Asociación Campesina del Catatumbo
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Infracciones al DIH en medio de combates en San Calixto, Catatumbo
Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat / Domingo 23 de noviembre de 2014
 

La Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, organización defensora de derechos humanos y que agrupa a los campesinos y campesinas residentes en la región del Catatumbo, se permite hacer la presente denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, por los hechos sucedidos en el municipio de San Calixto.

HECHOS

El día 21 de noviembre del 2014 a partir de las 7:30am se presentaron combates y hostigamientos por parte del Ejército de Liberación Nacional – ELN en contra la estación de Policía de San Calixto.

La estación de policía de San Calixto se encuentra ubicada en pleno casco urbano del municipio, a cinco metros de la alcaldía, a cien metros del colegio del municipio, a 200 metros de la escuela y varios locales comerciales y casas quedan en los al rededores de la estación, entre ellas la casa del adulto mayor.

En el momento de los hostigamientos, los menores estudiantes de la escuela del municipio estaban celebrando una actividad de cierre de actividades escolares en el salón de la casa de la Cultura del municipio que queda ubicada a pocos metros de la estación de policía; quedando en medio del fuego.

En los hechos resultó un policía muerto y otro más herido, ambos por disparos de arma de fuego.

Una vez terminado el combate, diversas casas fueron impactadas por disparos.

ANTECEDENTES

En el municipio de San Calixto, al igual que en toda la región hay presencia de los grupos de insurgencia armada de las FARC-EP, ELN y EPL.

Constantemente, se presentan hostigamientos contra la estación de policía del municipio de San Calixto, ante lo cual, se ha denunciado y señalado la responsabilidad del Estado por infracción de las normas de Derecho Internacional Humanitario, ya que la presencia de bases militares o de policía , que en la dinámica del conflicto son objetivo militar, en una zona afectada por el conflicto, es un factor de riesgo para la población civil que puede verse afectada por los ataques de los grupos de insurgencia armada.

En el mes de mayo se presentaron hostigamientos por parte de la guerrilla a la base militar del Ejército, la cual se encuentra ubicada en zona rural de la vereda Burgama, en el sitio denominado El Alto. Alrededor de esta base militar habitan desde antes de ser construida, un número considerable de familias campesinas cultivadores de café.

El día 22 de abril del 2014 se presentó un nuevo hostigamiento a esta base militar, por el cual, ocho familias les tocó salir desplazadas hacia la cabecera municipal, en donde 5 de estas se encuentran en un albergue temporal y las otras en casas de familiares. Inicialmente estas familias han sido atendidas humanitariamente por la alcaldía municipal, quien les ha suministrado la alimentación y un lugar donde dormir.

Una comisión de integrantes del equipo de apoyo de la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, La mesa Municipal de Victimas y un funcionario de la Defensoría Regional Del Pueblo Ocaña, visitaron a las familias, cuyas fincas se encuentran cerca a la Base militar, en dicha comisión se pudo evidenciar la angustia que viven estas familias que por más de dos meses han quedado en medio del fuego cruzado. Esta comisión pudo también verificar el daño ocasionado a los cultivos, potreros y viviendas de estos humildes campesinos.
Producto de la misión de verificación también se conoció el caso de Wilfran Carrascal, un menor de 2 años de edad, quien tiene una afección en uno de sus pulmones, donde según el dictamen dado por los médicos, debido a la inhalación de los gases que producen las explosiones. El menor se encuentra en observación médica y su madre ha gastado más de 15 millones de pesos en exámenes y medicamentos.

Un total de 28 personas se han desplazado entre los que se encuentran de los cuales 13 son menores de edad.

EN diversas ocasiones la población ha solicitado la reubicación tanto del puesto de policía como de la base militar de la vereda Burgama.

DERECHOS VULNERADOS

Con la presencia de la fuerza pública y especialmente de las bases militares y estaciones de policía en zonas pobladas. Se está vulnerando el principio de distinción contenido en el artículo 13 del II protocolo adicional de Ginebra ratificado mediante la Ley 171 de 1994.

