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Comunicado de prensa
Nariño: víctima del salvajismo paramilitar
 

Posterior a la movilización del suroccidente colombiano realizada en el mes de mayo pasado del presente año, la población de los municipios de Policarpa y Cumbitara (Nariño) vienen siendo víctimas de las reiteradas incursiones paramilitares, en zonas con elevada presencia de fuerza pública.

Hechos:

1. En la zona del Remolino - Bajo Patía, el 23 de agosto del presente año arribó un grupo de paramilitares, causando el desplazamiento de muchas familias, que por conservar su vida se vieron obligadas a desalojar la zona. La población que no tuvo la posibilidad de salir fue victima de violaciones, asesinatos y demás atropellos, los cuales fueron denunciados de manera amplia por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

2. En el corregimiento El Madrigal, municipio de Policarpa, pese a la instalación de un puesto de policía, los abusos cometidos por grupos paramilitares han sembrado el terror e intimidación a través de amenazas, asesinatos, desplazamiento persistente de personas y la violación de mujeres como efectivamente ha sucedido en la vereda Remolino Bajo, municipio de Policarpa.

3. El 4 de septiembre en horas de la mañana la señora María Muruyari fue sacada de su casa de habitación y fue asesinada a manos de paramilitares, dejando a nueve niños huérfanos.

4. En el mes de noviembre se produjo en la vereda Santa Cruz, municipio de Policarpa, el desplazamiento de 26 familias, situación que se vio agravada en la primera semana de diciembre con un segundo desplazamiento de 16 familias más. De igual forma 12 familias del corregimiento de Santa Rosa del municipio de Cumbitara y 36 familias del corregimiento de San Roque, municipio de Policarpa, se han desplazado como consecuencia de la violencia paramilitar, quienes entre los atropellos ya denunciados han sufrido además el cobro de vacunas, el apoderamiento de sus casas, vehículos y otros objetos por parte de sus integrantes.

5. El 23 de noviembre en el corregimiento de Sánchez, municipio de Policarpa, un grupo paramilitar conformado por aproximadamente 350 hombres se instaló en la zona dando lugar al bombardeo de la escuela, a la amenaza, la intimidación y la violación de derechos humanos pese a la presencia del Batallón Boyacá, lo cual pone en evidencia, como muchos organismos de derechos humanos lo han denunciado, la connivencia entre fuerza pública y grupos paramilitares.

Desde el momento en que este grupo paramilitar arribo al corregimiento de Sánchez, la población quiso salir de la zona para resguardarse y proteger su vida, pero les fue impedido obligándolos a quedarse para servir como escudos humanos, sometiéndolos al fuego cruzado y la falta de alimento. Sin embargo, a finales de noviembre, 260 familias se desplazaron hacia la ciudad de Pasto y el corregimiento El Ejido.

6. La población de los municipios de Policarpa y Cumbitara presentes en la ciudad de Pasto, se ha visto forzada a sufrir las consecuencias de la falta de políticas claras y eficaces del gobierno colombiano en la prevención y atención al desplazamiento forzado, pues las instituciones municipales y departamentales no han logrado cubrir las necesidades más urgentes de esta población. Organismos como Acción Social, institución que obedece a políticas de orden nacional, han obstaculizado la atención integral en salud, educación, vivienda y otras necesidades básicas a dicha población, debido a la falta de premura en el registro de la población desplazada, las largas filas a horas de la madrugada para obtener una de las 15 fichas para ser atendidos y la ineficacia y tardanza en el reporte de dicha población a las demás instituciones, agravando así la aguda crisis humanitaria que viene atravesando esta población.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos y demás organizaciones sociales a solidarizase con la población desplazada de los municipios de Policarpa y Cumbitara y a exigir a las instituciones pertinentes a responsabilizarse de la vida e integridad de estas personas.

De igual forma exigimos a los integrantes por parte del gobierno de la comisión de verificación y seguimiento de derechos humanos del departamento de Nariño, se pronuncie ante las reiteradas denuncias que ha elevado al red de derechos humanos y las comunidades movilizadas en el proceso del sur occidente colombiano, respecto a la grave crisis humanitaria que afronta esta población.