En medio del primer debate que la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes adelantaba sobre el proyecto de Ley 133 que decreta la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, Zidre, en lotes baldíos de todo el país, se avivó la polémica por las dudas que hay sobre la conveniencia de la misma y sus reales beneficiados.

La iniciativa anuncia "la creación de unas zonas destinadas a disminuir la pobreza, promover el desarrollo económico y social, así como incentivar la conservación del medio ambiente y promover el acceso a empleo para los campesinos".

Sin embargo, los senadores Iván Cepeda y Jorge Robledo aseguran que como esta planteado, el proyecto de Ley sólo busca entregar a grandes empresas los terrenos baldíos de todo el país para que sigan explotando a los campesinos, por lo que estos últimos no tendrían posibilidades de acceder a los mismos como propietarios sino que seguirían "subyugados".

Y es que el proyecto de Ley estipula que los terrenos serán entregados a "empresas agrícolas, forestales o ganaderas para que realicen proyectos asociativos vinculando a las comunidades campesinas a través de una inscripción ante el Ministerio de Agricultura y tras el visto bueno del Incoder quien entregará en concesión o cualquier otra modalidad contractual el dominio de los mismos".

Es decir, aunque no lo dice de manera explicita y concreta, los senadores argumentan que dicho proyecto no da espacio para que los campesinos se asocien y puedan tener el manejo de los lotes baldíos, sino que sólo podrán hacer parte como empleados de las empresas.

En este sentido, dicen los senadores, el proyecto de Ley, radicado el pasado 3 de octubre y que tuvo una primera socialización el pasado 26 de noviembre, viola los derechos de los campesinos según la Constitución Nacional, donde se establece que estos podrán hacer uso de los lotes baldíos del Estado.

Cabe aclarar que los terrenos que hacen parte de los procesos de restitución de tierras, así como las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas y los territorios colectivos no están contemplados dentro de las zonas de interés de desarrollo rural y económico, según los artículos 11 y 15 del proyecto de Ley.

"Ahora los campesinos tendrán que someterse a falsas asociaciones bajo la pena de ser expropiados de la tierra que constitucionalmente les habían entregado", afirmó el senador Robledo.

Ingresos y estímulos

A pesar de que el artículo 6 del proyecto de Ley 133 establece líneas de crédito para campesinos y empresarios, así como estímulos para su formación, promoción y capacitación, los senadores afirman que por la manera como está definidos los proyectos asociativos en los que la representación legal es de las empresas, los recursos no llegarán a manos de los campesinos.

Cabe anotar que el artículo 8 de la iniciativa establece que se creará un fondo con una cuenta especial, cuyos recursos están constituidos por los ingresos obtenidos de los contratos con las empresas que quieran acceder a un terreno. Y estos recursos serán invertidos en los proyectos de desarrollo rural vinculados a los proyectos asociativos que presentarán esas empresas.

Los impedimentos

Otro aspecto criticado por el senador Jorge Enrique Robledo es que el proyecto de Ley este siendo tramitado con congresistas impedidos y por el superintendente de notariado, Jorge Enrique Vélez, indicando que no cuenta con el fuero para tal fin.

"Jorge Enrique Vélez está tramitando la iniciativa, sin tener ninguna potestad legal para hacerlo, con lo cual atropella y viola la Ley, pero lo está haciendo como si nada, lo cual es mortificante. Ahora Vélez no va a sancionar a quienes violaron la ley de los lotes baldíos sino que va a cambiar la ley para arreglarle las cosas a los que la violaron".

Justamente, asegura el senador Robledo, por conflictos de intereses otros funcionarios tuvieron que hacerse a un lado.

Recordó que "el ministro Aurelio Irragorri tuvo que declararse impedido porque unos primos se apropiaron de tierras, al igual que Carlos Alfredo Urrutia Valenzuela, quien tuvo que renunciar como embajador al comprobarse que asesoró a empresas agroindustriales para apropiarse de tierras en la Orinoquía".

Pero, además, recordó que Néstor Humberto Martínez ha oficiado como defensor de esas ilegalidades de entrega de tierras y Luis Carlos Sarmiento Angulo también fue beneficiado con la entrega de terrenos baldíos.

Los senadores Robledo y Cepeda dicen que el balance del primer debate desarrollado este martes en la Comisión fue positivo, pues "los representantes Raúl Asprilla y Alirio Uribe denunciaron que el presidente de la Comisión Quinta Marco Sergio Rodríguez tiene al menos una propiedad en Casanare y por lo tanto habría un conflicto de intereses".

Además, según Cepeda, se logró comprobar que la exesposa de Rodríguez, quien también hace parte de la Comisión, la representante Nery Oros Ortiz, fue la encargada de distribuir una cantidad de tierras y adjudicaciones de baldíos cuando se desempeñó como directora del Incoder en el 2009.

Para los senadores, otros representantes de la Comisión así como algunos ministros tienen que dar un paso al costado, pues cuentan con familiares o allegados que se han beneficiado con la entrega de terrenos baldíos.

Cepeda y Robledo dicen que irán hasta las últimas consecuencias, pues continuarán con todas las exposiciones jurídicas sobre la no conveniencia del Proyecto de Ley. Y aseguran que de no lograr su cometido, ya cuentan con el compromiso de las diferentes organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes para realizar una movilización nacional en rechazo de esta iniciativa.

* Tomado de El País