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La burbuja de la deshumanización en Colombia
Alberto Pinzón Sánchez / Martes 4 de noviembre de 2008
 

En septiembre del 2001, poco antes de entregar el informe sobre la erradicación del paramilitarismo elaborado por la comisión de personalidades (llamados por la prensa notables), a la mesa bipartita gobierno-FARC establecida tres años antes en el Caguán, escuchamos por parte del alto gobierno de aquel entonces un argumento desolador: El alto mando militar de las cuatro fuerzas armadas de Colombia se opone rotundamente a una reestructuración (desde fuera) de las Fuerzas Armadas, tal y como quedó consignada en el segundo punto de la agenda firmada.

El Plan Colombia era una sobredeterminación irreversible que, también tres años atrás, el gobierno de los EU había impuesto al presidente Pastrana. La estrategia de negociación en medio de la guerra, aceptada por ambas partes, siguió su curso de degradación por fuera de la llamada zona de distensión. Pastrana tomó un aire político que le permitió a los generales Tapias y Mora Rangel con la asistencia del Comando Sur del US Army hacer el rearme norteamericano y la reingeniería administrativa de toda la Fuerza Pública colombiana, y en paralelo el Partido Liberal, en cabeza de sus senadores Vargas Lleras y Luís Guillermo Vélez, inició en el parlamento una ofensiva demagógica contra la política de paz de Pastrana y contra la zona desmilitarizada del Caguán, diciendo que allí estaba la causa de todos los males de Colombia. El espacio político ganado durante el proceso de paz, como las audiencias públicas o la idea de una constituyente popular y democrática, se fue estrechando hasta tornarse inviable y el proceso del Caguán se dio por terminado a comienzos del 2002. No sin antes el presidente Pastrana haberle quitado el estatus polÍtico y declarado terrorista a la guerrilla de las FARC, con quienes hasta entonces había departido y negociado.

Pocos meses después vino el gobierno de don Álvaro Uribe con la cartilla que le elaboraron los asesores militares del gobierno Bush, de sanear a los paramilitares, pero prioritariamente de derrotar como fuera (valga decir: mediante todas las formas de lucha) al terrorismo guerrillero. Así fueron apareciendo diariamente partes de victoria magnificados por la propaganda de las cajas de resonancia de los consorcios españoles Planeta y Prisa, que llenaron de alegría y optimismo a los beneficiarios de la guerra. Todos los días caían abatidos a manos de las gloriosas Fuerzas Armadas colombianas, cientos de guerrilleros malignos en sangrientos combates, tantos que hasta el afamado columnista del diario El Tiempo-Planeta Alfredo Rangel montó un lucrativo observatorio de cifras de muertos para demostrar día tras día cómo se ganaba la guerra contra el terrorismo guerrillero. La inversión financiera norteamericana en armas y tecnología militar era sin lugar a dudas un experimento rentable y pronosticaba mayores dividendos. Todo un éxito en tiempos de crisis económica.

Pero el tiempo pasó, el cabello blanqueó y la tan anunciada derrota militar que pronosticaba objetivamente esa mortandad de guerrilleros en combates heroicos no ocurría. Algo debía estar mal, dijeron, y cambiaron de ministro de Defensa. La contratista y negociante de armas Marta Lucía Ramírez, empleada del magnate Sarmiento Angulo, quien, basada en aquellas mortíferas cifras, había anunciado la derrota de la guerrilla en sólo 18 meses, fue remplazada por el primo del presidente, Jorge Alberto Uribe, quien traía el gran bagaje de haber estudiado administración y negocios en la Academia Militar Culver USA, para que reformara los decretos existentes sobre el pago gubernamental de recompensas expedidos durante la administración de Cesar Gaviria, y reglamentara un sistema estatal moderno que permitiera convertir en una política de largo plazo la estrategia estrella anunciada por su primo el presidente Uribe Vélez. Pero el demonio otoñal lo hizo visitar a su amante en la cárcel y ante el escándalo debió renunciar.

En cuestiones del poder no hay vacío. Su lugar fue apresuradamente llenado por Camilo Ospina, el hijo yupi de un comerciante proveedor del Ejército, asesor jurídico de la Dirección del Presupuesto Nacional, a quien correspondió elaborar y firmar la directiva del Ministerio de Defensa Nº 029 del 2005 en donde quedó “tasado” minuciosamente todo lo relacionado con el pago público de recompensas.

