No hay duda. En todo el litoral Caribe y en La Guajira ya se siente la sequía. Lo más grave no es la presencia del Niño sino de otros factores que están agravando la muerte, sobre todo de niños y niñas. Mientras los noticieros hablan de fallecimiento de niños y niñas guajiras por desnutrición, nosotros preferimos llamarlas muertes por hambre.

Asumimos el concepto del médico Héctor Abad Gómez, destacado dirigente de los derechos humanos asesinado en Medellín, quien en una ocasión dijo "la desnutrición es un eufemismo de los expertos para no hablar de hambre. Por eso hay que llamarla como tal: todos los tipos de desnutrición, sea aguda, crónica o global, implican experiencias largas o cortas de hambre" [1].

Cada día mueren dos menores por hambre y abandono en la comunidad Mapashira de Manaure, donde está la mayor producción de sal que abastece el mercado nacional. Y en cada casa de este poblado ha muerto un habitante producto de esta situación. En el centro Hospitalario de Nuestra Señora de los Remedios, de Riohacha, en cuatro meses habían muerto 14 niños por falta de comida. La cifra es espantosa. La más afectada, en un 98% es el pueblo wayúu.

El que fue director del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Marco Aurelio Zuluaga, dijo que era mentira que en La Guajira hubiesen muerto de hambre cuatro mil niños en los últimos años. “Están haciendo un gran daño entregando cifras al garete. No hay cifras. No son cuatro mil ni tres mil los muertos, esas cifras hay que ordenarlas” [2]. Muy grave que no haya un ordenamiento ni un compilado de información, lo que dice mucho de la seriedad de una institución cuyo objetivo primordial es la atención al menor y su bienestar. Una institución así no merece seguir existiendo.

Y hay funcionarios que culpabilizan a los mismos indígenas de sus muertes. César Arizmendi, secretario de Planeación de La Guajira, sustentó que solo se registran casos de niños muertos por desnutrición a orillas de las carreteras. La explicación es que desierto adentro los indígenas no recurren a los hospitales, porque no existen o no tienen carné de una empresa prestadora de salud, o porque no tienen cómo transportarse [3].

La Defensoría del Pueblo había alertado. Un informe en el 2013 producto de una comisión encontró que, además de la falta de comida, los indígenas wayúu no tienen agua potable ni servicios de salud adecuados. Según la Defensoría se debían tomar medidas integrales para atender seguridad alimentaria de indígenas en La Guajira. Y en debate en el Congreso de la República llamado de control en el mismo año 2013 la Defensoría repitió el mismo llamamiento.

Se violan todos los derechos

No hay duda de que en La Guajira ha operado una especie de muerte anunciada donde el capitalismo necesita de las muertes y la pobreza para poder vivir, es un consumidor adicto de ellas. Y es cierto lo que dice la Defensoría que son muertes perfectamente evitables, injustificables donde el gobierno nacional es responsable por acción u omisión. La situación que vive el pueblo guajiro es de una alta violación a sus derechos a la vida, a la salud, la dignidad e integridad, los derechos de sus niños, niñas y adolescentes, a su alimentación y a su educación.

Una muestra. El desabastecimiento de agua es en todo el departamento, pero más grave en la alta y media Guajira, donde en el municipio de Uribia sólo hay una cobertura del 5,3% de acueducto y alcantarillado. Esta crisis de agua viola toda la legislación nacional y de la ONU sobre el derecho al suministro de un mínimo vital de agua, el cual ha sido ejecutado tan sólo en Bogotá de la mano de un gobierno alternativo.

Las únicas entidades que no reportan crisis de agua son las empresas transnacionales del carbón, quienes tienen el manejo exclusivo de las aguas y disponen del desvío de caños, arroyos y ríos. La empresa del Cerrejón pretende desviar el arroyo Bruno que abastece de agua al municipio de Albania y Maicao. Antes lo pretendió hacer lo mismo con el río Rancherías, derrotada en sus propósitos por la movilización del pueblo y el apoyo nacional.

La cuestión de la alimentación es grave. El Programa de Alimentación y Nutrición para La Guajira sólo funciona durante 10 meses. Pero lo que más causa indignación es la dieta alimenticia que entregan a los niños. Para un mes entregan un kilo de carne, dos panelas, un kilo de arroz, un huevo para dos niños. Y el ICBF en un programa, llamado Recuperación integral, le entrega a cada niño 500 gramos de maíz blanco, 500 gramos de queso, seis huevos, 132 gramos de leche, 180 gramos de azúcar y cuatro panes de 100 pesos. Con razón hay muerte por hambre en La Guajira con esta dieta que no es suficiente para una sana y equilibrada alimentación.

La crisis política

A todo el panorama anterior se suma una maldición más a La Guajira: la crisis política en que está sumida, saqueada por la corrupción, atrapada por los poderes mafiosos y paramilitares que se disputan el control político del departamento. Los dos grupos que se pelearon la Gobernación se acusaron unos a otros de tener nexos con bandas criminales. La pelea entre ellos viene dada por quién es más bandido y delincuente, quién roba más y quién se adueñaría más del patrimonio, quién utilizará más sicarios, más paramilitares y más fuerza pública para seguir haciendo presencia amada en toda la región y asegurar la gobernabilidad de los peculados, los negociados y las puertas abiertas a las transnacionales y a todo lo que suene ilícito.

