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Cerros Orientales: “No tomen decisiones sin nosotros”
Incapacidad del Distrito para resolver los problemas de los Cerros Orientales. Los habitantes defienden el territorio ante la explotación de las empresas constructoras
María Galeano / Jueves 26 de marzo de 2015
 
Manifestación en defensa de los Cerros Orientales.

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Inderena) expidió el acuerdo 30 del 30 de septiembre de 1976, mediante el cual declaró y alinderó como Área de Reserva Forestal Protectora la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá y la cuenca Alta Ría, Bogotá, como zona Forestal Protectora-Productora. La omisión de este acuerdo por parte de las entidades distritales tiene a la ciudad en un debate que busca hallar salidas a la situación que se ha venido generando durante unos cuarenta años: la invasión y construcción de megaproyectos en los cerros de la ciudad.

La invasión de los cerros

Desde que se omitió la resolución de la reserva forestal, se invadieron terrenos por quienes demandaban el uso de los suelos para vivienda, se consolidaron nuevos barrios y una comunidad comercial. Se ubicaron allí empresas privadas, universidades y consorcios de la construcción, que vieron en los cerros orientales una oportunidad para generar negocios con conjuntos residenciales de alto valor, entre otras construcciones.

En el año 2005 se inició una disputa legal por el uso, venta y habitabilidad en el territorio. Mientras continuó la disputa, al territorio se le otorgaron medidas cautelares, lo que significó que esas zonas no fueran objeto de inversión social por parte de las secretarías de Ambiente ni las alcaldías locales.

La Mesa de Cerros de Bogotá

La Mesa de Cerros de Bogotá es una organización defensora del territorio de los Cerros Orientales. Se crea en el marco de esta disputa con el fin de intervenir en las decisiones sobre el territorio. Ésta es liderada por vecinos de las comunidades asentadas en los cerros, ambientalistas y comunales, que han venido denunciado, por más de diez años, las consecuencias de esta omisión y han propuesto salidas a la crisis que se generó debido al deterioro del medio ambiente, y la violación al derecho a vivir en la ciudad y la vivienda.

Voz habló con Hugo Mendoza y Héctor Álvarez, líderes de la Mesa de Cerros. Este último nos dijo que la Mesa “nace en un contexto de unidad. Nos encontrábamos peleando por la defensa del territorio y el buen vivir, nos fuimos reuniendo con más gente de otras localidades y ahora la mesa la componen las localidades de Usaquén, Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal y Usme. Aproximadamente 160 mil personas, formadas por 80 mil familias han tenido que padecer la incapacidad del estado para atender una problemática de abandono y no inversión en servicios públicos y alcantarillado”.

Mendoza afirma que “ese territorio tiene recurso hídrico y la minería. El Estado, las multinacionales de la minería y los constructores han impulsado leyes para sacar a la gente que habita allí hace décadas, pues son un estorbo para los consorcios que quieren planes de vivienda o licencias de explotación del suelo”.

Menciona los casos de algunos barrios, por ejemplo: “el barrio Luis Alberto Vega, a la altura de la calle 60, que hace diez años fue desalojado, allí hubo abogados involucrados, que sabían sobre el futuro de ese territorio. Casi automáticamente fueron desalojados los habitantes y aparecieron los monopolios de la construcción con apartamentos avaluados en cuatro mil millones de pesos”. Recuerda además “el caso de los habitantes del barrio Corinto en la Localidad de San Cristóbal: sacaron a 320 familias, bajo la figura de remoción en masa, las reubicaron en zonas periféricas de la ciudad, pero luego se comprobó que no había remoción en masa en el terreno”.

El fallo del Consejo de Estado

En noviembre de 2013, el Consejo de Estado se pronunció sobre los Cerros, derogó las medidas cautelares y entregó responsabilidades individuales y colectivas al Distrito y a la Corporación Autónoma Regional (CAR), entre otras entidades. Héctor Álvarez, de la Mesa de Cerros, nos cuenta que “cuando sale el fallo, hay una esperanza, porque al no haber hecho inversión social en tantos años en el territorio, se creó una vulneración de derechos integrales: como el derecho a un hábitat digno y a un ambiente sano”. Sin embargo, Álvarez reconoce que el papel del Distrito ha sido muy tímido, con pocos avances.

Los compromisos fruto del fallo son: analizar el terreno, realinderar los cerros y adecuar espacios para que las poblaciones vivan bien y sin riesgos en los asentamientos. “Nosotros vemos hacia el futuro muchas presiones sobre los Cerros Orientales, muchos intereses y vamos a ver, a futuro, decisiones políticas con conceptos maquillados. El caso de Chapinero hacia el norte es complejo, quienes tienen la plata para invertir en su mitigación de riesgo son las constructoras, las comunidades populares no”. También denuncia: “Ya existen ejércitos privados en los alrededores de la calle 140 con Kr 80, y notifican a los caminantes que “estos terrenos son de Ardila Lülle”, afirma Héctor Álvarez.

Ninguna decisión sin la comunidad

Las comunidades que habitan los cerros han llamado la atención sobre las iniciativas para fortalecer el territorio. “Nos hemos mantenido en la idea de quedarnos en el territorio, pero de manera digna, soberana, y no aceptamos ninguna decisión sin nosotros, sobre nosotros”, asegura Héctor Álvarez, y nos dice que también hay propuestas de cómo se quieren quedar: “Hablamos de la Retaco, la red de acueductos comunitarios, teniendo en cuenta el tema de las quebradas, el agua potable, el agua como bien común y mínimo vital. Que la comunidad se pueda beneficiar de ello, desde un uso sostenible, el consumo responsable. También planteamos las prácticas agroecológicas y sostenibles en la veredas, y los ecobarrios con desarrollo local sostenible, entre otros”.

El fin de semana la Mesa de Cerros acompañó a la organización Amigos de la Montaña, quienes demandan la protección del medio ambiente y sus cerros, en un abrazatón que inició en la calle 63 con tercera. Este acto tenía como propósito denunciar la pretensión de nuevas construcciones por parte de consorcios en el territorio, defender los cerros, el agua como fuente de vida y el territorio como un patrimonio de toda la ciudadanía bogotana.