Se avanzó en forma notable al establecer que la reforma agraria tiene como objetivo fundamental reducir la pobreza a la mitad, que es equivalente a duplicar el ingreso agrícola que hoy en día es la tercera parte del promedio, y se precisaron los medios para lograrlo. En efecto, se acordó conformar un fondo de tierras con las áreas confiscadas por el Gobierno, instaurar un subsidio para cubrir los insumos agrícolas, como riego, semillas, fertilizantes y asistencia técnica, y establecer un amplio sistema de asistencia en educación, salud y vivienda. Sin embargo, todavía hay camino por recorrer. Falta por determinar la política agrícola que asegure la adquisición de la mayor producción, la proveniencia de los recursos, el tamaño máximo de las explotaciones y la compatibilidad con los TLC.

Curiosamente, a los pocos días de divulgado el acuerdo, apareció un proyecto de ley, en el cual se reglamenta la propiedad de la tierra y se sustituye la Ley 160 de terrenos baldíos, o de reserva campesina. Sin hacerlo suficientemente claro, se autoriza al sector privado a adquirir y explotar las tierras sin limitación de tamaño. De esta manera, los grandes inversionistas quedan en capacidad de sacar ventaja de las economías de escala y, en consecuencia, aumentar la productividad de la tierra y reducir los costos.

El drama de la agricultura es que sus gestores no han salido del viejo diagnóstico, según el cual la productividad de la agricultura no varía con el tamaño de las unidades, y como ocurrió en el pasado, las empresas de diferente tamaño pueden coexistir. Sin embargo, el resultado deja de ser cierto cuando los productores disponen de grandes extensiones y aplicación en forma intensa del capital y la investigación tecnológica. Debido a las economías de escala en los insumos, están en capacidad de producir algunos cultivos, como maíz, arroz, sorgo soya y trigo, con una mayor productividad y menores costos. Quienes dispongan de mayores recursos pueden desplazar a los demás, cargar precios por encima de los costos y percibir mayores ganancias.

De ninguna manera la solución es renunciar a la producción a gran escala que ofrece las mejores oportunidades de expansión y penetración en los mercados internacionales. Pero no de cualquier forma. El proyecto de ley autoriza la propiedad privada en tamaños ilimitados en las zonas baldías, y luego pretende enfrentar el poder monopólico con estímulos a la asociatividad y con una severa regulación para asegurar el cumplimiento de los requisitos en el papel. El procedimiento ha resultado totalmente infructuoso en las empresas públicas, que disponen de mejores medios de seguimiento y fiscalización. Fue precisamente lo que ocurrió en el mercado de telecomunicaciones, en donde las multinacionales desplazaron a las cableras, adquirieron las empresas estatales y se tomaron el mercado. En la actualidad Claro dispone de una posición dominante de 65% en la telefonía celular y de 55% de la televisión. El único camino para controlar los monopolios ha sido la proscripción de las posiciones dominantes y la presencia directa de las empresas estatales.

En las áreas expuestas a grandes economías de escala el sector privado no puede dejarse al arbitrio del mercado. Pero como bien lo señalan los estudios del nuevo Premio Nobel de Economía, Jean Tiroli, la solución no puede ser generalizada o igual para todas las actividades. En el caso de la agricultura se requiere la presencia de una gran empresa estatal, como Embrapa en Brasil, con amplios recursos y poderes para definir los proyectos y hacer efectiva la asociatividad que asegure la presencia dominante de los pequeños y medianos productores y las cooperativas.

* Tomado de El Espectador