Conseguido esto, debió ceder su ambicionado puesto a la casa Santos, principal socio del bloque de clases gobernante, quienes colocaron a su aguerrido delfín Juan Manuel. Un curtido político de doble moral, “refundador de la patria con Mancuso y los Castaño”, quien se ufanó de haber sido un fibroso cadete naval en su adolescencia. Pero tampoco. Lo que siguió a continuación fue una secuencia de escándalos de extrañas muertes “en combates”, diligentemente tapados o solucionados simplemente con la salida de algunos de los implicados. Veamos parte de los más sonados, según lo reseña del Nuevo Siglo (30 octubre 2008):

1 - Cajamarca, abril de 2004, siete menores de edad muertos a quemarropa y presentados como guerrilleros, lo que se resuelve con la salida de 21 soldados profesionales que participaron en la heroica batalla.

2 - Arauca, agosto de 2005, fusilamiento de cinco sindicalistas acusados por el vicepresidente Francisco Santos de ser guerrilleros legítimamente dados de baja en combate por las fuerzas del orden.

3 - Honda, 2006, torturas en la base militar y salida del temido general Reynaldo Castellanos.

4 - Guaitarilla, marzo de 2004, siete policías del Gaula y el guía civil muertos en una emboscada confundida por soldados del batallón Boyacá.

5 - Bogotá, noviembre de 2006, detención de un mayor y un capitán de la inteligencia militar por tráfico ilegal de explosivos y estafa, en el caso de las bombas que mataron a varios civiles y a las que el ministro Juan Manuel les dio el nombre de “falsos positivos”.

6 - Chuzadas telefónicas a opositores del gobierno y periodistas desde la central de Inteligencia de la Policía con despido del general Daniel Castro y de Guillermo Chávez, director de Inteligencia.

7 - Jamundí, mayo de 2006, el teniente coronel Byron Carvajal dirigió la operación que terminó con la confusa muerte en una emboscada “amiga” de 10 miembros de la policía antinarcóticos.

8 - Agosto de 2007, Operación Golfo contra el capo narcotraficante antioqueño "Don Mario" (el jefe del fiscal hermano del ministro del Interior de Colombia) y salida de un capitán, dos tenientes y varios suboficiales. Un mes más tarde salen a “calificar servicios” los generales de la Policía Antonio Gómez y Marco Pedreros por vínculos con el anterior capo.

En resumen, una penosa y desgastante depuración del legítimo cuerpo armado de Colombia, esta vez desde fuera, obligada y sucedida después de los hechos criminales sin que se hubiera obtenido verdad o justicia completa. Como decimos en Colombia: “Lo que uno no hace en paz en la casa, otro viene y se lo hace”.

Quien quiera que haya visto una película del salvaje oeste norteamericano, sabe lo que es una recompensa ofrecida por el sheriff del pueblo para traer a una persona viva o muerta. Eso fue consustancial al modelo de capitalismo salvaje texano y no tiene novedad. Pero en Colombia la primicia espeluznante radicó en que se convirtió, primero, en una política de estado emanada y estimulada desde la cúpula de las Fuerzas Armadas y su comandante en jefe el presidente de la República, y segundo la enorme millonada de corrupción que conllevó. Confirmemos lo dicho con esta nota sacada de la propia Presidencia de la República de Colombia:


En 2005 gobierno pagó $7.716 millones en recompensas

Para el 2006 hay $12 mil millones para pagar recompensas

Bogotá, 26 dic.2005 (SNE).- El Gobierno Nacional pagó en el 2005 un total de $7.716 millones de pesos en recompensas a ciudadanos que entregaron información, gracias a la cual la Fuerza Pública realizó 334 operaciones exitosas contra grupos terroristas y bandas de narcotraficantes.

Así lo reveló este lunes el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, al destacar que este dinero se pagó de la siguiente forma: $7.090 millones por información contra el terrorismo, 563 millones en la lucha contra el narcotráfico, y en información para labores de inteligencia y contrainteligencia $63 millones.

La Policía Nacional fue la responsable de cancelar $3.634 millones, le siguen el Ejército con $3.326 millones, la Armada con $700 millones y la Fuerza Aérea con $56 millones. Gracias al pago de estas recompensas la Fuerza Pública capturó a 12 cabecillas de los grupos armados al margen de la ley en lo corrido del año.

Vamos a adelantar una campaña importante en materia de recompensas para recordarle a la opinión pública que los terroristas importantes tienen unas importantes recompensas a su cargo, que un terrorista importante puede valer en el orden de cinco mil millones de pesos, expresó Ospina.

El ministro reveló que para el 2006 hay una apropiación presupuestal de 12 mil millones de pesos para el pago de recompensas, cifra que puede multiplicar de ser necesario.

