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La justicia de género, resistencia y los diálogos de La Habana
Uldarico Flórez Peña / Viernes 13 de febrero de 2015
 

“Su libertad debe venir desde y a través de ella misma. Primero afirmándose a sí misma como una personalidad y no como una mercancía sexual. Segundo, rechazando el derecho de cualquiera sobre su cuerpo, rechazando a tener hijos a menos que ella quiera”

Goldman Emma

La justicia, como todo sistema social, responde a un orden patriarcal por lo que tanto sus postulados como quienes están llamados a ponerla en curso se ven afectados por sesgos que violan los principios de igualdad y no discriminación lo que afecta en particular a las mujeres.

La reclamación de los derechos de la mujer en estos momentos de diálogos de paz, requiere el apoyo y esfuerzo de la sociedad para alcanzar una equidad de género, nuestra propuesta apunta a que este debate sirva para empoderar a las mujeres e inspirar a la sociedad a comprometerse con la justicia de género.

Las violencias de género (siendo sus principales manifestaciones la violencia doméstica y la violencia sexual, la cuales muchas veces cobran la vida de las mujeres) han sido las situaciones de violación de los derechos humanos más proclives a ser consideradas como asuntos de menor importancia o, para el derecho penal, delitos menores. Para la justicia de género la lucha contra la impunidad de delitos perpetrados contra las mujeres por el hecho de serlo y motivados por la discriminación que las afecta es materia central puesto que estas conductas perpetúan las relaciones de poder desiguales entre ambos sexos y naturalizan la violencia contra las mujeres. Desde esta perspectiva, la justicia de género vela porque las mujeres tengan acceso a la justicia, se apliquen las leyes a favor de sus derechos y se tipifiquen los delitos que los vulneren (tanto en el ámbito público como privado).

Miremos por ejemplo que la Conferencia Mundial sobre Mujeres ha introducido importantes elementos progresistas sobre la igualdad de género, pero aun así las desigualdades de género persisten y en la actualidad hay un ambiente económico y político menos favorable para promover la igualdad.(4ª. Conferencia Mundial sobre Mujeres celebrada en Beijing), es decir hoy podemos decir debemos promover la justicia de genero a través de los diálogos de paz de la Habana.

La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza con este documento quiere abrir un debate con todos los colegas abogados, feministas, defensores de derechos humanos entre otros, en la idea de realizar un foro para que de una manera transversal en nuestras audiencias e intervenciones apliquemos de una manera creativa la justicia de genero enriquecida con todos los convenios y tratados leyes nacionales sobre los derechos de la mujer (Ley 1257 del 2008) y sobre todo el bloque de constitucionalidad que nos habla el artículo 93 de la carta política del 91.

Creemos que la experiencia acumulada por las organizaciones feministas, algunas sentencias de la honorable Corte Constitucional (Sentencia C-652/97, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia C-595/96 M.P.: Jorge Arango Mejía, Sentencia C-371/94, M.P.; José Gregorio Hernández Galindo) sindicatos y organizaciones civiles, han desarrollado metodologías y herramientas que se puede llevar acabo como experiencias para el foro y constituyen un acervo importante que podemos utilizar para el fortalecimiento de esta importante lucha por la justicia de género.

Con el foro debemos pretender experiencias de los resultados e investigaciones que han desarrollado diversas organizaciones que tiene que ver también de una manera protuberante con factores asociados a la violencia intrafamiliar.

También buscamos como objetivo del foro establecer características y condiciones para aplicar la justicia de género que debe ubicarse también, como ya se dijo anteriormente, en la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil y buscar soluciones para establecer una verdadera política pública de prevención. Buscamos también que mediante una aproximación a través de un estudio podamos establecer las manifestaciones externas más importantes del fenómeno, buscando la compresión de los diversos sectores que allí intervienen para erradicar definitivamente a través de una política pedagógica y cultural sobre la materia.

Desde luego que debemos evaluar lo que el Estado colombiano ha venido realizando sobre este tema y mirar qué posibilidades hay para que podamos apropiarnos de elementos jurídicos muy positivos que ahondaremos más adelante; pues es clave entender que se debe hacer un abordaje del marco jurídico sobre la justicia de género de lo que hay hasta el momento de parte del estado y que creemos debe ser conocido a fondo por las organizaciones feministas.

