El Gerente General del Incoder en su visita al Cauca dejó claro que por ahora no se aprobarán más Zonas de Reserva Campesina en el país, hasta que el gobierno no terminé el proceso de revisión y evaluación de su fundamento político. Campesinos del Cauca reclaman celeridad con diez solicitudes que llevan varios años en el escritorio del Incoder.

En su visita al Cauca, el director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Rey Ariel Borbón, tocó un tema sensible para los intereses de los campesinos que desde hace años vienen luchando por el cumplimiento de un derecho constitucional enmarcado en la ley 160 de 1994: las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). A pesar de que dijo que en el departamento aún no existe ninguna ZRC legalmente constituida, advirtió que esto no ha sido óbice para que el gobierno nacional invierta en el campo.

De hecho, da unas cifras de la ejecución que este instituto hizo el año pasado, según sus cuentas, asciende a más de $ 8.311 millones. “Es uno de los departamentos que mayor inversión tiene en este momento por parte del instituto, dados los conflictos territoriales, la vulnerabilidad de las poblaciones y los niveles de pobreza”, expresó Borbón.

Sin embargo, el tema de la ZRC es sensible para los campesinos del departamento que desde hace más de tres años están presentando solicitudes al Incoder para legalizar esas zonas en municipios como: Inzá, Totoró, Páez, Corinto, Miranda, Caloto, La Vega y Santa Rosa. Y quedó claro por ahora, según este funcionario que no se aprobarán solicitudes hasta tanto la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Planeación Nacional y el mismo Incoder revisen y evalúen las políticas acogidas en la ley 160 de 1994.

Hasta el momento, en todo el territorio nacional hay seis ZRC legalmente constituidas y activas que están en los departamentos de Cundinamarca, Putumayo, Bolívar, Guaviare, Caquetá, y Antioquia. Y aprobadas y pendientes por constituir existen siete: en Norte de Santander, Bogotá, Cesar, Meta, Sucre y Bolívar.

Según datos de la Coordinación Campesina Cauca del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), actualmente hay diez solicitudes para establecer ZRC en 16 municipios del departamento, de las cuales, en dos de ellas el Incoder ya realizó la visita y viabilizó el inicio de procesos de constitución de dichas zonas. Por lo pronto, el número de hectáreas solicitadas no se conoce hasta que el Incoder realice el Plan de Desarrollo Campesino en cada uno de los territorios.

Para Oscar Salazar, coordinador de la Organización Proceso Campesino y Popular del municipio de La Vega (PCPV) no es raro que el gobierno colombiano diga que está en un proceso de evaluación de la Ley 160: “hay un empecinamiento en desconocer la cultura campesina, tanto así que en el Censo Nacional Agropecuario ni siquiera se considera al campesino colombiano como sujeto de derecho, pues ni siquiera existe la pregunta en el formulario”, dijo.

Esta puja entre el gobierno y las comunidades es latente, pues Borbón no solo manifestó que las Zonas de Reserva Campesina por ahora están en análisis, sino que aseguró que el gobierno ve que en las zonas actualmente constituidas, “no se están cumpliendo los propósitos. El pensado y la visión de nosotros es que estas zonas tienen que cumplir el objetivo con el que fueron creadas”.

Según Eliecer Morales, coordinador del PUPSOC, a raíz del incumplimiento del Estado frente al mandato legal sobre la constitución de ZRC, las organizaciones campesinas municipales de esa organización han declarado sus territorios como “Zonas de Reserva Campesina legítimas de hecho”, en los municipios de Patía, Argelia, Balboa, La Vega, Piendamó, Cajibío, Caloto, Corinto, Miranda, Totoró, Inzá y Páez.

De otro lado, Salazar, quien además es líder de la solicitud de la ZRC de La Vega solicitada en el 2012, comentó que las ZRC tienen obstáculos políticos y jurídicos, y dijo que el Incoder se “hace el de los oídos sordos para continuar con los procesos”, pues según él, implica cumplir con etapas de planificación, empoderamiento, clarificación de las propiedades (de cuáles serían los territorios campesinos) y asegurar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida. “Sabemos que no es fácil que se materialicen estos derechos y por eso nos mantenemos en esta iniciativa” expresó Salazar.

Morales manifiesta que dicha revisión a la ley que reglamenta las ZRC nunca fue consensuada con las organizaciones campesinas y líderes de estas zonas, tanto las constituidas como las que están en etapa de solicitud. “La Coordinación Campesina Cauca del PUPSOC rechaza dicho estudio ya que solo busca evadir un mandato legal de la ley 160 de 1994, el art 64 y 65 de la Constitución Política Colombiana”, puntualizó Morales.

Así mismo, enfatizó que en el Cauca el único apoyo que el Incoder le ha dado a la solicitud de constitución de ZRC son dos convenios que suman $ 680 millones ($500 millones vía convenio ACIT – Incoder y $ 180 millones vía PNUD – Ecosur), fruto de las tensiones territoriales en el departamento, la presión y movilización campesina en el año 2012 y 2013.

Paralelo a esto, Borbón sostiene que el gobierno nacional está llegando a las regiones con proyectos de impacto que mejoran las condiciones de vida sin que exista la figura de estas zonas.

Al respecto, Salazar aceptó que el Incoder ha invertido en el Cauca: “hemos adquirido tierras y desarrollado proyectos productivos”. No obstante, se refirió a la proporción que reciben las comunidades campesinas e indígenas al creer que han recibido recursos, pero en menor proporción a lo que deberían, al ser los campesinos mayoría en el departamento.

“Los recursos que nos han brindado han sido fruto de nuestra lucha y tenemos que seguir luchando para tener más, producto de las exigencias que hemos hecho”, agregó el líder campesino.

Así las cosas, todo indica que las posiciones entre gobierno nacional y organizaciones campesinas continuarán divididas en el Cauca hasta que las ZRC estén legalmente constituidas por el derecho que tienen según la ley 160 de 1994 y “se le haga un reconocimiento al campesinado de la región”, a pesar de que el gobierno nacional, a través del Gerente del Incoder, sostenga que los recursos llegan a las regiones sin necesidad de que existan estas.

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