Hace algo más de 1 año el país se escandalizaba porque un ministro de Agricultura representante acreditado del agro-negocio de la palma presentase en contubernio con su socio, -un leonino abogado embajador en EEUU-, un esperpento jurídico para legalizar la acumulación por despojo en curso contra los campesinos colombianos en la tristemente célebre Ley Urrutia-Lizarralde. Hoy cuando cursa en el parlamento colombiano una nueva versión de este proyecto de ley, pareciera una fatalidad histórica que sea precisamente el nieto del presidente Guillermo León Valencia, -artífice al ataque a Marquetalia, propulsor de la actual etapa del conflicto que se pretende cerrar en La Habana-, e hijo de un excelso exponente del latifundio y gamonalismo caucanos, -el inveterado senador Aurelio Iragorri Hormaza –, el Ministro de Agricultura que logra enlazar los intereses de los herederos de la gran hacienda decimonónica a los de los modernos consorcios de agro-negocios del capitalismo financiarizado. Pero la farsa nacional es de tal proporción que el ministro Iragorri Valencia, se ha declarado impedido dado los compromisos comerciales directos de su familia con la apropiación irregular de baldíos en la altillanura que será beneficiada por el proyecto de ley 133 de 2014.

Este proyecto de ley de “Nuevos mecanismos de uso y acceso a la tierra” es un auténtico obús contra el proceso de paz y el movimiento campesino. En el mismo instante que se instalaba la mesa única nacional con la Cumbre Agraria y solo pocos días después que se publicaran los acuerdos avanzados hasta ahora en el punto de Desarrollo Rural Integral en el proceso de paz de La Habana, el gobierno nacional presenta este nuevo intento por liquidar cualquier dique de contención en la absorción del campo colombiano por los grandes mercados especulativos transnacionales, desconociendo de facto ambas mesas de diálogos e insistiendo en su absurda táctica santanderista de “encuellamiento” legal de las discusiones con sus interlocutores, como si la ilegítima legislación existente no fuera en sí mismo objeto de debate en las conversaciones.

Fiel a la trampa legalista y tras sucesivos fracasos el “nuevo” proyecto es una vuelta de tuerca para garantizar la acumulación de predios de baldíos en poder de los consorcios del agro y eliminar la limitante de la UAF de buena parte de la regulación agraria. La innovación es la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social ZIDES (Art. 10), definidas como “especiales” por ciertas características físicas o geográficas, pero que aunque aplicables inicialmente para los Llanos Orientales, son figuras que bien podrían generalizarse en buena parte del país y existen pretensiones de declararlas a posteriori en regiones como La Guajira, el Pacífico, la Amazonía o provincias del Tolima o Norte de Santander. La aparente peculiaridad de las ZIDES, dada por supuestas desventajas económicas y topográficas se convierte en patente de corso para un régimen jurídico excepcional distinto a la actual ley 160 de 1994 y en la práctica por fuera de la Constitución de 1991.

Las ZIDES serán decretadas por la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria –UPRA- rompiendo con el impedimento legal para adquisición y concentración de baldíos, garantizando el usufructo del suelo a “sociedades de cualquier índole, mediante contratos de arrendamiento, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad” para el caso de baldíos reservados (Art. 9) y creando una “excepción al régimen de acumulación de UAF” consagrado en el artículo 72 de la ley 160 (artículo 12). Como elemento trascendental, todo este proceso de promoción de las ZIDES tiene en cuenta la denominada “asociatividad” en la que busca nítidamente incluir al campesinado y los trabajadores sin tierra, para completar el circuito del despojo al mismo tiempo que se ofrece una fachada social, tan “políticamente correcta” como rentable económicamente hablando.