Por ejemplo las comisarías de familia, casas de justicia, tienen importantes aportes sobre la materia que conjugan elementos de la dinámica familiar dentro del contexto socioeconómico y cultural en que se encuentran inmersas las familias que se ven involucradas en la violencia de género y también configuraciones críticas a nivel de los sectores sociales, estratos, localidades, entre otros, así podremos entender las diferentes manifestaciones violentas al interior de la familia y proponer formas novedosas de la aplicación de la justicia de genero desde lo particular a lo general.

El enfoque que le demos en el foro nos permitirá proponer facetas alternativas para comprender el problema y buscarle soluciones colectivas desde las distintas perspectivas teóricas de las organizaciones feministas para contribuir a la construcción de una comprensión integral del problema.

En el caso de las prisioneros políticas es muy importante destacar el último Boletín Desde Adentro, en cual se expone de una manera descarnada la grave situación que plantean las compañeras Liliany Patricia Obando, Doris Suárez Guzmán y algunos familiares, donde destacan la discriminación y subordinación que tradicionalmente viven la mujeres y como se exacerba en la prisión la violencia de género, como el ejercicio de la sexualidad altamente controlada y que compromete lo más íntimo del ser femenino en las pocas y sexistas ofertas de trabajo y estudio, en la escasas posibilidades para ejercer su decisión de ser madres en el duro tratamiento penitenciario y judicial. Lo más grave de todo es que en la prisión las mujeres se vuelven invisibles.

En las cárceles, la violencia contra la mujer se consolida en una venganza legalizada que se nutre de la ignorancia jurídica y normativa de las mujeres. Por eso y por necesidad, dócilmente aceptan ser manos baratas en trabajos de maquila con pagos de miseria y les dicen que deben ser agradecidas por el favor de ser explotadas.

Gladys destaca que “…El conflicto armado ha impregnado el cuerpo y la vida de la mujer en Colombia quedando en ella tatuada la humillación a la que es sometida, ya que ha sido utilizada como botín de guerra, es esclava sexual para infiltrar a los enemigos, violentada sexualmente y asesinada en ocasiones en presencia de su familia. Lo anterior en la mayoría de los casos por paramilitares y lo que es peor aún por integrantes de las fuerzas militares quienes llegan como buitres y violan nuestras niñas, las torturan y someten a tratos inhumanos y degradantes..”

El sistema penitenciario en Colombia para la mujer revolucionaria se convirtió en símbolo de dolor y el sufrimiento personalizado tiende a corporizarse en las mujeres farianas. Los reclamos de justicia y tratamiento humano y digno no existen desde una perspectiva de género; y se busca un triple castigo como es la pena, multas impagables y represión carcelaria que castigan el cuerpo femenino sin rostro, porque castigan es terroristas, con todos los abusos a sus familiares como tactos vaginales. Todo ligado a la identidad de género como objeto sexual, que son susceptibles de tortura psicológica, física entre otros. Pues para la guardia del Inpec, está es al frente de una imagen de mujer masculinizada, con su uniforme y armas, un cuerpo que rechaza todo rasgo femenino.

El encanto femenino no se puede ni siquiera perder en el movimiento guerrillero, a pesar de las dificultades para integrar la feminidad de las mujeres farianas en la memoria, la resistencia y la participación política de la mujer; hay que movilizar con mucha energía los mejores sentimientos de amor y ética y del cuidado para la solución de estas violencias de género, para que la mujer colombiana se convierta en la principal razón de ser de los Diálogos de la Habana.

Necesitamos destruir todo ese entramado social-patriarcal en el que normalmente se desarrollan las actividades cotidianas de la domesticidad de la mujer, fracturar todas esas falsas políticas públicas de disciplinamiento de la vida cotidiana y de los aparatos represivos contra la mujer. La mujer revolucionaria no solamente es portadora de vida, sino militantes de la historia, del rostro de la memoria y la resistencia por una nueva Colombia.

También queremos destacar en este artículo que Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos, instalaron este domingo en La Habana (Cuba), en el marco de sus Diálogos de Paz, una subcomisión para abordar la equidad de género y en particular la situación de la mujer en Colombia.

