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Gobierno colombiano aprobó extraditar a prisionero político
Franklin Ramos Sánchez fue pedido en extradición por los EEUU en un caso por narcotráfico y porte ilegal de armas, basado en falsos testimonios de dos informantes.
Fundación Lazos de Dignidad / Jueves 11 de diciembre de 2014
 

La Fundación Lazos de Dignidad (FLD) emite acción urgente ante la comunidad nacional e internacional con el fin de que se revoque la extradición del prisionero político Franklin Ramos Sánchez, recluido en el patio 12 del ERON Picota (Patio de Extraditables) en la ciudad de Bogotá.

La FLD recibió solicitud de intervención de parte del prisionero político Franklin Ramos Sánchez, a quien le ha sido notificada la autorización de parte del gobierno colombiano para ser extraditado a los Estados Unidos con fines de vincularlo formalmente en calidad de investigado a un proceso penal.

La solicitud de extradición fue realizada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York bajo el número de Indictment 43674, por los delitos imputados de narcotráfico y porte ilegal de armas con fines de narcotráfico, donde las pruebas para vincularlo se basan en el testimonio de dos informantes del gobierno estadounidense identificados como Ángel Pretel Ortíz y Juan Carlos Ortiz Bonilla, quienes afirman que el prisionero se reunió con ellos para conversar sobre un posible negocio de armas para las FARC-EP.

Franklin Ramos Sánchez fue capturado en la ciudad de Cartagena el 13 de febrero de 2014, por órdenes de la Fiscalía General de la Nación en respuesta a la solicitud de extradición, sin encontrarle ningún elemento que lo comprometiera con algún delito y mucho menos sin que portara armas o sustancias psicoactivas al momento de la captura. En el pasado Franklin Ramos Sánchez purgó condena por el delito de rebelión proferida por un juez de la república de Colombia, quien lo halló responsable de pertenecer a las FARC-EP, razón por la cual el prisionero político considera que su extradición constituye una persecución política y un falso positivo judicial.

El prisionero político Franklin Ramos Sánchez es padre cabeza de familia, por lo que su extradición no sólo sería un atentado a sus derechos sino que también ocasionaría un daño para su familia que quedaría totalmente desamparada.

Por este montaje judicial que padece, el prisionero político Franklin Ramos Sánchez solicita ser incluido como víctima del Estado en la Mesa de Diálogos de Paz en la Habana y pide al Gobierno de Colombia y a las FARC-EP pactar la revocatoria de extradición de él y tres prisioneros políticos más identificados como Eduardo Cabrera, Didier Ríos y Juan Vicente Carvajal Isidro, también recluidos en el ERON Picota y pedidos en extradición bajo montaje judicial.

Consideraciones

El gobierno de Colombia ha violado la Constitución Política al autorizar la extradición del prisionero político Franklin Ramos Sánchez, toda vez que los hechos alegados por el solicitante se basan en conductas que vinculan al prisionero con el accionar rebelde de las FARC-EP. Frente a esto el artículo 35 de la Carta Magna indica que “La extradición no procederá por delitos políticos”. Adicionalmente, la solicitud se hace con fines de investigación y no está probado que Franklin Ramos Sánchez haya cometido el delito objeto de investigación, ante lo cual la norma es clara al indicar que la extradición se concederá por “delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.”

Es reprochable que se autorice la extradición del prisionero político Franklin Ramos Sánchez, ya que está prohibido por la Constitución, no se ha probado su responsabilidad penal y es conocido el mal proceso que llevan las autoridades colombianas y estadounidenses en el tema de extradición lo que ha ocasionado arbitrariedades contra ciudadanos colombianos como Joel Chaustre Gómez, extraditado a los Estados Unidos con fines de investigación y declarado inocente luego de purgar más de nueve meses de prisión en el extranjero, y Ariel Josué Martínez Rodríguez, quien purgó seis meses de prisión en Colombia por pedido de extradición y se libró de ser extraditado al ser declarado inocente antes de hacerse efectiva la solicitud.

Estas arbitrariedades han ocasionado daños que los ciudadanos colombianos no estaban en capacidad de resistir, máxime cuando el Estado colombiano tiene la obligación de proteger derechos de todas las personas residentes en el territorio nacional.

Así mismo, la autorización de la extradición del prisionero político Franklin Ramos Sánchez, en el actual contexto de diálogos de paz, no es proporcional ante el gesto de paz de las FARC-EP de liberar al general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Necesitamos del Gobierno colombiano una muestra de paz con los ciudadanos colombianos en prisión pedidos en extradición.

Llamado a la Mesa de La Habana

Hacemos un llamado a la Mesa de La Habana para que se pacte la revocatoria de la extradición de Franklin Ramos Sánchez y en adelante el gobierno colombiano no autorice más extradiciones de prisioneros políticos, en cumplimiento a la Constitución Nacional y como respeto al Acuerdo de La Habana que se aproxima a resolver el punto de la revisión de la situación jurídica de los prisioneros vinculados a las FARC-EP.

Petición al presidente de Colombia

Solicitamos al Presidente de la República revocar la extradición del prisionero político Franklin Ramos Sanchez y no autorizar más extradiciones de prisioneros políticos, en cumplimiento a la Constitución Nacional y como respeto al Acuerdo de La Habana que se aproxima a resolver el punto de la revisión de la situación jurídica de los prisioneros vinculados a las FARC-EP.

Llamado a la solidaridad

Solicitamos a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, respaldar esta acción urgente y dirigir cartas al presidente de la República de Colombia solicitando la revocatoria de la extradición del prisionero político Franklin Ramos Sanchez.