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Persecución política en Colombia, acción sistemática del Estado
Campaña Yo Te Nombro Libertad / Domingo 5 de abril de 2015
 

El régimen Colombiano se ha caracterizado históricamente por el conservadurismo de sus ideas y también por la forma en que ha buscado resolver las contradicciones políticas en el seno de la sociedad. Pocas repúblicas como la nuestra han hecho del atentado y del crimen un método para acallar al contradictor político.

Los atentados contra el libertador Simón Bolívar, el asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre, las muertes de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Manuel Cepeda; el asesinato de líderes guerrilleros como Guadalupe Salcedo después de firmar la paz con el Gobierno; el genocidio contra la Unión Patriótica, entre muchos otros miles de crímenes de Estado; ratifican lo que se afirma.

Pero el régimen excluyente y violento que nos gobierna desde hace más de 200 años no sólo ha perseguido a los partidos y movimientos políticos; el movimiento campesino, los estudiantes, los pueblos indígenas, el movimiento sindical y los defensores de los derechos humanos también han sido blanco del exterminio físico y político por parte del Estado.

Este comportamiento ha sido sistemático y se ha desarrollado desde muchas de las instancias del Estado: fuerzas armadas y de policía, fiscalía, rama judicial, partidos políticos y sistema electoral, medios de comunicación, iglesias etc. Se podría decir que no existe un solo estamento de gobierno y del sector económico desde donde no se haya perseguido a quienes tienen opiniones diferentes a las establecidas por el régimen.

Desde el establecimiento se impuso una especie de disciplina social que conlleva a que se satanice toda acción que controvierta las ideas de la clase dominante. Esa satanización se expresa en diversas esferas de la sociedad:

a) En el régimen penitenciario y carcelario.
b) Por razones de género y diversidad sexual.
c) En la acción parlamentaria.
d) En los órganos de control de la función pública.
e) En la inversión social.
f) Por razones de raza.

Estamos ante un régimen que ha combinado todas las formas posibles de persecución a las disidencias y la oposición política.

El desplazamiento y el destierro se han utilizado como armas de persecución política produciendo con ello una de las tragedias más grandes del país y el mundo: cerca de cinco millones de desplazados internos y un número bastante considerable de exiliados o desterrados.

En el pasado más cercano se encuentran dos gobiernos que superaron con creces los peores periodos del Frente Nacional (1958- 1974) y el estatuto de la seguridad nacional del presidente Turbay Ayala.

En materia de represión entre el Uribismo y el Santismo tan sólo hubo un cambio de imagen. De fondo sus políticas siguen siendo las mismas y, aunque el actual mandatario viene adelantando diálogos de paz con la Insurgencia de las FARC-EP y se encuentra en una fase exploratoria con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la represión al movimiento social y popular y la persecución a la oposición política no ha disminuido; por el contrario se ha incrementado durante este gobierno las cifras sobre desplazados, asesinados y detenidos mediante montajes judiciales. En los últimos tres años es bastante contundente y permite afirmar que en Colombia no existen garantías para la protesta social, el ejercicio de la actividad sindical, el trabajo de los defensores de derechos humanos y la oposición política.

El paro agrario que inició en junio de 2013 dejó 660 casos de violaciones de derechos humanos: 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas (21 de ellas por armas de fuego), 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales, 4 personas desaparecidas, 51 casos de ataques indiscriminados a las población civil en diferentes departamentos del país, entre otros casos de abuso de la fuerza policial. Los autores de estos hechos hacen parte del aparato represivo del Estado colombiano. Esta difícil situación evidencia la forma de criminalización que practica el Estado en el marco de la protesta social y que cuando los labriegos piden presencia del Estado por la falta de garantías que tienen en sus regiones, el Estado responde con criminalización y muerte.

En el Gobierno de Juan Manuel Santos y bajo el mandato del fiscal Eduardo Montealegre Linett se vienen incrementado las detenciones en contra de los líderes sociales y políticos argumentando que son auxiliadores de la insurgencia teniendo como pruebas el tráfico de testigos y de los “famosos computadores de los jefes guerrilleros” que han muerto en bombardeos, en los que sorprendentemente los discos duros han resistido a las toneladas de explosivos que se lanzan por la aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Área; sumado a eso se duda mucho del procedimiento que se sigue y de la cadena de custodia en el momento de incautar los computadores lo que evidencia que es una red en donde a través de éstos se incluye a toda aquella persona que represente un peligro para el bloque hegemónico de poder. De esta manera se justifica la muerte política de muchas personas que ostentan cargos de elección popular y que de una u otra manera piensan diferente al régimen político actual, es decir que son de oposición; muchos líderes sociales, sindicalistas, defensores de DDHH y políticos que están siendo judicializados y privados injustamente de la libertad por su trabajo de oposición, con lo cual se busca deslegitimar el trabajo los luchadores sociales y políticos del país.