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Soldados asesinan a campesino en Puerto Leguízamo (Putumayo)
Fensuagro / Miércoles 5 de noviembre de 2008
 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro - CUT) denuncia el vil asesinato del que fue víctima el compañero Jeferson Estiven Bastidas, miembro de la Corporación Campesina del Putumayo (Corpap), filial de Fensuagro – CUT.

Perfil

El compañero Jeferson Estiven Bastidas, de tan solo 28 años de edad, se destacó por ser un campesino honesto, trabajador, colaborador, comprometido con su comunidad y muy responsable con su familia, padre de dos hijos: un niño de dos años y una niña de tan solo un año de nacida a quienes hoy les niegan la posibilidad de crecer en una familia junto a su padre.

Hechos

El día 25 de octubre de 2008, siendo las ocho de la mañana, el compañero, Jeferson Estiven Bastidas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.186.836 de Florencia (Caquetá), cuando se dirigía de una finca vecina hacia su casa por el río Mecaya en la vereda La Esmeralda del corregimiento de Mecaya, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional. Después de asesinarlo, el Ejército lo llevó a una casa vecina y le dijeron a las personas que estaban allí que si lo reconocían, que habían dado de baja un guerrillero. Los campesinos dijeron que no lo reconocían, pues por el terror y zozobra que sembró el Ejército al presentar a un campesino asesinado brutalmente, se abstuvieron de decir la verdad, ya que sí reconocían el cuerpo sin vida que les mostraba el Ejército, que era de Jeferson, por la ropa que llevaba puesta, debido a que su rostro estaba totalmente desfigurado.

Crímenes como el de Jeferson Estiven Bastidas son los que se vienen perpetuando por parte de las Fuerzas Militares para después decir que fueron dados de baja en combate.

El mismo día 25 de octubre de 2008, a la una de la tarde fue recogido el cuerpo sin vida de Jeferson por un helicóptero del Ejército Nacional. Ese mismo día informaron por la emisora del Ejército que habían dado de baja a un guerrillero.

Exigimos al Gobierno Nacional

Dar inicio de forma inmediata al proceso de investigación del asesinato del compañero Jeferson Estiven Bastidas, por parte del Ejército Nacional.

Se garanticen los derechos fundamentales de los campesinos y comunidades del corregimiento de Mecaya, municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo.

Se asegure la permanencia de las comunidades y campesinos en su territorio con las debidas garantías.

Se brinden las garantías necesarias para la libre movilidad de la población campesina y el libre ejercicio de sus actividades.

Se ponga fin a la sistemática y masiva violación de los derechos humanos que viene afectando a la región.

Que cese la persecución, amenazas y asesinato contra los campesinos y organizaciones sociales en Colombia.

El castigo ejemplar a los miembros del Ejército que cometieron este crimen.

“Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae, de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales, sobre el estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.”

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional

Hacer un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la vida, la integridad física y psicológica de nuestros afiliados, el libre ejercicio de la actividad sindical y organizacional, la permanencia de los campesinos en su territorio.

Rechazar este tipo de acciones que enlutan a las organizaciones sociales, sindicales y populares, pues lo que se busca es sembrar el terror en las comunidades campesinas, que son víctimas de la presión desarrollada por la implementación de la política de “seguridad democrática”, y continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violación de derechos humanos por la que atraviesan el departamento del Putumayo y la Federación Nacional.