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Las declaraciones de Tolemaida
El Presidente, la Fuerza Pública y la Paz
Carlos Medina Gallego / Viernes 17 de abril de 2015
 

El presidente Juan Manuel Santos, el General (r) Jorge Enrique Mora Rangel y toda la cúpula de generales de la Fuerza Pública se dieron cita el 1 de abril, en la base militar de Tolemaida, para enfrentar todas las dudas que al respecto del proceso de paz pudieran tener los militares activos y de la reserva. La importancia de este encuentro radicó en que el Presidente asumió de manera directa la construcción del presente y futuro de la Fuerza Pública y enfrentó de manera directa a quienes en distintos momentos, y a través de diferentes mecanismos, han boicoteado el proceso y han señalado que en La Habana se está negociando la claudicación de la Fuerza Pública frente al terrorismo.

Hace parte de las dinámicas del proceso de paz, en el desarrollo de sus avances, comenzar el trabajo de pedagogía que debe llenar de certidumbre a todos los sectores de la sociedad, con mayor razón a aquellos que estuvieron comprometidos en el desarrollo de la guerra y que ahora ven con algo de incertidumbre su futuro, por la oleada de desinformación con que se construye la oposición al proceso. Enfrentar a quienes, desde la reserva y el servicio activo, cuestionan las decisiones y acciones que se toman y se emprenden para llenar de certezas el difícil camino de construcción de seguridades y confianzas en materia de la terminación del conflicto y la construcción de la paz, constituye una tarea de primer orden. Enfrentar a quienes desde el ámbito de la política y de sus particulares intereses medra al interior de las fuerzas militares y de policía, y las instrumentalizan al servicio de su oposición al proceso, resulta de la mayor importancia.

Generar una atmósfera y un ambiente del mayor respaldo y de la mayor seguridad al interior de la Fuerza Pública, en relación con el proceso de paz, es sin la menor duda una de las tareas más urgentes que tiene el gobierno y en las que tiene que poner al frente a quienes cuentan con el mayor reconocimiento y legitimidad frente a las fuerzas militares: sus más altos oficiales y sus representantes en la mesa de conversaciones.

El discurso del Presidente en Tolemaida resulta ilustrativo al respecto, en la medida que se fija como propósito hablar con claridad y franqueza a las fuerzas militares, para aclarar sus dudas y enfrentar la campaña de desinformación que se ha estado desarrollando a su interior, generando incertidumbres e inconformidades. Mas allá de la información sobre los avances en materia económica y social del país en los ultimos años, en particular durante su gobierno, y de las deudas impagables que se tienen con la Fuerza Pública por sus servicios y sacrificios, resulta relevante en las declaraciones de Tolemaida colocar en blanco lo que tiene que ver directamente con la situación presente y futura de la Fuerza Pública, de lo que deben esperar en material de seguridad, estabilidad y bienestar y de cuáles son los posibles roles a jugar en el postconflicto.

Resulta inevitable señalar que, sobre las acciones de la Fuerza Pública y la capacidad de la misma para garantizar el orden público, el Gobierno Nacional se fija como propósito fortalecer la confianza inversionista y poner en marcha las locomotoras de las economías extractivas. Ese es un fundamento esencial de la política de seguridad y defensa más allá de cualquier otra intención de orden social o institucional. Una paz para los inversionistas y el capital. La paz con justicia social es un reclamo legítimo de las comunidades que hace parte esencial de las luchas del presente y del futuro de los movimientos sociales en el post-acuerdo, y no va a ser el resultado del mismo, sin que ello signifique que no se vayan producir cambios significativos con los mismos.

Los reconocimientos de trabajo y sacrificio de la Fuerza Pública hacen parte de las obligaciones institucionales que convocan su cohesión, el fortalecimiento de su moral de combate y la obediencia debida a las instituciones. Señalar el camino de su fortalecimiento en el postconflicto armado es salir al paso a todo intento de insubordinación y desobediencia de cualquier sector, para mantener unida y cohesionada la totalidad de la Fuerza. Afirmar, que el futuro de la Fuerza, independientemente de si hay que hacer ajustes, redefinir roles y establecer nuevos frentes de acción, no será discutido, negociado o conversado en la mesa, constituye una premisa de confianza para la institución militar, aunque es absolutamente claro que una Fuerza que se ha preparado para la guerra no puede seguirse comportando de la misma manera en una sociedad en paz.

Tanto el Presidente como el general Mora Rangel insistieron en la necesidad de que los oficiales, los suboficiales y la tropa en general entiendan: primero, que todos los conflictos armados y todas las guerras se solucionan en una mesa de conversaciones políticas en las que se llegan a acuerdos políticos, y segundo, que el papel de las fuerzas armadas no es hacer la guerra, que es por lo general una situación excepcional, sino mantener la paz. Estas afirmaciones resultan relevantes en la medida que es muy dado y frecuente que, al interior de la Fuerza Pública y en la mentalidad de algunos de sus más deplorables asesores, se considere que la función de la Fuerza Pública, en particular de las fuerzas militares, es hacer la guerra. No. La función constitucional de las fuerzas militares es mantener la paz, la seguridad de la nación y de sus instituciones. Como tampoco puede ser el propósito de la insurgencia convertir la guerra, que es un medio, en un fin. El propósito de uno y otros debe ser la paz, pero por lo visto no es entendida de la misma manera: para unos, es el silenciamiento de los fusiles, en la ruta de los cambios democráticos, y para otros, es la paz con cambios estructurales y justicia social. Ponerse de acuerdo en una ruta que posibilite los cambios para la paz más justa posible es lo que justifica una mesa de conversaciones, al igual que la firma de unos acuerdos políticos.

