Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Entre los expulsados tres generales, comandantes de la VII y II división del ejército que incluyen brigadas y batallones como el Calibío, responsables de asesinatos de campesinos en el Valle del Río Cimitarra
Uribe destituyó a 27 oficiales violadores de derechos humanos del ejército colombiano
César Jerez / Miércoles 29 de octubre de 2008
 

Fundador y redactor de la Agencia Prensa Rural. Geólogo de la Academia Estatal Azerbaijana de Petróleos (exURSS). En Bakú obtuvo una maestría en geología industrial de petróleo y gas. Es profesor y traductor de idioma ruso. Realizó estudios de gestión y planificacion del desarrollo urbano y regional en la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP de Bogotá. Desde 1998 es miembro de la ACVC. Actualmente coordina el equipo nacional dinamizador de Anzorc. Investiga y escribe para diversos medios de comunicación alternativa.

Temas relacionados

Cuando se visita la página de internet del ejército o de sus respectivas divisiones la portada te recibe con mensajes sensibles y esperanzadores: “ …defender y preservar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es la indeclinable voluntad del soldado…nos garantiza resultados operacionales efectivos y transparentes…..protegemos la vida, la integridad y la dignidad de los colombianos…”.

Cuando uno va por las veredas del nordeste antioqueño, del sur de Bolívar, del valle del Río Cimitarra, de Aráuca, del Catatumbo, se encuentra con las historias de vida de familias campesinas destrozadas, en demasiados casos, por miembros de la institucionalidad del estado creada para protegerles.

Algunos se justifican y dicen desde sus altos cargos, sus charreteras, desde la autocensura que impone un salario en un medio de comunicación, desde el idiotismo mediático: “ …por algo sería, la guerra es así…viven con la guerrilla, son sus auxiliadores, los apoyan, son sus simpatizantes, sus idiotas útiles…”. La verdad es que nada justifica los asesinatos, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes de guerra de ninguna de las partes. La guerra tiene límites en convenios, protocolos, reglamentos internos, en el principio de distinción, en la humanidad misma de los que la dirigen y de los que la hacen.

Al anunciar la destitución de la mayor cantidad de oficiales por violaciones a los derechos humanos en la historia del país y del ejército, Uribe se ha justificado con fuertes palabras de cajón “…cobardía, negligencia, falta de cuidado, confabulación entre delincuentes y miembros del ejército…”. El senador Petro, que va de avispado, se pronunció prontamente para decir que él ya había denunciado los “falsos positivos”, que la decisión es tardía y que todo es culpa de la política de incentivos y ascensos militares.

El ejército de Colombia realiza ejecuciones extrajudiciales y ha utilizado escuadrones de la muerte y bandas de sicarios desde mediados de siglo pasado, por lo menos, no en base a coyunturas salariales, sino a doctrinas de seguridad impuestas por el departamento de estado gringo, la escuela de las Américas y el comando sur, formulas represivas contra el “enemigo interno” que se han experimentado en Colombia de manera disciplinada por parte de las fuerzas militares, que tiene en el enfoque interagencial, la doctrina de la acción integral y la recuperación militar y social de los territorios su más reciente versión.

Miguel Ángel González Gutiérrez salió de su finca de la vereda Dos Quebradas, en uno de estos territorios por recuperar, a lomo de mula hacia Puerto Nuevo, en el río Ité. Por el camino que bordea el Río Tamar se encontró con efectivos del batallón Calibío, de la decimocuarta brigada, de la séptima división del ejército, que comandaba el general Luis Roberto Pico Hernández. A Miguel Ángel lo asesinaron los militares y se lo llevaron en un helicóptero a Puerto Berrío, lo enterraron en una fosa común. Los medios de comunicación previamente habían “legalizado” la versión del ejército: “Dado de baja guerrillero en combate”. Miguel Ángel tenía dos hijos y mujer, era dirigente de la organización de derechos humanos del nordeste antioqueño CAHUCOPANA e hijo de Miguel González Huepa, dirigente campesino fundador de la ACVC, que se enteró del asesinato de su hijo en la cárcel Modelo de Bucaramanga, donde se encuentra recluido desde hace una año enfrentando un proceso por rebelión, paradójicamente basado en informes de inteligencia militar y versiones de informantes a sueldo del ejército.

El coronel Juan Carlos Barrera, comandante de la décimocuarta brigada y 6 oficiales del batallón Calibío, que opera en el nordeste antioqueño, han sido destituidos por estar relacionados con ejecuciones extrajudiciales de campesinos. El historial violatorio del batallón Calibió es de vieja data en nuestra región, según la página web de la séptima división : “El 3 de enero de 1984, en ceremonia presidida por el Señor Brigadier General Farouk Yanine Díaz recibió el mando de la Unidad Táctica el Señor Teniente Coronel Luis Antonio Meza Ortiz…. Su misión como unidad de ingenieros militares consiste en aumentar el poder de combate de las unidades de maniobra por medio de operaciones de movilidad y contramovilidad, que faciliten el movimiento de las tropas e impedir el del enemigo. Su jurisdicción comprende el municipio de Puerto Parra (Santander), el área rural del municipio de Puerto Berrío y una porción rural de los municipios de Yondó (Antioquia) y Cimitarra, en donde adelanta operaciones contundentes contra las organizaciones ilegales”.

Estos eran los años del auge de organizaciones sicariales en el Magdalena Medio, utilizadas posteriormente en el exterminio de los dirigentes sociales, del partido comunista y de la Unión Patriótica en esta región. El general Faruk Yanine, solo para citar un caso, es señalado por varias investigaciones, informes de derechos humanos y organizaciones campesinas de ser uno de los fundadores de MAS (muerte a secuestradores) creado inicialmente en Puerto Berrío y Puerto Boyacá, en el que confluyeron militares, asesores israelitas, ganaderos, políticos, empresarios y narcotraficantes para preparar, planificar y ejecutar labores de guerra sucia y de terrorismo de estado.

La destitución de la oficialidad responsable por las violaciones a los derechos humanos en el nororiente colombiano no es la justicia todavía, queda pendiente su proceso ante la justicia ordinaria. La justicia y el fuero militares son un mecanismo de impunidad. Uribe, su vicepresidente Santos y su ministro de defensa, también Santos, primo hermano del anterior, son responsables de estos crímenes. El primero por ser el jefe del estado que desde la seguridad democrática promueve estas violaciones, el segundo por ser el responsable mudo del tema de derechos humanos en el gobierno y el tercero por ser connivente y omisivo con las violaciones de los derechos humanos de los comandantes militares.

Miguel Ángel, Carlos Mario, Carlos, Nelcy, Orlando, Diomedes, José… todos nuestros muertos y sus familias, esperan todavía la justicia, que sin duda llegará.

Consulte el listado completo de oficiales y suboficiales destituidos (Nota de Prensa Rural).