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En días pasados, gracias a la labor de la Comisión de Derechos Humanos del Departamento y con el apoyo en la defensa técnica por parte del CPDH, en Putumayo quedaron en libertad siete campesinos y un comunero indígena filial a las organizaciones sociales y a la Asociación Campesina Ascap, acusados por el delito de rebelión en el marco de lo que se conoce como montajes o falsos positivos judiciales mediante la utilización de los falsos testimonios judiciales.

La prueba principal que aportó la Fiscalía estaba basada en la declaración testimonial de un desmovilizado que en el interrogatorio quedó sin fundamentos al comprobarse que no conocía a ciencia cierta a los acusados e incurría en inconsistencias de modo tiempo y lugar en su declaración. Otra de las pruebas que aportó el ente acusador era un informe de inteligencia de las Fuerzas Militares que hacen presencia en la región, el cual señalaba de peligrosas las actividades cotidianas campesinas como comprar enceres y víveres en el trayecto hacia sus casas, organizar reuniones para solucionar problemas cotidianos, intercambiar saberes entre los abuelos y los niños, jugar cerca al río, e incluso la realización de manillas y artesanías. Cabe resaltar que el ente acusador se quedó sin pruebas en el desarrollo del juicio.
En la defensa técnica se demostró una vez más la inocencia de los líderes campesinos y la intensión clara por parte del sistema judicial y de los entes de inteligencia de las FFMM de criminalizar la protesta social, la libertad de expresión y el derecho de asociación de las organizaciones campesinas de la región.

Uno de los líderes puestos en libertad es vocero regional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y defensor de derechos humanos, Wilmer Madroñero, quien durante todo el proceso mantuvo la firmeza de su inocencia y alentó a sus compañeros a no abandonar las justas protestas de los campesinos.

Los líderes campesinos Mario Vilora, Juan Clímaco Vega, Alexander Pianda, Sabino Eduardo Castro, Luis Efrén Fajardo, José Harry Rendón y Oswaldo Arcos; hoy representan un caso tipo para los defensores de derechos humanos y para la comunidad nacional e internacional de la clara persecución política de la que son víctimas.

Las autoridades gubernamentales y el sistema judicial cambian de estrategia, ya no recurren a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, sino a los montajes judiciales basados en pruebas sin fundamento y ofrecimiento de beneficios a desmovilizados; hoy se configuran como falsos positivos judiciales. Ante los reclamos y exigencias del pueblo colombiano, frente al abandono estatal, la militarización de la vida campesina y una explotación minero energética fuera de control en todo el departamento del Putumayo; se recurre a este tipo de montajes.