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¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
¿Por qué una Agenda Nacional de Derechos Humanos y DIH para los Pueblos Indígenas de Colombia?
Ponencia de Pueblos Indígenas de la ONIC en el Foro Nacional de Víctimas
Organización Nacional Indígena de Colombia / Miércoles 6 de agosto de 2014
 

Desde la primera conquista, los pueblos indígenas hemos sufrido un proceso de exterminio físico y cultural histórico que se ha recrudecido con el tiempo a pesar de sus matices y adaptación propias del contexto. Esas raíces históricas se hicieron cada vez más profundas por efecto del conflicto armado, el narcotráfico y una política de desarrollo voraz que continuamente irrespeta nuestros territorios, autonomía y cultura, los tres pilares de pervivencia e identidad de los 102 pueblos que existen en el país.

Hemos sido, por tanto, víctimas de la negación, la asimilación y la imposición de proyectos de dominación y de más de cinco décadas de confrontación armada interna, en proporción desmesurada si tenemos en cuenta que somos el 3.4% de la población. Entre 2002 y 2013, 1.644 homicidios contra mujeres y hombres indígenas y 88.505 víctimas de desplazamiento forzado fueron perpetrados, sin contar otros crímenes de guerra y lesa humanidad registrados mes a mes por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derechos Internacional Humanitario y Paz de la ONIC. De los 102 Pueblos Indígenas, 36 están en riesgo de exterminio física y cultural y 31 en proceso inminente de extinción, lo cual señala que casi el 70% de nuestras comunidades deben considerarse sujetos de especial protección internacional.
Pero no queremos hablar bajo esta exclusiva condición. Los Pueblos Indígenas somos, ante todo, sujetos políticos y desde esta dignidad colectiva planteamos las propuestas de paz que garantizan nuestros derechos fundamentales a la vida, al territorio colectivo, la autonomía, la cultura y a la defensa de la madre tierra, esta casa mayor donde vivimos todos. Los Pueblos Indígenas somos también tejedores de la paz y la reconciliación de la Nación entera, actores sociales decididos en la construcción del Estado Social de Derecho democrático, participativo, multiétnico y pluricultural que proyectamos en 1991.

Una reforma constitucional garantista no fue suficiente para vivir en paz, como lo demuestran la historia y las cifras de estas últimas décadas. Corresponde ahora a quienes hacemos parte de la sociedad civil proponer una agenda que promueva las transformaciones estructurales que cierren definitivamente o comiencen a cerrar las enormes brechas entre el derecho y la dura realidad cotidiana de inequidad, exclusión y violencia en que vivimos la mayor parte de los colombianos y colombianas.

Para los Pueblos Indígenas ”la paz no es una palabra o un discurso, sino una práctica que cotidianamente vivimos y practicamos en los territorios, en nuestros ciclos de vida y con todos aquellos con los que nos relacionamos”. Responde al país profundo que no delega vocerías en los armados de cualquiera denominación. Es integral, social, popular, étnica, de género y familia, sociopolítica, económica y ambiental.

Esta más allá de la Mesa Bilateral de La Habana, sin desestimar la importancia de que allí nuestras propuestas sean consideradas. Nuestros interlocutores son más que dos. Además del Gobierno Nacional y
las Farc – EP, nos dirigimos a los sectores populares del campo y la ciudad que aspiran a la justicia, a los grupos de poder que deben apostarle seriamente a la paz y a la comunidad internacional que seguramente apoyará la reconstrucción.

No olvidamos tampoco a los pueblos indígenas del Abya Yala, con quienes desde 1992, comenzamos a sembrar el árbol continental del Buen Vivir y la autonomía.

A este Foro traemos una Agenda Integral sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para los Pueblos Indígenas de Colombia, que habla de víctimas, pero también propone compromisos de inmediato cumplimiento para esta etapa en que lamentablemente se reeditó la fallida estrategia de “negociar en medio del conflicto”, es decir en la continuidad de la guerra, como lo hemos vivido en los últimos días. Bombardeos aéreos indiscriminados, desplazamientos masivos en nuestras comunidades, confinamiento, amenazas a nuestros líderes y lideresas, voladuras de torres eléctricas, atentados contra oleoductos y acueductos, minas antipersonas por doquier nos golpean directamente y vuelven incierta la paz y más tortuosa la reconciliación futura.

La Agenda Humanitaria de los Pueblos Indígenas no es una simple ponencia a presentar en un evento tan importante como este. Es el resultado de la sistematización de todas las acciones y pronunciamientos emprendidos por la ONIC y sus organizaciones filiales desplegadas a lo largo y ancho del país, desde la Declaración de Vitoncó en 1985 hasta la Declaración “Por una paz más allá de la negociación con los armados” en el Territorio de Convivencia y Paz de La María Piendamó en diciembre de 2012, cuando ratificamos nuestro compromiso con el nuevo proceso pero sin delegar nuestra voz y autonomía.
Esta agenda es apuesta política y ruta orientadora para las etapas de la negociación y la transición, donde los temas humanitarios afloran para ser reconocidos y solucionados, con disposición de perdón pero sin impunidad.

Nuestra tarea no acaba aquí. Construiremos, en un segundo momento, la Agenda Territorial de Paz de los Pueblos Indígenas, porque creemos en una paz estructural y duradera.

El documento que entregamos oficialmente al PNUD y al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia contiene los siguientes apartados: a) Condiciones básicas para una paz exitosa e incluyente, b) Derecho la vida e integridad de las personas y comunidades indígenas; c) Derecho a la permanencia en los territorios indígenas; d) Sobre la integridad de los territorios y bienes comunes indígenas; e) Sobre la población indígena vinculada a grupos armados; f) Derecho a la autodeterminación y el gobierno propio y g) Derecho a la verdad, la justicia y la reparación de pueblos indígenas. Cada parte tiene compromisos y sus correspondientes mecanismos de implementación y verificación, por lo que consideramos que hemos avanzado sustancialmente no solo en el qué, sino en el cómo procedimental de la paz.

