La promesa de legalizar grandes inversiones agrícolas en la Orinoquia y otros territorios “aislados” que el presidente Juan Manuel Santos les hizo a empresarios nacionales y extranjeros empieza a cobrar forma. Hoy el Gobierno piensa radicar un proyecto de ley que permite que los baldíos puedan ser adjudicados no sólo a campesinos sin tierra, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas del agro. También levanta la prohibición para que los terrenos baldíos que se hayan adjudicado puedan ser acumulados para crear Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico.

Precisamente, la iniciativa tiene por objeto crear “las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994”. La adición corresponde a la extinción de dominio de la propiedad cuando esté desaprovechada, y el artículo que se interpreta tiene que ver con la prohibición para que personas que tengan propiedades o empresas puedan acceder a terrenos baldíos. Es decir, el proyecto es la puerta para que terrenos del Estado, que están destinados a familias sin tierra, puedan pasar a manos de empresarios.

El proyecto define las “ZIDRE” como “áreas geográficas aisladas de los centros urbanos”, que “demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”. El articulado, conocido por EL Espectador, también define que estas zonas serán destinadas a disminuir la pobreza, activar económicamente de la tierra, promover la conservación, mejorar su suelo y promover el acceso de los campesinos a la tierra y al empleo.

Y es aquí donde las empresas “agrícolas, forestales o ganaderas” deberán invertir en proyectos asociativos con los habitantes de la región. Pero los requisitos para estas empresas no son de cualquier calibre, deberán tener capacidad para ofrecer créditos bancarios a los campesinos, asistencia técnica, capacitación, sistemas para garantizar la compra de la producción y la adquisición de tierras por parte de los labriegos. Esto indica que las empresas podrán acceder a los terrenos baldíos en concesión u otras modalidades contractuales. Los recursos de estos contratos irán al Fondo de Desarrollo Rural y Económico, que manejará el Incoder para invertir en los proyectos.

Obviamente, para lograr esto tienen que levantar la prohibición del artículo 72 de la Ley 160, que impide que los baldíos sean entregados a propietarios o empresarios. Asimismo, la iniciativa rompe el principio de que los terrenos baldíos no pueden ser acumulados ni vendidos. Sin lugar a dudas, este proyecto dará mucho de qué hablar y el debate sobre los baldíos y los “territorios asilados”, como los de la Orinoquia, volverán a ser el centro del conflicto.