En el debate electoral que escogió nuevo gobernador no se hizo mención de la hambruna, de los niveles crueles de explotación a las comunidades indígenas y a los pobres de La Guajira a través del sistema de las grúas humanas, ni de las crisis de las instituciones, puesto que ambos movimientos son los auspiciadores y responsables de la debacle del departamento. En La Guajira se ha perfilado un estado regional narcoparamilitar [4]. Ambos grupos tienen cercanías a Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”, extraditado a los Estados Unidos por lavado de narcodólares. El actual gobernador, el elegido en las elecciones atípicas, es primo hermano de Lopesierra.

Los braceros, coteros o grúas humanas

En los puertos de La Guajira, sobre todo en Puerto Nuevo, prevalece un sistema laboral donde son los seres humanos a punta de fuerza física cargan en los hombros las toneladas de mercancías que llegan en los barcos. No hay un sistema mecánico de descargue. Los hacen los braceros o coteros, llamados grúas humanas.

Ellos transportan, día y noche, a sus espaldas las cajas donde vienen todo tipo de artefactos, desde llantas de tractor, televisores, ventiladores, neveras, estufas y otros. No tienen dónde dormir y lo hacen donde les llega la noche, no hay servicio de alimentación, no tienen un salario básico ni ninguna prestación social. Carecen de todas las garantías. La única de ellas es que después de varios días recibirán 30 mil pesos. Y el puerto es considerado zona aduanera especial, es decir, hay exenciones tributarias para los productos, para que se pueda beneficiar la economía del departamento y la local.

Allí no hay oficina de trabajo y prevención social. La presencia es del estado narcoparamilitar. Una situación parecida a la de Buenaventura: un dios verdadero, el neoliberalismo gansteril, produciendo extermino, sometimiento, explotación, desarraigo y muerte a dos naciones, dos comunidades culturales históricas, los pueblos afros y pueblos indígenas.

Responder por los mínimos de vida

En La Guajira es evidente el fracaso de la locomotora minera que no ha proporcionado desarrollo ni prosperidad a sus habitantes. Y lo que va quedando claro es que la salida a la crisis de La Guajira no vendrá de las manos de las transnacionales que han azotado, como plaga, el suelo y las riquezas guajiras. Estas han sido las culpables de esta larga tragedia y los malos gobiernos. En La Guajira no hay Estado ni gobiernos que representen a la mayoría de la población y al pueblo indígena wayúu. Hay una crisis de la cual sale mal librada la mayoría de la población.

Hay que preguntarse por qué países como Libia lograron darle soluciones técnicas al abastecimiento de agua asumiendo decisiones políticas y medidas económicas, construyendo infraestructuras que irrigaron agua por todo el territorio, ¿Por qué esto no se logra en Colombia, que ocupa el quinto puesto en disposición de aguas en el mundo, donde todavía un 10% de la población no logra tener acceso al líquido de la vida? [5].

Tuvo razón el finado presidente Chávez cuando dijo que “no hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema” [6]. Y en palabras de los guajiros, “la cosa no es que no llueva, la pregunta es ¿por qué ha dejado de llover? [7].

La Guajira necesita un plan humanitario. Y no vengan a decirnos que no hay suficientes recursos económicos, para desplegar este plan que garantice la vida del pueblo guajiro. Recuperando lo robado por los empresarios de la política se financiaría este plan y alcanzaría para mucho más.

Así como se hacen operaciones financieras de salvamentos a los bancos y a las empresas de los poderosos, hay que movilizar recursos, que el gobierno nacional comprometa los recursos económicos necesarios, se generen nuevos dispositivos, institucionales especiales, porque los actuales están carcomidos por la narcopolítica, se asegure la participación de las comunidades, de instituciones probadas en acciones humanitarias, con la supervisión de una comisión de congresistas de probada honestidad y servicio a la ciudadanía.

El plan debe hacer concreto el suministro de agua potable gratuita para toda la población, para el 90% que carece de ella; garantizar un plan de alimentación con una dieta balanceada, suficiente, según los estándares internacionales; disponer de un servicio de salud de emergencia, de energía. Adelantar un plan de construcción de vivienda que tenga en cuentas las características culturales de la población y garantizar un ingreso salarial digno y dignificar el trabajo de los asalariados de los puertos. Redistribuir la riqueza para erradicar el hambre y la muerte por pobreza.

Al mismo tiempo que se dispone de un plan humanitario se debe echar a andar otro de desarrollo infraestructural y productivo teniendo en cuenta las identidades culturales de la población. No hay duda que también necesitamos dignificar la política y sacudir los cimientos del estado narcoparamilitar de La Guajira.

Hay que abrir un gran debate nacional en todos los escenarios, porque La Guajira es de todos los colombianos. Porque lo que pasa en La Guajira es un acontecer diario en muchos territorios de la patria. Lo de La Guajira no es la excepción, confirma lo que se ha establecido en nuestro país como una regla.