Lo más importante de las declaraciones de Tolemaida, no solamente fue haber puesto en claro las relaciones de los militares con el proceso de paz y enfrentar las dudas y la desinformación metódica de la oposición y de “algunos” oficiales activos y de la reserva, sino comenzar a arriesgar propuestas para los roles de la Fuerza Pública en el post-conflicto armado, a partir de algunos enunciados esenciales dirigidos a construir confianza en el porvenir de las instituciones militares. Señalar que el futuro de la Fuerza Pública no solo está asegurado sino que se va a mejorar: que permanecerán en los cuarteles en salvaguarda de la soberanía, haciendo presencia en el territorio, defendiendo las fuentes de agua, los ríos y mares, haciendo obras de ingeniería, defendiendo la seguridad de los colombianos, capacitándose, construyendo e enriqueciendo su desarrollo personal, estando más tiempo con sus familias, contando con mayor bienestar y seguridad social, con programas de salud, educación y vivienda. Que las fuerzas, ni sus presupuestos van a ser disminuidos, que estarán para proteger las fronteras y desarrollar misiones internacionales de paz, para formar a las fuerzas militares de América Central y del Caribe, acompañar y asesorar a las policías regionales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, para participar en ejercicios militares en la seguridad mundial, entre otras funciones que de alguna manera se apartan de la lucha contrainsurgente y se centran en la oferta de seguridad ciudadana que necesita el país, por el crecimiento vertiginoso de la delincuencia común y organizada nacional y trasnacional.

Si bien por ahora es un discurso que debe adquirir, con el avance del proceso, las dimensiones de realidad que debe tener, cumple con la función de espantar angustias e incertidumbres, que reclaman no solo certezas sino seguridades para la institución. El General Juan Pablo Rodríguez, Comandante de las FFMM, hizo saber en su intervención la preocupación de la Fuerza Pública por estos aspectos, pero adicionalmente por uno que se coloca al centro de las urgencias del conjunto de la fuerza pública: la seguridad jurídica.

El tema de víctimas no solo convoca la responsabilidad de las FARC-EP y de la insurgencia en general sino además del Estado, su Fuerza Pública, sus alianzas con los paramilitares, el narcotráfico y los terceros involucrados (trasnacionales, empresarios, ganaderos, comerciantes, élites económicas y políticas regionales…), lo que hace del tema de justicia un problema de mayor preocupación.

Para el Presidente, la justicia transicional constituye un recurso en materia de justicia para tratar de hacer compatible el respeto por los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición, con el objetivo fundamental de lograr la paz. Encontrar un término medio, un punto de equilibrio, en donde se pueda atender la demanda de aplicar una justicia, así sea en condiciones especiales, con el propósito de lograr la paz y cumplir con los estándares mínimos en materia de justicia que obligan los acuerdos internacionales.

Las FARC-EP han manifestado que el logro de la PAZ se da como un hecho político y que la justicia para la paz debe ser el resultado de un proceso de acuerdos entre las partes en la mesa de conversaciones que debe involucrar a todos, no solo a quienes participaron de manera directa en el conflicto sino también a quienes lo hicieron de manera indirecta.

El problema de la seguridad jurídica, que ha sido una de las preocupaciones del Procurador Alejandro Ordoñez, lo es del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y de la Fuerza Pública. Las FARC-EP saben que deben tener las garantías suficientes en materia de seguridad física, como para cuando dejen las armas no los maten, como ya ha ocurrido en procesos anteriores con dirigentes de otras organizaciones, ni los llamen a juicio y los extraditen posteriormente por otros delitos, como igualmente ha ocurrido anteriormente con otros procesos. En materia de seguridad jurídica, en el orden de justicia que se establezca, llámese como se llame, cualquier beneficio que se le dé a la guerrilla se le va a dar también a los miembros de la Fuerza Pública y en ese aspecto las FARC-EP ni el Gobierno tiene objeciones. Seguridad jurídica para unos, seguridad jurídica para los otros. Si hay justicia transicional aplicada a las FARC-EP también habrá una justicia transicional aplicada a las Fuerzas Armadas. Lo que queda de por medio es que también haya justicia para la víctimas y se garanticen la totalidad e integralidad de sus derechos.

Un largo camino de pedagogía de paz ha emprendido el Gobierno al interior de la Fuerza Pública, para lo cual se ha colocado al frente el Presidente, la comandancia general, los delegados de la Fuerza Pública en la mesa de conversaciones y, seguramente, la Comisión de Transición y Paz de oficiales activos que lidera el General Javier Flórez.

Un trabajo similar de construcción de expectativas y seguridades de futuro debe iniciar las FARC-EP con sus combatientes, en esta etapa de desescalamiento del conflicto (que, desafortunadamente, ante la ausencia de un acuerdo de cese bilateral al fuego se encuentra con hechos tan deplorables para el proceso como los de la zona rural de La Esperanza en Cauca que ha dejado 10 militares muertos y 20 heridos). El paso de la actividad militar a la vida social, económica, cultural y política del país demanda de un trabajo de pedagogía y educación que no se puede dejar para después. Si el proceso marcha de manera decidida hacia su terminación, estos combatientes no tienen tantas seguridades y seguramente mayores incertidumbres que los miembros de la Fuerza Pública. En la mesa de conversaciones debe comenzarse a construir el futuro de esos combatientes para que su tránsito hacia la paz resulte lo menos traumático posible y lo más seguro que se pueda construir.

El proceso está entrando en una etapa de conversaciones sobre temas muy sensibles que requieren de la mayor cautela de las partes, porque en la medida en que se produzcan declaraciones y acciones en falso, de ellas se nutre la oposición y el escepticismo general.