Se lo vendió su esposa en 2005, quien a su vez lo compró en octubre de 2000 al paramilitar Evelio Enrique Díaz Yáñez, alias el Burro. El anterior propietario, Edilberto Villalba, habría sido forzado por el Burro a venderle este inmueble, de 66 hectáreas.

Pocos años antes, entre diciembre de 1994 y marzo de 1997, se habían asentado en ese mismo predio Alejandro Antonio Padilla Guerra y su esposa Evangelina Ortega, en Turbo. Llegaron allí desplazados de la finca Las Gardenias, en San Pedro de Urabá, donde habían vivido 40 años y criado a sus descendientes, según comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas divulgado en noviembre de 2013.

Un vecino que les robaba ganado en Las Gardenias los había acusado falsamente ante los paramilitares de apoyar a la guerrilla. El 29 de noviembre de 1994, 100 hombres enviados por Salvatore Mancuso asesinaron en Las Gardenias a tres de sus hijos: Baldomiro, Roberto y Estanislao. Nueve días después los paramilitares les hurtaron 500 reses, y forzaron el mencionado desplazamiento de Alejandro Padilla y su familia al predio No hay como Dios.

Desplazados nuevamente en marzo de 1997, se instalaron en Morrocoy, vereda de San Pelayo, Córdoba. En mayo de ese mismo año, los paramilitares les incendiaron la casa y asesinaron a Alejandro Padilla, a su esposa Evangelina, a Animadat Padilla, a Edilberto Contreras y a Olfady Contreras Padilla, de 9 años de edad, nieta de Alejandro y Evangelina.

Ante esa masacre, su hijo Gildardo Padilla Ortega se reunió con Mancuso, quien le prometió parar el baño de sangre contra su familia. Pero cuatro meses después, otros dos hermanos suyos, Sofanor y Vladimir, fueron asesinados por los paramilitares.

Mancuso confesó estas muertes bajo la Ley 975 de 2005 y fue condenado a 40 años de prisión junto con Fidel y Vicente Castaño. Los Padilla siguieron reclamando infructuosamente la restitución de las fincas Las Gardenias y No hay como Dios.

El 17 de noviembre de 2013, Gilberto Antonio Padilla Ortega fue acribillado a bala por dos sicarios cerca de Valencia, en Córdoba. Gildardo Padilla había rendido declaración junto a 25 campesinos víctimas de despojo y desplazamiento forzado el 29 de octubre de 2013 en Chigorodó, ante la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía, en un proceso donde se investigaba el despojo de las tierras de la vía Panamericana.

¿Podrá acreditar buena fe exenta de culpa quien haya adquirido un predio en medio de este reguero de sangre? Quién creyera que a manos de un magistrado de la propia Corte Constitucional, encargada de “guardar la integridad y supremacía de la Constitución”, fueran a parar los frutos de estos asesinatos y desplazamientos forzados. No sólo fraude y cinismo hay detrás de la corrupción destapada en la Corte, sino violencia y muerte en gran escala. La depuración que se realice en este asunto debería conducir también a que haya justicia por fin en relación con los sangrientos hechos de aniquilación y de despojo causados a estas víctimas olvidadas tanto tiempo por la ley y hasta por su venerado dios.

* Tomado de El Espectador