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Ejército se tomó instalaciones de comisión de interlocución del sur de Bolívar y Cesar
Persecución contra procesos organizativos del Congreso de los Pueblos
Congreso de los Pueblos / Lunes 9 de marzo de 2015
 

La comisión de derechos humanos del Congreso de los Pueblos denuncia ante la comunidad nacional e internacional el riesgo para las organizaciones agromineras, sociales y comunitarias del Sur de Bolívar, las vulneraciones a la libertad de expresión e información y la abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército en el municipio de Arenal, departamento de Bolívar.

Desde el domingo primero de marzo del presente año un comando especial de la V Brigada del Ejército Nacional ocupó el centro comunitario del municipio de Arenal –Sur de Bolívar– en donde venían funcionando la sede de varias organizaciones que hacen parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Cesar, entre las cuales se encuentran la Fundación Rescate Cultural –Furec–, la Cooperativa Multiactiva Coomuarenal y es el lugar de reunión de varias organizaciones campesinas y afrodecendientes que tienen asiento en este municipio.

Las Fuerzas Militares se posicionaron en el lugar, construyeron un campamento militar y obstruyeron el funcionamiento de las organizaciones, situación que constituye una clara y abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo a la población civil del municipio ya que el centro comunitario se encuentra en medio del casco urbano.

Una delegación del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del Congreso de los Pueblos hizo presencia y constató tal situación, a la vez que solicitó una explicación al Ejército Nacional por las graves conductas delictivas. Por parte del Ejército Nacional se comunicó a la delegación que habían sido llamados por la Policía del municipio ante informaciones sobre posibles ataques a las instalaciones de la Policía y que por ello la finalidad de su presencia era la protección del cuerpo policivo.

En el centro comunitario tiene sede además la emisora comunitaria Arenal Stereo, conocida como la Negrita Stereo, concesionaria de la Fundación Rescate Cultural –Furec–. Esta fundación viene siendo objeto de una constante persecución por parte del alcalde municipal Aldomar Pabuena, el personero municipal Fabio Rodriguez Sierra y la Policía del municipio de Arenal. Lo anterior se puede evidenciar en los sistemáticos hechos de represión y amenazas desplegados por estas autoridades que han obstaculizado el libre ejercicio de los derechos de asociación y la libertad de pensamiento, de expresión y de información. Furec ha defendido la emisora comunitaria de una serie de acusaciones, difamaciones y denuncias provenientes del alcalde municipal ante distintas entidades como el Ministerio de Comunicaciones, en un afán por tomar el control de un medio de comunicación que ha difundido información seria e imparcial en la región.

Igualmente, las comunidades del Sur de Bolívar alertan sobre la presencia durante los últimos días de hombres armados, al parecer de grupos paramilitares, entre el municipio de Norosí y Arenal. De acuerdo a informaciones de la comunidad el grupo armado se fue visto patrullando e incursionando en el municipio de Arenal en horas de la noche. Situación similar ocurrió en el municipio de Tiquisio y parte Alta de Norosí en donde los paramilitares se encuentraron actuando pública y abiertamente generando temor y zozobra en la población, extorsionando y promoviendo la siembra de cultivos de uso ilícito.

Por otra parte, ni las autoridades locales, regionales ni nacionales demuestran la voluntad política para atender los graves problemas que afrontan las comunidades de esta regional del país. El Gobierno ha incumplido el acuerdo con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en cuanto a la reactivación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar. Mientras tanto las comunidades se han visto en la necesidad de hacer uso del derecho a la protesta pacífica mediante las distintas movilizaciones y acciones que se adelantan en la región y sin embargo el gobierno tampoco atiende el clamor de las comunidades.

Desde el 23 de febrero de 2015, comunidades campesinas del municipio de Cantagallo desarrollan una jornada de protesta por el derecho a la salud, ante la grave crisis y deterioro de la prestación de este servicio en el municipio. Esta crisis se agudizó ante la decisión tomada por parte de la alcaldesa Municipal, Janeth Cortes, al no girar los recursos para el funcionamiento del centro de salud, aunado a los dos años que tiene la zona rural que no cuenta con personal médico que brinde una adecuada atención a la población, situación que ha puesto en riesgo la vida de centenares de pobladores del municipio. Luego de varios días de manifestación permanente frente a las instalaciones de la alcaldía municipal, la respuesta de las autoridades locales ha sido amenazar con un desalojo violento de los manifestantes sin otorgar soluciones a sus exigencias.

Se suman a los anteriores acontecimientos que el cinco de marzo de 2015 siendo aproximadamente las 6:00 p.m. estudiantes de la Institución Educativa Efigenio Mendoza transitaban por el frente de la instalación del puesto de Policía, fueron intervenidos por el centinela de turno, quien les manifestó que estaba prohibido pasar por ese lugar ya que había información de un ataque de la guerrilla. Ante este comentario los menores respondieron que se supone que la calle es de libre tránsito; y de acuerdo a la versión de los menores, los policías los insultaron con palabras como “hijueputas, gonorreas”; seguidamente los menores salieron corriendo y el centinela salió tras ellos hasta alcanzar a uno de los jóvenes, hijo de una lideresa comunitaria, a quien le quitó su morral escolar.

Desde las zonas rurales en el municipio de Cantagallo, también varias comunidades afectadas por las jornadas de erradicación de cultivos de uso ilícito, en donde se han combinado una serie de atropellos a sus derechos como allanamientos a sus viviendas, se están movilizando en protesta por las actuaciones de las autoridades y el abuso de sus facultades.

En el municipio de Norosí, luego de una infructuosa reunión con el señor Juan Carlos Gossain gobernador del departamento de Bolívar, los asistentes recibieron insultos y malos tratos por parte de esta autoridad ante sus exigencias. Las comunidades decidieron declarar un paro indefinido hasta el nombramiento del cien por ciento de la planta requerida para garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes del municipio.

Se reitera la falta de voluntad de los gobiernos locales, regionales y nacional para atender las reclamaciones de las comunidades y al igual que el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar. Sin embargo, sí se observa las respuestas de agresión y represión a las distintas movilizaciones y una alta militarización de los territorios. Ejemplo de ello es la presencia de más de 180 efectivos del Esmad que han llegado a los municipios de Gamarra y Aguachica en el Sur del Cesar presuntamente ante los rumores de protestas de campesinos y mineros de la región del Sur de Bolívar.

La comunidad indignada de esta región exige que el ejército desocupe inmediatamente las instalaciones del centro comunitario del Municipio de Arenal, de manera tal que cese el riesgo a la población civil y sea restablecido el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones campesinas, afrodescendientes y comunitarias.

Exigen además que las autoridades competentes, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, inicien las investigaciones disciplinarias y penales pertinentes para que estas infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos ocasionadas por los miembros de la V Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Arenal sean sancionadas pronta y eficazmente, así como sea investigada y sancionada la omisión del Alcalde y Personero Municipal al permitir y no denunciar tales conductas que ponen en riesgo a los pobladores que constitucional y legalmente tienen la obligación de proteger.