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La historia del renunciado comandante del ejército por violaciones de derechos humanos
El General Mario Montoya Uribe dejó huellas nefastas en Antioquia
Agencia de Prensa IPC / Miércoles 5 de noviembre de 2008
 

El paso del ahora ex general Mario Montoya por la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín y con jurisdicción en buena parte de los departamentos de Antioquia y Chocó, dejó huellas funestas en contra de la población civil.

Así lo constatan diversos informes de organizaciones no gubernamentales que al parecer comprometen al ex general Montoya y a hombres bajo su mando en diversas violaciones de derechos humanos, entre las que se destacan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desproporcionalidad en las acciones militares.

El hoy Oficial en retiro asumió como comandante de la IV Brigada del Ejército el 28 de diciembre de 2001, y estuvo allí hasta el 15 de diciembre de 2003. Durante ese periodo se realizaron diversas operaciones militares de gran envergadura contra los grupos insurgentes asentados en su jurisdicción, entre ellas se destacan cuatro: Mariscal, Meteoro, Marcial y Orión, todas ellas bajo la dirección del ex general Montoya.

La primera operación militar bajo el mando de Montoya se inició el 21 de mayo de 2002. Llamada Mariscal, se desarrolló con el propósito de desalojar de la comuna 13 a grupos de milicianos de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap).

Luego se conoció la operación Meteoro, realizada en agosto de 2002 en el Oriente antioqueño. Los informes oficiales dieron cuenta que durante su ejecución el Ejército logró recuperar el control de la autopista Medellín-Bogotá “con 2.500 efectivos que cada tres kilómetros tienen montados retenes y se encuentran apoyados en la vigilancia por un carro artillado y un tanque de guerra”.

Le siguió la operación Orión, ejecutada entre el 16 y el 18 de octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín por tropas combinadas de la IV Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía y el DAS, apoyados por helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, ordenada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con el fin de desalojar de allí a los milicianos del Eln, las Farc y de los Comandos Armados del Pueblo (Cap).

Y finalmente, en marzo de 2003, se ejecutó la operación Marcial, que, según reportes estatales, le permitió al Ejército retomar la iniciativa en la lucha contra la guerrilla “lo cual se expresa en los 141combates contra los frentes 9 y 47 de las Farc y Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyabe del Eln”. Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, desde que se inició esa operación y hasta diciembre de ese año “se presentaron 215 bajas en las filas de la subversión, 85 capturas, 128 entregas voluntarias, 42 campos minados desactivados y 92 campamentos desmantelados”.

Civiles entre el fuego

Pero lo que parecían operaciones contra los grupos armados ilegales, se convirtieron en ataques indiscriminados contra la población civil. Así lo constató una denuncia sobre la operación Mariscal realizada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep): “Durante el operativo atacaron indiscriminadamente a la población civil utilizando ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y la disposición de francotiradores en la parte alta los cuales habían ingresado en los tanques blindados, causando la muerte a nueve civiles, entre ellos varios menores de edad; heridas a por lo menos 37 más y detuvieron arbitrariamente a 55 pobladores”.

Un informe de la Procuraduría General de la Nación, fechado el 17 de junio de 2002, solicitó la vinculación a investigación disciplinaria por esos hechos a los generales Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada, y José Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; así como al director regional del DAS, Emiro Rojas Granados, a Oscar Castellanos, director seccional del CTI de la Fiscalía y a Jorge Juan Barrera Gómez, Procurador Judicial II en lo penal.

No obstante, la Procuraduría, mediante decisión del 9 de noviembre de 2006, sólo destituyó e inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos al general Gallego al comprobar que la fuerza pública “se excedió en el uso de la fuerza, ya que detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo una disciplina de fuego, se presentó un cruce indiscriminado de disparos sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos y se violó el principio de distinción por cuanto no se distinguió entre combatientes y no combatientes”.

Denuncias de diversas organizaciones sociales y confesiones de ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) demuestran que la operación Orión, iniciada al amanecer del 16 de octubre de 2002 y finalizada tres días después, también evidenció graves infracciones al derecho internacional humanitario y alianzas con paramilitares.