Como guirnalda del obsecuente proyecto de ley se crea un Fondo de Desarrollo Rural y Económico en cuenta especial del Incoder, proveniente de los recursos recaudados por la entidad de los contratos que permiten el aprovechamiento de baldíos reservados, con la destinación específica a apoyo de los proyectos de desarrollo e infraestructura requeridos por las ZIDES (Art. 10). Así pues -solo en términos hipotéticos- los primos Iragorri podrán recibir en concesión predios de baldíos reservados y lo que paguen por arriendo de éstos se invertirá en carreteras o navegabilidad de los ríos de la ZIDES en donde tengan su inversión, sin las que su producto no llegaría a los mercados. Al no ser propietarios se ahorraran hasta el predial y dependiendo del tipo de producción de seguro, accederán a otros estímulos (créditos flexibilizados, asistencia técnica especial, entre otros) por invertir en tierras definidas por este proyecto de ley como remotas e improductivas.

Los “nuevos llaneros”, viejos rateros

¿Por qué si el presidente Santos en julio de este año firma la ley 1728 ratificando la exclusividad del beneficio de baldíos al campesinado pobre, a tono con las sucesivas sentencias de la Corte Constitucional al respecto como en la T-488 de 2014, en octubre revive el proyecto Urrutia-Lizarralde? ¿Quiénes son los verdaderos interesados en esta repetitiva obsesión del gobierno nacional de deshacerse de los artículos incómodos de la ley 160 de 1994? ¿Por qué la premura por el cambio en estas normatividades cuando en La Habana se firmó un sustantivo acuerdo sobre el Desarrollo Rural Integral que aún no se ha reglamentado ni puesto en marcha?
Sin mayores suspicacias tendríamos que decir que la pertinaz ambición gubernamental por dar vía libre a los megaproyectos agroindustriales en la Orinoquía y otras zonas del país, tiene unas causalidades de fondo de economía política estructural que expondremos en el siguiente acápite, pero también un profano rostro de poderosos intereses inmediatos de fraudulentos procesos de acumulación por desposesión en curso: el de los denominados “nuevos llaneros”.

Los nuevos llaneros son una síntesis de las diversas expresiones del bloque dominante en el país, unidas todas en el negocio de la tierra y el ciclo de financiarización del campo que han emprendido: magnates colombianos integrados a la actual etapa de capitalismo especulativo transnacional como las casas Sarmiento Angulo, Eder o Santodomingo; consorcios transnacionales de los agro-negocios de capital imperialista y subimperialista como Cargill y Mónica Semillas con su intrincado enjambre de empresas y alianzas productivas; prósperos empresarios domésticos advenedizos, de trayectoria non sacta, característicos del capitalismo gansteril colombiano como los Carranza, los Uribe Moreno y el Grupo Aliar entre otros; y obviamente el perenne latifundio tradicional de los Iragorri, los Valencia, los azucareros del Valle, que han sido dúctiles para mantener sus privilegios del siglo XIX y articularse a esta nueva etapa de agroindustria capitalista del siglo XXI. Sobraría afirmar que cada facción de clase, por no decir que cada familia o corporación, cuenta con nítidos altavoces políticos en el gobierno, parlamento y las embajadas que acicatean a diario para salvaguardar sus intereses ya comprometidos en la altillanura. Todos encontraron más rentable y sencillo apropiarse de predios otrora de pequeños campesinos que hacer una apuesta de modernización capitalista de las 39 millones de hectáreas ociosas en las que pelechan las vacas del señor Lafourie y compañía.

Nada más elocuente para explicar el proceso llevado a cabo por los nuevos llaneros en el presente siglo que el concepto de Harvey de “acumulación por desposesión”, donde retoma el repertorio de apropiaciones capitalistas descrito por Marx: (mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas ; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad distintas a la privada en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas) y lo amplia a nuevas formas de depredación económica propias de la actual etapa financiarizada global del capitalismo. Pero en todos los casos estamos hablando de robos y fraudes garantizados a través del ejercicio de la violencia directa o indirecta de los capitalistas.

Miremos pues las faenas de pillaje de estos “nuevos llaneros”. La gran operación de lavado de activos en curso, no es el proceso de La Habana como lo pregonan los enemigos mediáticos de la paz, sino la legalización por acto de birlibirloque de las cientos de miles de hectáreas provenientes de baldíos apropiadas por los consorcios agrícolas en la Orinoquía en flagrante violación de la vigente ley 160 de 1994 y disposiciones constitucionales.

