Debora Useche, jefe de Oficina Jurídica de Reclusión de Mujeres de Bogotá, obstaculiza la entrega de documentos requeridos por el Juzgado Séptimo para poner en libertad condicional a la presa política de conciencia, Liliany Patricia Obando Villota, socióloga y defensora a los derechos del campesinado colombiano. Anncol ha hablado con ella.

La luchadora popular fue sentenciada a 70 meses de prisión en un juicio que ha sido caracterizado como un caso de “falso positivo judicial”. Solo le queda dirigirse a la opinión pública internacional para que se cumpla la decisión de libertad condicional.

La jefa de la Oficina Jurídica de reclusión de mujeres de Bogotá, Debora Useche, no solo obstaculiza la entrega de documentos desde el mes de agosto, sino también viola la ley, como dicen sus abogados en un comunicado de prensa:

“Se están bordeando normas típicas del Código Penal como el fraude a resolución judicial, que establece el art. 454 “el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 S.M.L.V.” y las conductas de tipo disciplinario que establece el art. 27 de la ley 734 de 2002.

–Me han violado absolutamente todos los derechos procesales, porque la Corte (Suprema de Justicia) tampoco admitió una petición de revisar el proceso. Me están haciendo un grave atropello. Porque primero me sentenciaron a 70 meses y una multa (de 450 mil dólares) basados en pruebas declaradas ilegales por la Corte Suprema (del computador de Raúl Reyes), que han afectado toda mi vida. Cuando se ha pagado las tres quintas partes, en mi caso 42 meses, de la condena, se tiene derecho a solicitar libertad condicional. Pero tengo más que el tiempo para que me otorgan la libertad condicional, dice Liliany Obando.

Ella se encuentra pagando la condena desde el 8 de agosto de 2008, es decir más de seis años. Escucha toda la entrevista (25 min.) en siguiente enlace: https://app.box.com/s/en0hsjad09yvij8scpx7

El caso del director de Anncol

Cuando el director de Anncol, Joaquín Pérez Becerra, fue absuelto de todas las acusaciones y puesto en libertad el 23 de julio año en curso, el establecimiento político, encabezado por el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez y el procurador Alejandro Ordóñez, perdió su único caso condenatorio en la mal llamada ´Farc-política´. Pérez había sido sentenciado a ocho años de cárcel por vínculos con las FARC. Las pruebas de la fiscalía eran tan malas que los tres jueces en la segunda instancia no tenían otra alternativa sino poner a Pérez en libertad.

Fue el 23 de julio.

El 5 de agosto el DAS, policía política secreta, detuvo a Liliany Obando en los calabozos durante 15 días. Era una revancha por la libertad otorgada en el caso de Pérez, dicen varios juristas consultados por Anncol.

La rebaja de las penas a los jefes del DAS

El DAS fue disuelto por haber estado totalmente contagiado por las conductas de jefes de la contrainteligencia. La cúpula fue condenada por acciones ilegales y de haber entregado nombres a los paramilitares que en varios casos ejecutaron a esas personas.

Anteayer, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que condenó a los oficiales de la contrainteligencia del DAS, Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, a ocho años de prisión por los hechos que rodearon las interceptaciones ilegales del DAS. Los dos habían recibido una reducción de cuatro años por haber colaborado con la Justicia en el fallo anterior.

Pero es de notar que las sentencias por semejantes crímenes realizados por estos dos funcionarios uniformados del estado, son iguales a los del caso de Pérez y de Liliany Obando, solo por presidir una agencia de noticias alternativa y de ser una luchadora popular, respectivamente.

Caso de Miguel Ángel Beltrán

Ayer fue condenado a cien meses de prisión el profesor universitario Miguel Ángel Beltrán. Se revive, después de haber sido liberado de todas las acusaciones hace cuatro años, su caso de la ´Farc-política´ y se ordenó su captura por delito de rebelión.

En el fallo se revocó la absolución emitida hace cuatro años por la jueza cuarta penal especializada de Bogotá, y se consideró que existían pruebas para vincularlo con un grupo armado ilegal, escribe El Espectador en un relato del nuevo fallo.

Y como en el caso de Liliany Obando, “el ente acusador llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’, abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador”.

Violan la decisión de la Corte Suprema de Justicia

Es decir, siguen utilizando pruebas que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal. Y según la Fiscalía General, el profesor universitario era alias ‘Jaime Cienfuegos’, ideólogo de la comisión internacional de las FARC.

Es una idéntica acusación a la que los agentes del DAS-G3 hicieron el 19 de octubre de 2005 a este periodista que también fue catalogado como “ideólogo de las FARC” [http://das-terror.blogspot.com/2011/05/folio-3.html].

Vale recordar que en junio 3 de 2011 la jueza especializada de Bogotá absolvió a Miguel Ángel Beltrán de los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado y financiación de grupos terroristas, al considerar que no se le podía dar validez a las pruebas halladas en el campamento de ‘Raúl Reyes’, luego de que la Corte Suprema de Justicia considera que no se había respetado la cadena de custodia durante la operación militar.

Como si fuera poco, y a pesar de la absolución de Beltrán de toda acusación de pertenecer a un grupo guerrillero, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos.

La pregunta que se hace es: ¿Quiénes están detrás de estas maniobras jurídicas contra Liliany Obando y Miguel Ángel Beltrán para revivir la ´Farc-política´ en Colombia al mismo tiempo que el proceso de paz avanza en La Habana?