Frente a los hechos de desplazamiento se está incumpliendo con la prohibición al desplazamiento de la población civil contenida el artículo 17 del II protocolo adicional de Ginebra ratificado mediante la Ley 171 de 1994 que regula los desplazamientos forzados de la población civil.

Igualmente se pone en riesgo los derechos fundamentales a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Artículo 11 de la Constitución Política), a la integridad física (Artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Artículo 12 de la Constitución Política).

Recuérdese que el pasado 20 de enero la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, volvió a señalar que es imperativo para el Estado “cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”. El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado claramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña. La mencionada sentencia del Consejo de Estado reconfirmó nuevamente lo preceptuado ya muchas veces por la Corte Constitucional, afirmando: “En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”.

EXIGIMOS

1. Que en el contexto del proceso de paz del Gobierno con la insurgencia de las FARC-EP y en los acercamientos con el ELN, se declare inmediatamente un cese bilateral al fuego.

2. Que no se siga utilizando a la población civil como escudo por parte de los diversos actores que hacen parte en conflicto armado interno que vive la región.

3. Que la estación de policía del municipio de San Calixto, al igual que la base militar de la vereda Burgama sean reubicadas inmediatamente.

4. Que la defensoría del pueblo emita una alerta temprana por la grave crisis que se presenta en el municipio de San Calixto.

5. Igualmente, instamos a la comunidad nacional e internacional, defensores de DDHH a que se pronuncien en favor de la defensa de los Derechos Humanos y al respeto por el derecho Internacional Humanitario en esta región azotada por el conflicto armado y el abandono Estatal.

6. Que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para que se garantice el respeto a la vida, la integridad y demás de la población del Catatumbo, especialmente la de los habitantes de San Calixto.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado, en cabeza del gobierno nacional, a las autoridades militares y fuerza pública, a los órganos de control y demás organismos Estatales encargados de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y en general el respeto por los Derechos Humanos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario; Especialmente, por la muerte y las heridas causadas a los uniformados, al igual que los daños a los bienes de la población civil.

El presente comunicado se envía a las siguientes Autoridades e Instituciones:

Juan Manuel Santos, Presidente de la República. Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño. Bogotá, D.C. Fax: (+57 1) 566.20.71; E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

Germán Vargas Lleras. Vicepresidente de la República. Carrera 8a No.7-57. Bogotá, D.C.; Teléfonos: (57 1) 444 2120, 444 2122; E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

Juan Fernando Cristo. Ministerio de Interior. Carrera 8 No. 7 – 83, Bogotá D.C.; PBX : (57) 1 242 74 00; E-mail: servicioalfuncionario@mininterior.gov.co

Juan Carlos Pinzón. Ministerio de Defensa. Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN, Bogotá - Colombia PBX (57-1) 315 0111; E-mail: juan.pinzon@mindefensa.gov.co

Andrés Villamizar Pachón. Unidad Nacional de Protección. Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia - PBX: (571) 4269800; E-mail: atencionalusuario@unp.gov.co

Alma Viviana Pérez. Programa Presidencial De Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Calle 7 No. 6 - 54 Bogotá D.C.; Teléfono (57 1) 595 1850 Fax: (57 1) 566 2064, 334 1817; E-mail: ppdh@presidencia.gov.co

Jorge Armando Otálora Gómez. Defensoría del Pueblo; Calle 55 Nº 10 - 32 Bogotá PBX: [57 1] 3147300; E-mail: asuntosdefensor@defensoria.org.co

Alejandro Ordoñez. Procurador General de la Nación; Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co

Eduardo Montealegre Lynett. Fiscalía General de la Nación; Diagonal 22 B No.52-01 (Ciudad Salitre, Bogotá D.C.); Fax: (+571) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00- 2004; E-mail: luis.montealegre@fiscalia.gov.co

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Calle 113 No. 7-45 Torre B Oficina 1101 Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá; Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637; E-mail: oacnudh@hchr.org.co

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. 1889 F St. N.W. Washington, DC, U.S.A. 20006; Teléfono: (202) 370-9000, Fax: (202) 458-3992; E-mail: cidhoea@oas.org

Cualquier notificación para el seguimiento de ésta denuncia favor contactar al correo electrónico ascamcatcatatumbo@gmail.com