Fuente: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/diciembre/26/11262005.htm


Una rudimentaria operación aritmética nos dice que en el 2004 se pagó en promedio mensual la sumita de 643 millones de pesos colombianos en recompensas. En el 2006 la cantidad mensual se elevó a mil millones y según las cifras dadas hasta hoy, octubre de 2008, se han pagado 2.100 millones cada mes en recompensas. El cadáver de un guerrillero puesto en terreno cuesta tres milloncitos de pesos. Toda una deshumanizante y macabra danza de los millones. ¿De que se ríe, señor ministro?

En paralelo, los números sobre combates con los terroristas reportados por los observatorios de datos junto con el número de bajas allí ocurridas continuaban en aumento creciente día por día y año por año. Conclusión, estamos en el último envión para ganarle la guerra a la guerrilla y para obtener la legitimidad de nuestras heroicas Fuerzas Armadas ante el mundo. No obstante, la cifra creíble manejada por las distintas ONG de derechos humanos dicen que en los seis años que llevamos de gobierno de don Álvaro Uribe Vélez, han sido fusilados, es decir muertos fuera de combate o ejecutados extrajudicialmente con fines políticos, más de 15 mil colombianos, y la misma Procuraduría de la Nación (que no tiene funciones penales) confirma que lleva 2.300 investigaciones contra “funcionarios del estado” por estos crímenes.

Y como a Juanito Alimaña, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Esta antigua burbuja terrorífica de muertos por plata para ganar, en la propaganda noticiosa, la guerra antiterrorista, también explotó. Por algunas circunstancias no previstas en el libreto de la inteligencia militar, se logró conocer el M.O. (modus operandi) de los la cadena del terror del estado: Reclutadores civiles del Ejército haciéndose pasar por empleadores, van a las barriadas miserables de grandes ciudades a ofrecer a jóvenes desempleados trabajos sencillos muy bien pagos, en una región apartada. Todo garantizado. Favor contactar el siguiente teléfono móvil. Rápido se hace el negocio, se le adelanta una pequeña suma para calmar la ansiedad de los familiares y en cuestión de una semana los muchachos son llevados a una “práctica”. Allí en terreno, deben vestir un uniforme especial con manchas verdinegras que el trabajo exige. De repente aparece un pelotón de fusilamiento que estaba emboscado y ¡zas! Un fiero combate con curtidos guerrilleros arrojó un resultado favorable a las fuerzas del orden. Estamos en la batalla final de guerra en Colombia.

El ultimo escándalo, ya inocultable ante el mundo, obligó a don Alvarito a sacar de las filas a varios de sus amigos guardianes ahora convertidos en traidores: tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y tres suboficiales, todos ellos alumnos aventajados de los cursos sobre derechos humanos que el Plan Colombia, por orden de los EU, obliga a hacer a los militares colombianos antes de cada ascenso. ¡Letra muerta y dinero de los contribuyentes norteamericanos perdido!

Las más recientes y peregrinas explicaciones salidas del palacio presidencial, con las que pretenden justificar semejante hecatombe de deshumanización y degradación de crímenes contra la humanidad, son las increíbles columnas editoriales del diario El Tiempo-Planeta (02.11.08). Una de Maria Isabel Rueda donde dice que se trata de una traición de los militares contra quien tanto ha dado y ha hecho por la institución militar, y otra de la periodista española Salud Hernández-Mora, quien (por algo lo dirá) sostiene la existencia de una pugna entre la estrategia (de muertos) del general Montoya versus la inverosímil de ganar la legitimidad propuesta por el general Padilla de León. Y con las cuales se piensa ganar la guerra contra la guerrilla en Colombia. Claro que ambas tapan como los gatos, aquella pavorosa imagen de don Alvarito en una guarnición militar gritándole a sus subalternos con el pelo crispado y sus espejuelos negros bruñidos característicos de los agentes cinematográficos de la CIA, refiriéndose a los guerrilleros: ¡Acábenlos como sea!

Pero ya es tarde. La limpieza de la institución militar colombiana que no se quiso hacer hace siete años en un proceso de paz, ahora y sin lugar a dudas tendrá que hacerse en una Corte Penal Internacional, pues estos crímenes de guerra cometidos por un estado son contra la humanidad y ante los ojos del mundo nunca prescriben. Como tampoco admiten asqueantes y cómplices componendas o embellecimientos que sólo podrán hacerse sobre el papel. Pero por sobre todo, porque sus responsables jamás podrán contar con la complicidad de una Corte Penal Internacional, quien está demorando su actuación en Colombia.