Entre 2004 y 2010, en los Llanos Orientales se titularon oficialmente cerca de 923.713 hectáreas, en medio de la ofensiva militar y paramilitar hacia la región. Un informe presentado por el mismo MinAgricultura en mayo de 2013, identificó 1.879 expedientes de titulación de baldíos irregulares durante el período 2006-2010 en los departamentos de Antioquia, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía, Amazonas, Norte de Santander y Santander. El informe de la Contraloría General de la Nación de mayo de este año habla de detrimento del patrimonio público por apropiación irregular de por los menos 173 mil hectáreas provenientes de baldíos solo en Meta, Casanare y Vichada.

Sin pretender un análisis exhaustivo de las triquiñuelas de los beneficiarios del proyecto de Ley 133, presentemos algunos de los casos más conspicuos: La Fazenda, propiedad del Grupo Aliar, que ha invertido más de 100 millones de dólares en sus cultivos de maíz, soya y producción avícola y porcina, es requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro para devolver más de 16.350 hectáreas de origen baldío adquiridas a través de empresas del esmeraldero Víctor Carranza, que habían sido expropiadas violentamente por su grupo paramilitar. La transnacional Cargill, la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo que puede controlar un 90% del mercado global de granos, y de ingrata recordación por su participación en el golde de estado en Paraguay en 2012, está denunciada por la apropiación solo entre 2010 y 2012 de 52.576 hectáreas de baldíos de la altillanura a través de sus 4 subsidiarias, excediendo 36 veces el límite legal de UAF. El consorcio de origen brasilero Mónica Semillas, fue obligado por la Supersociedades a devolver más de 2 mil millones de pesos en créditos de Finagro y sus filiales son investigadas por ser fachadas para la evasión de las restricciones impuestas al otorgamiento del Incentivo de Capitalización Rural y por apropiarse irregularmente de 13 mil hectáreas en Puerto Gaitán de origen en baldíos.

El Grupo Manuelita, de la sacarocracia valluna de la familia Eder ha diversificado su portafolio con los baldíos de la altillanura y ahora se lucra con los agrocombustibles. A través de Aceites Manuelita, propietario también del complejo de plantas refinadoras de agrodiésel en San Carlos de Guaroa, Meta, acaparó una veintena de predios por 17 mil hectáreas en Orocué, Casanare, que excedería por lo menos 16 veces lo permitido por la ley, adquiriendo no solo baldíos, sino predios de los narco-paramilitares de la región testaferros de “Cuchillo” y el “Loco” Barrera.

Como ya es conocido Riopaila S.A. de la familia Ocampo apoyado por la firma de abogados Brigard&Urrutia, del ex embajador en Washington, explota 42 mil hectáreas de baldíos en el Vichada previa triangulación vía 27 sociedades anónimas y paraíso fiscal incluido, bajo la modalidad de contrato de arrendamiento a 30 años; ahora en asocio con Cargill adquirió otras 100 mil hectáreas que suman más de 80 propiedades de campesinos beneficiarios de baldíos.

El grupo Sarmiento Angulo a través de la corporación financiera Corficolombiana acumula 13.785 hectáreas solo en Puerto Gaitán y Puerto López, mediante 6 empresas de su propiedad, que no solo se han apropiado de baldíos adjudicados a campesinos sino que han recibido todo tipo de incentivos directos del gobierno nacional como $375 millones en ICR (Incentivo a la Capitalización Rural), $187 millones en CIF (Certificados de Incentivo Forestal) y 35 mil millones de créditos de Finagro a 2013, todo bajo el acompañamiento jurídico del bufete del ahora super ministro de la presidencia Néstor Humberto Martínez.

Poligrow es un consorcio de origen italo-español que compró los predios provenientes de baldíos de “Macondo” en Mapiripán de 5.500 hectáreas para siembra de palma y jarofra, sobrepasando claramente el límite del artículo 72 de la ley 160. Los terrenos que después de la masacre de 1997 fueron adquiridos a 30 millones de pesos por una familia antioqueña fueron vendidos en más de 4 mil millones. Santa Ana es otra de los haciendas de más de 70 mil hectáreas de baldíos que aunque ni siquiera han sido adjudicados a los campesinos beneficiarios, ya están negociados con la transnacional, y montado todo el aparataje para su venta fraccionada y posterior concentración.

