La reunión de dos días, la semana pasada, entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, le puso fin a la crisis en la Mesa de La Habana, originada en la suspensión de las conversaciones hasta tanto la guerrilla no dejara en libertad al brigadier general Rubén Darío Alzate y a sus dos acompañantes, retenidos en el caserío Las Mercedes, cerca de Quibdó, capital del departamento de Chocó.

La decisión unilateral del presidente Juan Manuel Santos fue criticada inclusive por amigos del gobierno, porque puso en peligro los diálogos de paz, en contravía al compromiso del mandatario en la campaña reeleccionista de continuar en la mesa hasta el logro de la “paz estable y duradera”. Si algo convocó a sectores democráticos y de izquierda a respaldar a Santos en la segunda vuelta de la elección presidencial, en junio pasado, fue el temor a que la extrema derecha uribista, representada en Óscar Iván Zuluaga, pudiera ganar y acabar de un solo tajo con este esfuerzo democrático de construir un acuerdo político de paz, en el cual, por cierto, se han dado importantes avances, como lo reconocen las dos partes.

En este sentido, Santos no solo defraudó a sus electores, sino que violó el Acuerdo de La Habana que establece que “los diálogos serán ininterrumpidos”. Pero, además, su propia palabra, porque una y otra vez ha dicho que “el diálogo se adelantará en medio de las acciones militares propias del conflicto”.

La crisis se pudo superar, pero es evidente que se perdió la confianza entre las partes y que se sentó un mal precedente que de ninguna manera puede repetirse. Es lo que parece con el acuerdo logrado la semana pasada y consignado en la declaración conjunta de que: “Las delegaciones acordaron establecer un mecanismo permanente, a través de los países garantes, para facilitar la solución de eventuales crisis que se puedan presentar en el futuro”. La decisión es importante porque, al menos, en el evento de nuevas crisis, los países garantes asumirán, en la práctica, la condición de mediadores.

Otros acuerdos

En la declaración conjunta en que las partes anuncian que “luego de analizar conjuntamente los hechos de las últimas semanas, consideramos superada la crisis”, anuncian que entre el 10 y el 17 de diciembre reanudarán el trabajo de la mesa “con el propósito de avanzar en el tema del desescalamiento del conflicto con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible en esta materia”.

Con el “desescalamiento” (horrible palabra y pertinente es recordar que en el informe de la “Comisión de Notables” en los diálogos del Caguán se introdujo mejor el concepto de “bajar la intensidad del conflicto” que supone la posibilidad de acuerdos humanitarios hasta cese de fuegos y treguas bilaterales), seguramente las partes buscarán acuerdos humanitarios para proteger a la población civil, aunque el gobierno, de hecho, ha negado el cese de fuegos bilateral que sería la decisión ideal para “bajar la intensidad del conflicto” como lo propusieron “los Notables” en 2003 en el Caguán.

Tampoco se conoce si el “desescalamiento” se producirá con determinaciones que obliguen a las dos partes o, como suele hacerlo el gobierno, exigirá compromisos unilaterales a la insurgencia. En las condiciones de desconfianza tras la crisis provocada por el Gobierno Nacional, lo más aconsejable son las decisiones y compromisos bilaterales, obligatorios, por ende, a las dos partes.

Para las organizaciones sociales, por ejemplo, el “desescalamiento” debe incluir los temas sociales y laborales, porque mientras el gobierno de Santos hace acuerdos en La Habana muy importantes, en Colombia refuerza las políticas neoliberales de beneficio a los capitalistas y de ignorar los reclamos populares que se producen por la angustia del recorte de los derechos y de mayor pobreza y miseria en la mayoría de la población.

La agenda legislativa es contraria a la justicia social, mientras que el Gobierno Nacional incumple pactos y promesas a los campesinos, indígenas y negritudes, al tiempo que se apresta a encarar un proceso de concertación con las organizaciones sindicales con cartas marcadas en favor de los empresarios que lloran por la reforma tributaria y ante los reclamos de los trabajadores de un salario digno y más justo.

Otros acuerdos fueron: recibir el 15 de diciembre a la primera delegación de organizaciones en el marco de la subcomisión de género; y realizar el 16 de diciembre la quinta y última audiencia con víctimas del conflicto. Llegan así a la cifra de 60 víctimas en representación del universo de los afectados por el conflicto colombiano. Desde el 17 de diciembre entrará en receso la mesa hasta la segunda mitad del mes de enero de 2015, en fecha que está por definirse.

El debate está abierto

La crisis de pocos días avivó el debate sobre distintos temas trascendentales para el logro de la paz. Las reuniones del Consejo Nacional de Paz, del Frente Amplio, de Clamor y la Cumbre por la Paz del 9 de diciembre, plantearon que la participación democrática de los ciudadanos es fundamental y un factor esencial para legitimar el proceso de La Habana. Tanto la Delegación de Paz de las FARC-EP como Sergio Jaramillo, alto comisionado de Paz del Gobierno Nacional, reconocieron que lo más importante no está en la mesa sino en el debate que están planteando distintos sectores en Colombia.

Aunque es evidente el interés gubernamental de lograr un consenso con los opositores a la paz y con los empresarios que sienten temor por los cambios democráticos y sociales indispensables para la paz estable y duradera. Desde la orilla popular y social se trabaja por una agenda democrática, de defensa de la soberanía y del medio ambiente y de soluciones sociales aplazadas por muchos años en el país.

La deuda histórica del régimen colombiano con los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los jóvenes y las mujeres es monumental. Las agendas populares serán insumos indispensables para la Asamblea Nacional Constituyente que deberá abordar la refrendación de los acuerdos, dirimir los desacuerdos y encarar profundas reformas políticas sociales para una real apertura democrática.

Y mientras en la Universidad de Harvard, con la oposición de decenas de estudiantes colombianos, comparecía el procurador Alejandro Ordóñez para atacar y falsificar la realidad de los diálogos de paz, en Colombia el fiscal Eduardo Montealegre hacía planteamientos muy avanzados que escandalizan a la “gran prensa” y al establecimiento.

El fiscal Montealegre intervino en un panel en el Primer Congreso de Poder Ciudadano de la ex senadora Piedad Córdoba, en el Club de Ejecutivos, el viernes 5 de diciembre pasado, junto al director de VOZ, Carlos Lozano, la directora de teatro Patricia Ariza y el representante liberal Juan Carlos Losada. Sus planteamientos, muy interesantes, fueron al fondo de lo que es el delito político y sus conexos.

Participación en política de las FARC

Montealegre hizo una amplia explicación del delito político y de su naturaleza, al tiempo que lanzó veladas críticas a la Corte Penal Internacional y a quienes hacen la lectura dogmática de la Constitución Política en los artículos que tratan sobre la materia. En definitiva se mostró partidario de la participación política de los insurgentes cuando pacten la paz, al tiempo que reconoció que deben establecerse penas alternativas aun en los casos de delitos de lesa humanidad y de genocidio. Defendió el carácter político de la insurgencia y estableció, en este sentido, la diferencia con los militares y los paramilitares que no lo tienen. Pues los primeros son agentes del Estado y los segundos delincuentes que no están comprometidos con una causa política.

Dijo que no existe ninguna norma de derecho internacional que prohíba la participación en política de un ex combatiente que haya sido sometido a justicia transicional. Colombia no es la excepción. Señaló, asimismo, que el narcotráfico debe considerarse como delito conexo del delito político, porque no es independiente sino que hizo parte del fin político de la insurgencia. Son planteamientos de debate, escandalizan a la derecha y a los fundamentalistas, pero deben provocar la polémica en función del bien supremo de la paz que requieren los colombianos.