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La Habana: Colombia merece otra oportunidad
Con la organización del pueblo se logrará una presión social que permita los cambios estructurales que la nación necesita. Una justicia social donde se logre esa equidad que sea lo más humanamente posible. Sin exclusiones ni distingos de género o raza.
Gerardo Esteban Vargas / Viernes 10 de abril de 2015
 
Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, comandante de las FARC-EP.

El 9 de abril se generará una gran movilización nacional por la paz y el blindaje al proceso que actualmente cursa en La Habana (Cuba). Al igual, hacer un llamado al gobierno por el cese al fuego bilateral, que conduzca al desescalamiento del conflicto interno.

67 años del asesinato de un intento de justicia social

Fecha memorable, ya que ese día del año 1948, se produjo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, hecho que ha constituido un momento de particular importancia [1] en la historia de Colombia. Ese “magnicidio” frustró indefinidamente las esperanzas de acceder a una sociedad realmente democrática, más justa, menos excluyente. El “caudillo del pueblo” dejó una imagen a la que se refieren los testimonios de muchísimos colombianos que vivieron y de aquellos que estudian la época de “la Violencia”, en la que Gaitán aparece como el abanderado en la lucha contra las injusticias sociales, la corrupción, la exclusión política, entre otros aspectos de la vida nacional.

La muerte de Gaitán provocó verdaderas insurrecciones populares en diferentes lugares del país con las llamadas “juntas revolucionarias”, que se tomaron el poder en diferentes localidades. A partir de esa fecha, la violencia, que ya venía manifestándose con una gran intensidad desde tiempo atrás, adquirió un ritmo particularmente escalofriante. Además, el Ejército, que hasta entonces había conservado una cierta neutralidad en medio de todos los conflictos, empezó a identificarse con los gobernantes conservadores.

La represión de los inconformes

La interpretación que hicieron tanto el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), como las élites en general, justificó y sigue justificando hoy en día la respuesta violenta por parte de todos aquellos que vieron en la irrupción de los marginados políticos y sociales una amenaza para el “orden” establecido.

Las 14 mil muertes violentas correspondientes a 1947 demuestran claramente que la violencia no comenzó el 9 de abril; los años 30, cuando los liberales retomaron el poder después de una abstinencia de medio siglo, estuvieron plagados de enfrentamientos bipartidistas; y la década anterior se había caracterizado por la violencia entre campesinos y terratenientes, por un lado y, por otro, entre el proletariado y el patronato (la masacre de las bananeras).

De ahí, una gran ola de represión: el enemigo deja de ser el otro partido cuando lo que está en juego no es simplemente el reparto del poder, sino la eventualidad de que surja un movimiento contestatario autónomo con deseos de cambiar las reglas de un juego monopolizado históricamente por el bipartidismo.

El 9 de abril fue eso para las élites: una oportunidad más para deslegitimar el accionar del pueblo, con epítetos descalificativos como es el del populacho, los revoltosos, los salvajes, desadaptados, entre otros. La historia, en ese sentido, no ha cambiado mucho, pues hoy en día los estudiantes, los campesinos movilizados, los trabajadores en huelga, los defensores de los derechos humanos, y tantos otros sectores e individuos, siguen siendo vistos por el Estado y por una parte de la sociedad como elementos manipulables.

Es por ello que la asombrosa debilidad de los movimientos de oposición, que ha caracterizado a Colombia a lo largo de toda su historia, no puede ser desligada de esa visión que, desde las altas esferas, se ha tenido. No olvidemos que la estabilidad de nuestra “democracia” ha reposado en regímenes de excepción hasta los años 90.

La paz, exigencia de los pueblos

Por ello, el pueblo tiene el deber de organizarse, cada uno desde su espacio natural, para demandar del Estado lo que por derecho le corresponde. Formar ese país que todos anhelan. Con una distribución de los factores de producción de la manera más equitativa posible entre la población, hablamos de la tierra, capital y conocimiento. Factores que la oligarquía no dejará de la manera más benévola y placentera, ya que las han adquirido con la sangre de muchos colombianos, desterrando a muchos otros. Su forma de actuar ha sido violenta, de la mano de fuerzas represoras del Estado o por creación de paramilitares. Su modo de actuar ha sido el de captación, disuasión o eliminación, por ello muchos mercaderes o mercenarios en diversos escenarios del poder.

Pero con la organización del pueblo se logrará una presión social que permita los cambios estructurales que la nación necesita. Una justicia social donde se logre esa equidad que sea lo más humanamente posible. Sin exclusiones ni distingos de género o raza. Y de esa manera, fiscalizar los recursos de la nación, valga decir el dinero del erario público, para mitigar en la mínima forma posible los actos de corrupción y despilfarro. Que sea el mismo pueblo organizado el que determine en que sectores invertir.

[1Ricardo Arias. Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, candidato a Ph. D. en la Universidad de Aix-en-Provence (Francia). Revista Nº 17. Título: Los sucesos del 9 de abril de 1948 como legitimadores de la violencia oficial.