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Mandato contra la corrupción en la costa pacífica
Comité Regional del Paro del Pacífico / Martes 12 de agosto de 2014
 

1. Exigimos una asamblea nacional constituyente que garantice la transparencia de las administraciones públicas. Revocamos los mandatos de los actuales gobiernos y su régimen municipal, caracterizados por la corrupción e ilegitimidad; como también las personas que hayan ejercido las alcaldías o cualquier cargo administrativo y se les haya hecho cuestionamientos por corrupción; no podrán volver a aspirar a ningún cargo público. En este orden de ideas imponemos la ejecución de peculado con toda la fuerza de la ley.

2. Todo esquema de ordenamiento, plan básico, plan de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por asambleas populares en cada municipio, en conjunto con el concejo municipal o alcalde municipal según sea el caso. La asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar y exigir toda información, con el objeto de hacer cumplir con el mandato establecido en la asamblea popular.

3. Prohibimos el ingreso de transnacionales a nuestros territorios, declarando que nuestras comunidades tiene autonomía propia para hacer uso del suelo y del subsuelo del país.

4. Declaramos que la paz tiene que ser con justicia social, donde a todos los colombianos se nos garanticen, de forma equitativa y real, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Apoyamos los diálogos de la Habana y demandaremos del gobierno que se firme un acuerdo de cese bilateral al fuego mientras se logra un acuerdo de paz.

5. El pueblo, en su autonomía de elegir a sus mandatarios y funcionarios públicos, evaluará los resultados administrativos de los mismos, por medio de asambleas populares, respetando la soberanía declarada constitucionalmente para todos los colombianos y colombianas. Y con libertad tomará todas las medidas del caso cuando no se cumpla a cabalidad con las funciones públicas.

6. Las fuerzas armadas retomarán las funciones para las cuales fueron creadas: “Salvaguardar la soberanía del pueblo colombiano con respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y saldrán de los cascos urbanos y rurales cercanos a la población civil. Basta ya de represión estatal y violaciones de derechos humanos, herramientas utilizadas por el Estado para respaldar la debilidad e impotencia administrativa de los gobernantes de turno, frente a la libre expresión del descontento de pueblo con las administraciones corruptas.

7. Ordenamos al gobierno nacional que brinde las garantías y recursos necesarios para la difusión, socialización y educación de la ley 70 de 1993 de las comunidades negra a nivel de la región pacífica colombiana.

8. Ordenamos al gobierno nacional que reglamente la ley 70 de 1993. Es de prioridad para el desarrollo de nuestras comunidades la definición de los mecanismos legislativos que consoliden una eficaz y equitativa normativa que permita la plena autonomía en la toma de decisiones de peso para el desarrollo estratégico integral de nuestra región.

9. En nuestro territorio se respetará el derecho a la consulta previa, libre e informada, plasmado en la ratificación del artículo 169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y el Decreto 145 de 1995.

Las condiciones de cambio y revolución las generamos nosotros mismos desde estos espacios. Nadie nos otorga la libertad y la igualdad que son nuestras y que establecen nuestra dignidad, soberanía y autonomía, reclamadas y luchadas desde el tiempo del libertador.

Compañeros y compañeras: el llamado es hacia la lucha organizada por la transformación de nuestra sociedad.

POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, HOY LEVANTAMOS NUESTRA VOZ EN UNIDAD DE LUCHA POR UN PACÍFICO MEJOR EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.