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El viacrucis de los campesinos y los indígenas en esta etapa del capital
Nelson Fajardo Marulanda / Miércoles 5 de noviembre de 2008
 

Es mucho lo que se ha escrito en torno a la caracterización del modelo económico que rige en la sociedad colombiana; sin embargo es muy poco lo que se ha dicho con respecto al carácter híbrido, abigarrado, contrahecho y transitorio del comportamiento de la economía del país. En esta dirección se niega el peso que siguen teniendo los fenómenos de acumulación originaria de capitales y que se expresan en el impacto que tienen los mal llamados cultivos ilícitos sobre el conjunto de la economía nacional.

Es así como se requiere destacar con profundidad la necesidad de un diagnóstico real, histórico y actualizado del submodelo económico agrario basado en los cultivos de coca, marihuana y amapola.

El viacrucis de los campesinos e indígenas comienza en la segunda mitad del siglo XX, cuando desde las altas esferas del estado decidieron desencadenar la denominada violencia liberal y conservadora y al cabo de los primeros 12 años, los resultados no se hicieron esperar. En ese momento, de cada diez colombianos, siete vivían en el campo y tres en poblados y ciudades; los campesinos e indígenas, que eran los propietarios de la tierra que les servía de medio de subsistencia, fueron víctimas de la brutal guerra de exterminio adelantada por los paramilitares de la época: léase chulavitas y pájaros al servicio de los grandes terratenientes, latifundistas y del estado de clase que los representaba y los sigue representando.

Fueron estos protagonistas los encargados del genocidio físico contra más de 300 mil colombianos y que han hecho parte de la historia nefasta que nos acompaña y nos sigue acompañando; igualmente, ellos mismos han sido los verdaderos beneficiarios con esa violencia, ya que lograron, mediante el despojo, quedarse en este país martirizado con la inmensa mayoría de las tierras mejores y más centrales a los procesos de urbanización. Por su parte, los campesinos fueron condenados al desarraigo y a deambular sin rumbo por toda Colombia y el exterior.

En esa etapa de la historia nacional encontramos las verdaderas causas para que cientos de miles de colombianos se hayan visto precisados a construir un submodelo económico basado en los cultivos de marihuana, coca y amapola; obviamente con el empleo y apropiación de regiones marginadas del progreso burgués funcional a los espacios urbanos. A dichas regiones se han tenido que desplazar motivados por el desempleo en las grandes urbes, la falta de oportunidades y el estado de miseria a que es sometida esta franja tan importante de la sociedad.

El estado, ha través de sus gobernantes y en compañía de los capitales transnacionales que se benefician del narcotráfico y sus derivados; es decir de la producción y venta de insumos químicos; así como de la venta de armas y el tráfico de divisas, entre otros efectos multiplicadores, han pretendido todo el tiempo encasillar a los campesinos e indígenas en el discurso simplista, según el cual el problema principal radica en el cultivo y existencia de estas tres plantas naturales y exigen que se olviden que estos cultivos hacen parte de un modelo económico que se remonta a casi 40 años de historia colombiana.

El hecho más protuberante al respecto, lo constituyen los municipios ubicados en las zonas y regiones más olvidadas del país por el estado y el conjunto de la denominada sociedad moderna. Así las cosas, el mayor porcentaje de la actividad económica de dichos espacios está determinado por estas plantaciones; situación que permite derivar que una porción significativa de los impuestos que obtiene el estado surgen de dicha economía. A ello se agregan los cobros que hacen los grupos religiosos y otras instituciones.

Es por ello que se podría sugerir una especie de submodelo que se articula con el modelo económico dominante, y que ha sido construido y aceptado por los gobiernos de turno, así lo oculten. Los verdaderos beneficiarios, desde luego, son las transnacionales, los capitales criollos dependientes de las transnacionales, los nuevos latifundistas y los grupos políticos corruptos.

En la comprensión de lo planteado vamos encontrando las causas fundamentales de los aspectos específicos que determinan el comportamiento de la economía colombiana. Se trata de un modelo que introduce las directrices emanadas desde el capital mundial globalizado sobre un territorio y una economía en la que los fenómenos de la acumulación originaria de capitales todavía tiene mucha fuerza. Eso es lo que permite señalar el régimen político del país como mafioso, narcoparamilitar y autoritario. A ello se une la liquidez basada en el lavado de divisas por medio de las más variadas formas de juegos, que incluye las pirámides y las acciones delincuenciales con el dinero plástico y la creciente degradación ético-moral de Colombia.