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Con licencia para violar
Militares de Estados Unidos, cobijados con la inmunidad diplomática firmada por Colombia, habrían violado niñas en el país.
Carolina Tejada / Viernes 15 de mayo de 2015
 

Los acuerdos del Estado colombiano con los intereses de una corporación norteamericana, como lo es la militar, no son algo nuevo. El asesinato de los trabajadores de las bananeras en 1929 por el ejército de Miguel Abadía Méndez, con el fin de terminar una huelga que buscaba mejores condiciones de trabajo, se da después de que el gobierno de los EEUU amenazara con invadir a Colombia a través de su cuerpo de marines si el gobierno colombiano no protegía a la multinacional estadounidense United Fruit Company.

Años después, Colombia firma varios tratados internacionales: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, los acuerdos contrainsurgentes en el continente en 1962, el Plan Colombia 1999 y posteriormente Plan Patriota 2014.

Pero además, se firma un acuerdo bilateral entre el gobierno de Colombia y el de los EEUU en 1974, con base en la Convención de Viena de 1961. Entre otras cosas, el acuerdo otorga toda inmunidad diplomática y cobija toda actuación del personal estadounidense, defínase como militar, contratista, consultor o familiares de los mencionados, que ingresen al país bajo protección de la embajada norteamericana.

El acuerdo y las niñas violadas

El gobierno colombiano ha sido muy pasivo frente a las versiones de los habitantes de Girardot, Melgar y Tolemaida, en el Tolima, quienes han denunciado en los medios de comunicación la existencia de un centenar de niñas quienes habrían sido violadas por hombres del Ejército de los EEUU.

Uno de los casos denunciados ante todos los organismos competentes en el país ha sido el de una niña de 12 años de edad, hija de una mujer humilde, Olga Lucía Castillo, en agosto de 2007. Olga adelantó junto a la Corporación Reiniciar una demanda en contra del militar Michael Cohen y de César Ruiz de ciudadanía mexicana y contratista del ejército norteamericano.

Aunque en Colombia el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona en incapacidad de resistir, el acceso carnal abusivo con menor de 14 años y los actos sexuales con menor de 14 años están tipificados como delitos en el código penal, estos quedan en la impunidad cuando se trata de acciones cometidas por agentes extranjeros.

Inmunidad diplomática

Desde las denuncias por violación, los gobiernos de turno no han adelantado procedimientos que esclarezcan los hechos y se haga justicia, particularmente con la pequeña hija de Olga.

Reiniciar solicitó a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de Relaciones Exteriores la protección de los derechos de la menor, pero no obtuvo ningún resultado. Por esta razón, afirman: “Se presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, e impugnó el fallo negativo ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la prevalencia y protección de los derechos de las menores, en este caso, alegando la presunta vulneración por parte de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ambos entes negaron la tutela de este derecho y fallaron negativamente”.

El abogado de Reiniciar que asumió el caso menciona que en múltiples ocasiones solicitaron información sobre el estado del proceso, el cual fue trasladado a instancias del fuero penal militar de los EEUU. Pero, pese a que sostuvieron dos reuniones con el agregado judicial de la embajada en esa época, Jim Faulkner, nunca obtuvieron tal información. Igualmente se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que designara un abogado para asumir el caso en ese país, pero tampoco se procedió a ello.

Según el abogado, Olga presentó igualmente videos que corroborarían algunas de las violaciones, pero en el proceso no fueron tenidos en cuenta, dado que los rostros de los supuestos violadores no se determinaban. En este momento el caso goza de total impunidad.