Estos casos que son meros ejemplos de un universo de anomalías que puede tender al infinito, denotan como continuidad el ejercicio de la violencia sistemática contra los campesinos como determinante en este “círculo virtuoso” de expropiación, acumulación y concentración capitalista en la Orinoquía colombiana. Según las mismas cifras oficiales, durante los 8 años de Uribe hubo desplazamiento forzado en los 6 departamentos de la región de más de 220 mil personas, de los que 96 mil fueron desterrados del Meta, epicentro de los megaproyectos de explotación petrolera y de agronegocios. La Operación Destructor I y II, el Plan Patriota, el Plan Espada de Honor y los llamados planes de consolidación, en armonía con la entrada del Bloque Centauros de las AUC de “Jorge Pirata” y los “Buitragueños”,“Carranceros” y demás grupos armados de narcotráfico le abrieron la senda a los nuevos llaneros. Como lo decía Marx, el gran capital nace chorreando sangre por todos sus poros; así pues, Uribe y Santos se presentan como dos etapas de un mismo plan: la expropiación violenta primero y la legalización de esta apropiación después.

He aquí entonces parte del afán de los nuevos llaneros por aprobar las reformas al régimen de baldíos: legalizar su pillaje. De seguro temen que en un serio y riguroso proceso de Verdad, Justicia y reparación, parido del actual proceso de diálogo, queden claramente desnudados los crímenes con los que han abonado las tierras que usurpan. El nuevo proyecto dejaría garantizada la reconcentración a posteriori de los otrora baldíos, aún si se les expropian los actuales terrenos apropiados ilegalmente y podría permitir incluso la adquisición futura de los terrenos que se adjudiquen a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente en el marco del Fondo de Tierras pactado en La Habana. La declaración de ZIDES de una región de interés de los consorcios en la Orinoquía o cualquier otro lugar del país, ya permitiría legalmente todas estas engañifas.

La economía política de fondo: Campo sin campesinos en la crisis capitalista

Ahora bien, detrás de las ZIDES y esta oleada de capitales hacia territorios históricamente excluidos de la geografía nacional está de fondo una nueva espacialidad capitalista en nuestro país. Los intereses e inversiones se desplazan a la otrora periferia bajo la férula del neoextractivismo que se presenta como sino dentro del capitalismo para nuestro continente. Este neoextractivismo tendrá como característica central su plena articulación a la esencia especulativa propia de la actual etapa financiarizada del capitalismo. No es el mero saqueo ni el simple usufructo de las materias primas explotadas, sino la generación de mercados a futuro, derivados financieros, la manipulación bursátil y muchos otros artificios especulativos más con base en la producción agrícola.

Aunque este proceso de financiarización del agro empieza a ser promovido a la par con la ahora llamada “locomotora minera” desde el primer gobierno de Uribe y se desarrollan importantes experimentos iniciales en otras zonas del país fundamentalmente a través del impúdico impulso a los agrocombustibles con Agro Ingreso Seguro incluido, la actual profundización de este proceso que tiene hoy en los proyectos de la altillanura y la creación de los ZIDES su buque insignia, corresponde a la presente etapa de desgaste del auge minero-petrolero como fuente incesante de inversión extranjera directa.

Obviamente, no hablamos de que existe un agotamiento pleno de las riquezas minerales y de hidrocarburos, pero sí de que las sucesivas concesiones mineras y petroleras han llegado a su tope físico y por ende no podrán seguir sirviendo como generador periódico de inversiones, sino que por el contrario empieza la etapa de explotación y repatriación de capitales. Con la presente merma de precios del petróleo y otros minerales, y ante una recesión global en ciernes, empujada por el núcleo duro de la zona euro, las esperanzas de obtener el flujo de capitales que necesita la economía colombiana para no colapsar desde la minería tienden a desvanecerse, repotenciando la proyección del sector de agro-negocios y la urgencia por dar blindaje jurídico y físico a lo que aspiran sea el nuevo ciclo de capitalismo colombiano.