La delegada del gobierno, Nigeria Rentería, también Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, dijo a la prensa que el objetivo de la nueva subcomisión será "revisar y garantizar, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género".

Por su parte, Victoria Sandino, en representación de las FARC, destacó la "justa necesidad de incorporar una mirada de género a todos los debates y diálogos para el diseño y aplicación de los acuerdos de paz", pues las mujeres colombianas, "además de la discriminación" y la "explotación laboral", "son víctimas de múltiples formas de violencia".

La subcomisión, que integrarán cinco delegados de cada parte, aún por definir, se conformó en una sesión encabezada por los negociadores de paz del gobierno colombiano, el exvicepresidente Humberto de la Calle, y de las FARC-EP, Iván Márquez, realizada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba.

Una fuente del gobierno citada por la agencia AFP indicó que la subcomisión, el tercer grupo técnico que crean en La Habana en el marco de los Diálogos, celebrará en los próximos días una reunión para "definir su agenda".

En ese sentido, en el caso de las mujeres es urgente tomar medidas a fin de que las mujeres no terminen siendo “no-representables” como sujetos políticos y representados por definición en una auto-representación masculina.

Queremos terminar esta aproximación a la justicia de género destacando algunos elementos jurídicos de la legislación colombiana que es muy importante manejar para poder abordar con nuevas perspectivas el tema.
Por ejemplo la constitución política de 1991 contiene importantes aportes jurídicos sobre la materia que resalta los derechos fundamentales y mecanismos de protección y dota también de elementos que permiten su permanente renovación y los retos para la ciencia jurídica. Miremos por ejemplo el decreto 2820 de 1974, norma conocida en Colombia como el “Estatuto de la igualdad jurídica de los sexos”, disposición que como su nombre lo indica, consagró la igualdad absoluta entre los sexos y eliminó la llamada “potestad marital”, figura que convertía al hombre en rey supremo de la familia, sus designios y sus haberes. La sociedad colombiana aún no comprende el alcance de la norma y ello ha sido un factor que en parte ha impedido erradicar muchos y reiterados eventos de violencia intrafamiliar.
También el artículo 42 de la carta política del 91 destaca “Las relaciones familiares de basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus integrantes”. De allá de deriva la consecuencia lógica de la sanción, a cualquier forma de violencia que destruya la armonía y la unidad familiar, cuyo desarrollo legal se encuentra en la ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000 y reglamentada a su vez por el Decreto 652 del 2001.

Otra forma de violencia que podemos destacar es la que se establece en materia de alimentos, en el Código Civil señala que se deben alimentos al cónyuge ya sea durante la convivencia o separado de cuerpos o divorciado sin su culpa, a los descendientes, ascendientes, hijos y padres adoptantes y a los hermanos.

Como puede apreciarse en Colombia, se presenta un alto grado de vulnerabilidad de las mujeres que obedece a factores externos que compromete su bienestar y que implica, en términos constitucionales una “debilidad manifiesta” que debe ser amparada por el Estado y que a la luz de los artículos 13 y 47 de la Carta Política de 91, resulta definitivo para la orientación de las políticas de atención a la violencia contra la mujer.

La Ley 294 de 1996 establece importantes medidas de protección a la víctima de violencia o maltrato como ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima o la de abstenerse a cualquier lugar donde se encuentre la víctima, la de prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico, el pago de los gastos por dicho tratamiento, entre otras medidas de protección. Incluso cuando haya incumplimiento de estas medidas que constituyen delito, al agresor se le revocará la excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando. Así lo destaca el Artículo 229 que tiene prevista una pena de prisión de 1 a 3 años.

Pero es importante también en este aspecto jurídico destacar la conciliación como un mecanismo que ha contribuido a la solución de estos problemas. Sin embargo hay que profundizar en las medidas pedagógicas para establecer una verdadera cultura de diálogo que soporte la erradicación de la violencia contra la mujer y es aquí donde los aportes de la subcomisión de género de los diálogos de la Habana Cuba con las FARC-EP puede hacer grandes y verdaderos aportes a la justicia de género; reformando aspectos de la constitución de 91 de una manera radical, buscando métodos alternos y creando nuevas instituciones que tracen políticas públicas, planes y programas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en Colombia.

Febrero 11 de 2015.