablemente estos montes en trance de encarcelar a cientos de pobladores cuyo delito no es otro que ser líderes de sus comunidades en la defensa legítima de sus legítimos derechos.

Ya no hay tanta angustia porque lleguen las hordas criminales con sus motosierras y garrotes a asesinar por docenas a los pobladores. Ahora la aprensión es por la tropa oficial. Extraña situación que ameritaría una buena respuesta del estado: ¿por qué la fuerza pública que copa esta región no llegó para solidarizarse con los sobrevivientes de los paramilitares sino para encarcelarlos? ¿Por qué los mira a todos como enemigos? La institución de los informantes, desecho de la real o aparente desmovilización paramilitar, es la nueva arma del estado para reprimir bajo la fachada de legalidad. Pero todos lo saben: se trata de individuos descompuestos, antisociales o simples mercenarios, que a cambio de unos pesos señalan a quienes los militares piden señalar como comandante guerrillero. Lo menos, jefe de finanzas. Lo que sigue es la captura, los malos tratos anejos a ésta y largos meses cuando no años de prisión mientras se demuestra el montaje.

Hoy es más sutil y aséptica la violación. El bloqueo alimentario, sanitario y de insumos y elementos para las faenas del campo y la vida doméstica, no por carecer de toda legalidad deja de estar a la orden del día en caminos y veredas. La exigencia de explicaciones sobre el porte de alimentos, drogas, jeringas, abonos y recipientes plásticos después de la abusiva requisa, el decomiso de lo que le parece excesivo o peligroso a los militares, o la exigencia de devolverse o de ir a sacar un permiso especial a un puesto militar, es un atropello y una conculcación de derechos constitucionales.

Y qué decir de esa forma de ocupar cascos urbanos, calles, centros de salud, escuelas, salones comunales, corredores de las casas y hasta las casas mismas con el falso expediente de que no hay sitio vedado para la fuerza pública. Esto además es una infracción al derecho internacional humanitario, como que convierte a la población en escudo humano. Están documentados casos en que esta situación genera muertos y heridos que la misma fuerza pública reconoce como “errores”.

El caso de la familia Teherán, en cuya casa en la vereda Caño Negro del municipio de Carmen de Bolívar dormían sus nueve miembros, el mayor de 84 años y el menor de 5, la madrugada del 9 de abril de 2005 cuando fue destruida con bombas y tiros de fusil por miembros de la Infantería de Marina, es paradigmático de los procedimientos militares y del trato a la población civil. Dos muertos y tres heridos graves con discapacidades permanentes, fue el resultado de este acto de barbarie que destruyó una familia cuyos sobrevivientes se vieron forzados al desplazamiento, perdiendo de contera su patrimonio y fuente de trabajo. Sin justificaciones, explicaciones, excusas ni reparación.

Un reciente atropello es el que se da cuando las patrullas militares afirman no responder por quien se movilice después de las siete de la noche. Lo menos que le ocurre a quien infrinja la arbitraria prohibición es sufrir malos tratos y quedar retenido durante la noche, o tener que patrullar con ellos. Es el toque de queda de hecho, no declarado por autoridad competente para hacerlo.

La Mesa de Seguimiento y Acompañamiento a las Comunidades de los Montes de María ha presentado ante el Fiscal General de la Nación una muy completa y documentada denuncia penal contra funcionarios judiciales, administrativos, policiales y militares con distintos niveles de responsabilidad –acción, complicidad, omisión, encubrimiento, denegación de justicia - por 75 crímenes oficiales cometidos en la región en los últimos seis años. Se solicitaba, ante lo complejo y grave del caso, la designación de una Comisión Especial de Fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, para que desde Bogotá asumiera la delicada investigación.

Con fecha 20 de noviembre de 2006 hemos recibido respuesta del fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual se deniega nuestra solicitud y dispone el envío de la denuncia a las seccionales de Cartagena y Sincelejo, precisamente denunciadas por su omisión en investigar los crímenes. Según el fiscal jefe ante la Corte, el jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos no considera pertinente asumir la investigación como se lo solicitamos, por cuanto “los casos no revisten las características de connotación, pasividad y reiteratividad” requeridos como criterios de selección.

Si hubiera una, bastaría ésta como prueba de la indolencia del estado y de su desprecio por las comunidades por él mismo victimizadas.