Alli están nuestras propuestas sobre desmilitarización del territorio colectivo, desminado prioritario, entrega de menores reclutados, desvinculación de indígenas mayores de edad que manifiesten voluntad de retornar a las comunidades, proscripción y sanción del desplazamiento, el confinamiento y la violencia sexual y basada en género, entre mucha otras. A la Mesa de la Habana, a los dos equipos negociadores, les exigimos una Declaración pública conjunta reconociendo el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la existencia de autoridades y estructuras del gobierno comunitario en los territorios, y su compromiso de cesar prácticas de usurpación de funciones, imposición de estructuras paralelas o división de las organizaciones indígenas, que lesionan e impiden el ejercicio de nuestra autonomía y nuestros procesos comunitarios.

El tiempo es corto en un Foro Nacional con tantas y tantos participantes deseosos de ser escuchados. Por esta razón expondremos aquí solo los apartados que guardan relación directa con el tema que nos convoca:

A. CONDICIONES BÁSICAS PARA UNA PAZ EXITOSA E INCLUYENTE.

Porque no hay que esperar a que todo esté acordado en la Mesa de Diálogos de La Habana para salvar vidas, evitar ataques indiscriminados y demandar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario por las partes en conflicto, los pueblos indígenas consideran imprescindible generar las siguientes condiciones básicas de inmediato cumplimiento:

Tregua bilateral para disminuir la intensidad del conflicto, la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y crear un clima favorable a la paz mientras se adelantan las negociaciones.

Reactivación del Consejo Nacional Indígena de Paz (CONIP), como máxima instancia de incidencia e interlocución política sobre nuestras iniciativas de paz en las etapas de negociación, desmovilización y posconflicto.

Conformación de una Comisión Humanitaria Indígena Nacional y de subcomisiones regionales prioritarias para adelantar diálogos humanitarios inmediatos llegar a compromisos públicos y verificables con los actores armados sobre respeto a la vida e integridad de los pueblos indígenas. Estas comisiones deberán contar con reconocimiento del Gobierno Nacional y el acompañamiento de facilitadores, garantes y observadores nacionales e internacionales.

B. SOBRE EL DERECHO A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

1. Derecho a la verdad. Estado e Insurgencia reconocen el derecho de los pueblos indígenas al esclarecimiento de la verdad por los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos, individuales o colectivos, cometidos en el contexto del conflicto armado en los últimos cincuenta años.

Mecanismo:

Se crearán la Comisión Nacional de la Verdad para Pueblos Indígenas y el Centro Indígena para la Memoria Histórica para reconstruir la memoria histórica desde las víctimas, establecer las macrodinámicas de la violencia y formular recomendaciones para una reparación y reconciliación integrales. Estas tareas sustentarán el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Nacional de la Verdad para Pueblos Indígenas y la Comisión de Reparación y Restitución de Tierras.

2. No impunidad y no repetición. Los responsables directos e indirectos de violaciones graves a los derechos humanos de los pueblos indígenas se someterán a las normas y procedimientos que establezcan la justicia transicional, la cual coordinará sus procedimientos con la jurisdicción especial cuando losimputados sean de origen indígena. La búsqueda de perdón y beneficios judiciales obliga a la no repetición.

Mecanismo:

Protocolos de monitoreo a la aplicación de la justicia y la no impunidad en materia de crímenes graves contra pueblos indígenas, a partir de informes periódicos que los Tribunales de Justicia y Paz presenten a la Comisión Nacional Indígena de Paz, la Comisión Nacional de Reconciliación y la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Defensa rendirá cuentas sobre su implementación en casos de miembros activos de las Fuerzas Armadas que hayan cometido estos delitos o mantengan vínculos con el crimen organizado y grupos paramilitares.

3. Reparación integral transformadora. Quienes se acojan a la justicia transicional repararán simbólica y materialmente a las víctimas colectivas e individuales indígenas. El Estado buscará la transformación de las asimetrías históricas que posibilitaron la mayor vulneración física, espiritual, económica y sociocultural de las comunidades indígenas por el conflicto armado.

Mecanismos:

Planes Integrales para la Reparación Colectiva y la Restitución de Tierras a partir de los principios del Derecho Mayor de cada pueblo, el Programa Nacional de Garantías, el Decreto 4633 de 2011, y lo que para su aplicación acuerden autoridades indígenas y judiciales.

Fondo Especial para la Reparación Colectiva y la Restitución de Tierras para Pueblos Indígenas que se constituirá con bienes entregados por colaboración con la justicia y recursos públicos especiales, no asimilables a los que se destinan por el Sistema General de Participaciones o por Regalías. El Estado desarrollará el componente étnico del Registro Unico de Víctimas (RUV) y simplificará los trámites de reconocimiento e inclusión.

Planes de atención especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual y de género por actores armados, que garanticen pleno acceso a los servicios legales, sicosociales, de salud sexual reproductiva y a oportunidades educativas, productivas y laborales para una vida digna en sus comunidades. El Estado garantizará su financiamiento e incorporará a mujeres viudas, mujeres cabeza de familia, ancianos solos, discapacitados y niños huérfanos o abandonados por esta causa.

Planes Integrales de Reparación y Restauración simbólica y material de Derechos de la Madre Tierra, a la que se reconocerá como víctima en los términos establecido en el Decreto 4633 de 2011, y a la que se reparará conforme a las prácticas culturales de las comunidades indígenas. Aplica en este caso el principio de no repetición.

¡La paz es nuestro mandato de Vida!

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!

Muchas gracias