Aunque la economía colombiana llega tarde a los agronegocios que auparon el crecimiento de toda la región en esta década, y los precios de los productos agrícolas también vienen reduciéndose ante la desaceleración de las llamadas economías emergentes, está claro que el agro ha sido hasta hoy el único sector donde la penetración de la inversión extranjera no ha sido total y que permitiría a diferencia de otros mantener de forma constante el flujo de estos capitales sin los que entraría en crisis el actual modelo. Solo a manera de ejemplo durante el período 2002-2009 el renglón de agricultura, pesca y silvicultura solo fue receptor de 116 millones de dólares de inversión extranjera de un total que superó los 50 mil millones de dólares, perspectiva que empieza a cambiar en la administración Santos I ante el mencionado copamiento y agotamiento del sector minero-energético, y la apropiación ya realizada durante los 90s de otras áreas estratégicas para la economía. Los impedimentos para la financiarización del campo son por todos conocidos e incluyen desde las denominadas por ellos “taras legales”, -que empezaron a resolverse con la llamada Ley de Restitución de Tierras- hasta los impedimentos de hecho propios del conflicto social armado.

Hoy se revive la ambición de viejo cuño de los grandes capitales: emular en el país el patrón de agronegocios del Cercado Brasilero, o de la “República de la Soya” en el Cono Sur, escogiendo la Orinioquía –y las otras posibles ZIDES- como enclaves. Los componentes del nefasto modelo de agroindustria capitalista se intentan replicar en nuestro país: latifundio extensivo; producción para el mercado externo y liquidación de la soberanía alimentaria; especulación y financiarización de los precios y cosechas; extranjerización de la tierra, la producción y la comercialización; auge del mercado fiduciario e hipotecario en los predios rurales; insostenibilidad ambiental por utilización de transgénicos y fungicidas; uso extensivo de la fuerza de trabajo y condiciones indignas para los trabajadores. Los agrocombustibles y los cereales, representantes por antonomasia de la lucrativa especulación global con los alimentos, tienden a ser las apuestas productivas predominantes para Colombia, acordes al volátil mercado de las commoditties e ilusionados con la demanda china, que no de forma coincidencial ha manifestado a través de su embajador en Bogotá sus claros intereses en la Orinoquía. Para otras ZIDES (Chocó y Amazonía) la explotación de maderables será el enclave de la financiarización.

Estamos ante una ambiciosa gesta capitalista por transformar las relaciones sociales de producción en el campo, liquidando la agricultura campesina, los cultivos tradicionales y al campesinado mismo. Ya sin límites para la concentración de la propiedad rural, -en un país con el Gini de tierras en un escandaloso 0.88-, el proyecto de ley 133 introduce a través de las denominadas “alianzas productivas” el instrumento necesario para la eliminación del campesinado, convirtiendo la presentación de proyectos de este orden en requisito dentro de las ZIDES. Con razón la sabiduría popular llamó a este engendro las alianzas entre el zorro y la gallina. El modelo de “asociatividad” a seguir es el desarrollado por la firma Indupalma, del ex ministro Lizarralde en el Magdalena Medio, donde en últimas los campesinos “socios” quedaron legalmente sin tierras, endeudados con los bancos y sometidos al indigno esquema de las cooperativas de trabajo asociado.

Esta fue la propuesta que presentó la misma SAC en el Foro sobre Desarrollo Rural Integral organizado por la ONU y la UN a propósito de la discusión del punto 1 en La Habana, ponencia que incluso aceptaba la existencia de zonas de reserva campesina, o formas de pequeña propiedad pero encadenadas a estas alianzas productivas, en una especie de aparcería del siglo XXI, con la claridad que el circuito de comercialización -y especulación- de los productos agrícolas debía quedar bajo el control de los grandes conglomerados del sector. En palabras del promotor del proyecto de ZIDES -ante la inhabilidad de Iragorri-, el Superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, el problema no es de titularidad de la tierra sino de su “productividad”.