Más de mil uniformados pertenecientes al Ejército, la Policía, el DAS e integrantes del CTI, así como hombres y mujeres informantes vestidos de camuflado y encapuchados, acompañados por miembros de la Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación arribaron a la Comuna 13 de Medellín, a bordo de camiones y tanques blindados. La operación se centró en los barrios Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores.

“Durante la operación, atacaron indiscriminadamente a la población civil, utilizando ametralladoras, fusiles y helicópteros artillados desde los cuales causaron averías en múltiples viviendas y decenas de víctimas civiles”, dice un informe de Cinep, que consigna que la Fuerza Pública sostuvo enfrentamientos con guerrilleros de las Farc, Eln y Cap “durante los cuales murió un civil y 38 más resultaron heridos, entre ellos varios menores de edad; además, fueron desaparecidos por miembros del Ejército Nacional, paramilitares de las Auc e integrantes del CTI de la Fiscalía otros ocho civiles y detenidos más de 300 pobladores”.

Una confesión de un ex paramilitar a la Fiscalía dejó en evidencia que las Auc aprovecharon la Operación Orión para ingresar a la comuna 13: “Recibimos ayuda, legalmente, de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias de la guerrilla y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la policía nos ayudó. No sé si por miedo, pero trabajamos en conjunto. Ellos recibían plata porque así lo exigían; pero también a las Auc nos entregaban milicianos que ellos capturaban”.
Otro ex paramilitar le declaró a la Fiscalía que la operación de las Auc duró dos meses: “La orden que dieron fue acabar con las milicias de la guerrilla y quedarnos en la zona. Nosotros íbamos y golpeábamos. Si el Ejército no entraba, nos quedábamos a dormir en las casas que les quitábamos a los milicianos. Si llegaban las autoridades, nos íbamos para La Arenera o La Palomera, en San Cristóbal”.

La versión sobre estas alianzas fue reforzada por un informe periodístico difundido por el diario norteamericano The Angeles Times en marzo del año pasado en el que, citando informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), advierte que el general Montoya “habría colaborado con un grupo de paramilitares, para planificar y actuar conjuntamente en el 2002, en la llamada "Operación Orion", para eliminar a 14 presuntos guerrilleros en Medellín”.

A estos señalamientos contra la fuerza pública, en particular contra el Ejército, se sumó la denuncia de Luis Adrián Palacio Londoño, conocido con el alias de Diomedes, quien aseguró ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz haber recibido siete fusiles y una camioneta de manos del propio general Montoya como regalo a Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, comandante del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Ataques en el Oriente

Pero no sólo en las barriadas de Medellín se han presentado excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos. En las operaciones militares desarrolladas en el Oriente antioqueño también se han detectado acciones que atentan contra las comunidades.

De acuerdo con informes de la plataforma de organizaciones no gubernamentales Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, entre agosto de 2002 y junio de 2006 se recibieron denuncias de 74 casos y 110 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño cometidas por miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, en desarrollo de las operaciones Marcial Norte (2003), Espartaco (2004), Ejemplar (2005) y Falange I (2006). Entre las víctimas se cuentan menores de edad y personas con discapacidad física.

Según esta organización, “las denuncias por ejecuciones extrajudiciales han venido en aumento, lo que coincide con la propuesta de retomar el control perdido en esta región antioqueña ante la presencia de organizaciones subversivas, a partir de las formulación de la política de “seguridad democrática”.

Según datos del Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente antioqueño, sólo en el 2003, en pleno desarrollo de la operación Marcial, una de las avanzadas contrainsurgentes más grande de la historia en el Oriente adelantada por la IV Brigada, fueron llevados por el Ejército al cementerio del municipio de Rionegro 88 cadáveres clasificados como NN, luego de supuestos combates con grupos guerrilleros.

Si bien se tenía abundante información sobre las huellas del general Mario Montoya Uribe en su paso por Antioquia, la acción política y judicial siempre fue desestimada por las altas esferas del país al punto que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, declaró el 20 de abril del año pasado en Miami, Estados Unidos, ante un nutrido grupo periodistas que “nunca en mis años de Gobierno ha habido una queja de los Estados Unidos contra el General Montoya. Nunca. No hay nada con fundamento sobre él”.

Se espera entonces que estas huellas dejadas por el hoy oficial en retiro en Antioquia sean ampliamente investigadas para que por fin la justicia determine si hubo dolo o no en los pasos dados por el ex general en el departamento.