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La tierra para los cacaos
De baldíos y otras tierras
El nuevo intento de pasarse por la faja la normatividad existente, favorable a los campesinos, busca eliminar en forma definitiva los obstáculos que han impedido el desarrollo de grandes inversiones de capitales nacionales y extranjeros en regiones como la altillanura orinoquense.
Carlos Fernández / Jueves 20 de noviembre de 2014
 

La presentación del proyecto de ley 133 de 2014, «por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico» constituye un nuevo intento de derogar las normas que impiden la entrega de baldíos de la Nación a empresarios privados en tamaños superiores a la Unidad Agrícola Familiar. Ya la ley que aprobó el plan de desarrollo 2010-2014 incluía unos artículos en este mismo sentido y sólo la declaratoria de inconstitucionalidad de los mismos por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-444 de 2012, impidió configurar el atropello contra los campesinos pobres, únicos a quienes se pueden adjudicar baldíos.

El nuevo intento de pasarse por la faja la normatividad existente, favorable a los campesinos (ley 160 de 1994), busca eliminar en forma definitiva los obstáculos que han impedido el desarrollo de grandes inversiones de capitales nacionales y extranjeros (empresas como Cargill, Riopaila, Mónica Semillas o controladas por familias como la de Luis Carlos Sarmiento Angulo o Uribe Moreno) en regiones como la altillanura orinoquense. Desde los tiempos del primer gobierno de Uribe, se iniciaron movimientos de asignación y compras de tierras en grandes cantidades con miras a cultivar productos como palma aceitera o maíz destinados a la producción de agrocombustibles.

El meollo de la cuestión

En esta oportunidad, por conflicto de intereses, no fue el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el que presentó el correspondiente proyecto de ley (como sí lo hizo descaradamente su antecesor, el ex ministro Lizarralde, quien se vio obligado a retirar su respectivo proyecto). Le correspondió al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, representar al Gobierno en este trámite y el presidente ha encargado al Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, de socializar y hacer la defensa política del proyecto de ley.

Éste se puede resumir en los siguientes puntos:

1) Se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), las cuales serán declaradas por decreto, y en las cuales no regirá el límite al tamaño de la explotación, equivalente, como ya se dijo, a una UAF, sino que podrán ser entregadas en extensiones ilimitadas para su incorporación a la frontera agrícola.

2) Los inversionistas interesados se denominarán gestores de los proyectos asociativos que elaboren con campesinos o asociaciones de campesinos.

3) El Estado puede adjudicar baldíos para el desarrollo de los proyectos asociativos a título no traslaticio, es decir, que los gestores deberán devolver las tierras al cabo de la ejecución del proyecto asociativo.

4) El Estado crea unos estímulos e incentivos económicos para apoyar la ejecución de los proyectos asociativos como créditos y garantías para campesinos y empresarios, mecanismos de capacitación a los campesinos y estímulos no especificados a las empresas que resulten de los proyectos asociativos.

¿Qué hay detrás de esta insistencia?

El proyecto de ley, así como los fallidos intentos anteriores de incorporar a la producción de monocultivos unas tierras apartadas de los centros urbanos más poblados, busca valorizar unos capitales ociosos, elevar la renta del suelo de las explotaciones existentes dentro de la frontera agrícola y acabar con la favorabilidad de la ley 160 de 1994 hacia la economía campesina. En este sentido, se pretende desprestigiar la figura de Zonas de Reserva Campesina al partir del falso criterio de que sólo la agricultura empresarial capitalista es productiva, infundio que inunda la falaz exposición de motivos y las intervenciones del Superintendente.

De otro lado, la creación de las Zidre va en contravía de los acuerdos logrados en el primer punto de las conversaciones de La Habana, que hablan del desarrollo rural integral y no sólo de la agricultura capitalista. En efecto, mientras el Gobierno nacional se compromete a adelantar acciones que favorezcan la economía campesina, intenta usar sus mayorías en el Congreso para inaugurar una forma de vinculación de capitales al campo que busca explotar intensivamente suelos durante períodos determinados y hacerlos revertir al Estado luego de su agotamiento productivo.

Con las Zidre, se pretende desviar la atención de la elevada concentración de la propiedad, del mal uso del suelo dentro de la frontera agrícola y de la expropiación de que han sido objeto grandes masas de campesinos víctimas del desplazamiento.