Con el proyecto de ley 133, estamos ante el intento de subsunción formal y real económica y política del campesinado como clase, bajo el señorío económico y político de los emporios empresariales del gran capital, los nuevos terratenientes. Se apuesta por eliminar el campesinado como clase en sí, y por ende como subjetividad política ascendente que forma parte hoy de las clases subalternas que vertebran el nuevo bloque histórico: el de la paz y la segunda independencia.

¿Pensando en el posconflicto?

Reafirmando su apuesta por una paz no solo exprés, sino gratis y light, hoy los medios empiezan a justificar que las proyecciones del llamado posconflicto deben ajustarse a la ola recesiva que afectará la economía colombiana, como si las presentes dificultades del modelo económico fuesen una especie de accidente que intempestivamente ha descuadrado las cuentas.

La crisis económica y la búsqueda del “posconflicto”, no coinciden azarosamente. Los estadistas neoliberales conocían del advenimiento inminente de esta crisis ante el carácter limitado del ciclo minero y por ello buscan un acuerdo de paz como paliativo a sus penurias económicas. Pero se hallan ante la cuadratura del círculo. Con la continuidad del conflicto armado es imposible dar inicio pleno a su fase de financiarización del campo colombiano, tabla de salvación de su modelo; pero la solución política, como está plasmado en los acuerdos parciales de La Habana, significa precisamente la revisión del modelo económico actual y por el contrario, pasa por promover la economía campesina que pretende eliminarse con el proyecto de ley de las ZIDES.

Así pues, que no se requiere ser un incendiario para ver las evidentes contradicciones del proyecto de Ley 133 con lo hasta ahora avanzado en La Habana. El punto 1.1 sobre Acceso y Uso de la Tierra del Acuerdo sobre Desarrollo Rural Integral, estipula la creación de un Fondo de Tierras con un número de hectáreas aún por definir y que identifica en el inciso b como una de sus fuentes: “Tierras recuperadas a favor de la Nación: es decir baldíos indebidamente apropiados u ocupados”, que son precisamente todos estos predios hoy en posesión de los nuevos llaneros, que mediante el nuevo proyecto de ley quedarían en la práctica por fuera de este proceso de reforma agraria. Estamos ante la trampa anticipada a los acuerdos de paz. Pero la trampa es doble. La nueva ley permitiría a futuro que los emporios agrícolas adquieran los predios de origen baldío que se adjudiquen a los campesinos, beneficiarios del Fondo de Tierra definido en el acuerdo entre insurgencia y gobierno, o simplemente absorban a estos labriegos mediante una “alianza productiva”, siempre y cuando se declare ZIDES la región.
La sensación de burla al serio proceso de conversaciones de paz se afianza, si recordamos que frente al punto de Desarrollo Rural Integral existen aún importantes salvedades a dirimir (limitación del latifundio, extranjerización de la tierra, agrocombustibles entre otras) y que en el Acuerdo sobre Drogas Ilícitas igualmente se contemplan medidas que serían laceradas con la vía libre que las ZIDES le dan a la acumulación de predios de baldíos y la financiarización del campo, teniendo en cuenta precisamente que no hablamos de un universo infinito de tierras para poder cumplir con los acuerdos.

Pero intentar contener la paz y la reforma rural integral inherente a ella con una ley, es una candidez santanderista. Todo el actual paquetazo legislativo (reforma política, reforma tributaria, ley de presupuesto, ley de baldíos, fuero militar, entre otros) está realmente de espaldas a la solución política, como de espaldas está el parlamento ilegítimo que lo promulgará, lo que no hace sino reforzar la necesidad de que sea el pueblo soberano en ejercicio de su poder constituyente el que apruebe y desarrolle los acuerdos con las FARC-EP y el ELN. Toda la filigrana jurídica por encuellar la salida política al conflicto a los intereses que han engendrado la guerra, no tiene destino distinto a expirar en la Asamblea Nacional Constituyente que la paz de Colombia requiere.

¡Nos vemos en la Constituyente!