Los diálogos de paz de La Habana están en una encrucijada. Después de la masacre de 27 guerrilleros en Guapi (Cauca) perpetrada por los militares de la FAC en un bombardeo desproporcionado y demencial, y de la suspensión del cese unilateral de fuegos por parte del Secretariado de las FARC-EP, el proceso está en una de las peores crisis en los 26 meses de la fase pública.

El Gobierno argumenta para justificar la masacre de Guapi que se está dialogando en medio del conflicto. Sin embargo, hace cinco semanas, cuando el ataque de las FARC-EP a una patrulla del Ejército que adelantaba acciones contrainsurgentes en Buenos Aires (Cauca) dejó el saldo de 11 soldados muertos, el Gobierno Nacional montó en cólera, amenazó con ponerle fin a los diálogos y ordenó la reanudación de los bombardeos aéreos, propios de una guerra asimétrica y ventajosa, que no solo le causa daño a la contraparte sino a la población civil. Son más de 350 los desplazados en el Cauca a raíz de los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados de los últimos días.

Algunos analistas atribuyen esta acción de Guapi como la respuesta a la de Buenos Aires de las FARC y a la ruptura en aquella oportunidad del cese unilateral de fuegos por la insurgencia, aunque el Secretariado de esta, desde enero estaba denunciando las provocaciones de la Fuerza Pública que hacían casi que insostenible la tregua unilateral.

La confrontación no puede convertirse en el manido ojo por ojo y diente por diente. Dicen los estrategas de la guerra que a cada acción militar de una de las partes viene la reacción mayor de la contraparte. Es lo que genera el mayor escalamiento del conflicto.

Sin embargo, hay razones de fondo en la conducta del Gobierno, cada vez más vacilante y timorata frente a la necesidad de los diálogos de paz. El Gobierno Nacional, lo dice con frecuencia el presidente Juan Manuel Santos, cree que la guerrilla fue derrotada durante los años de la “seguridad democrática” heredada por su gobierno y de ahí la absurda decisión de dialogar en medio de la guerra. Por ende considera que es la guerrilla la que debe darlo todo. Desmovilizarse, dejar las armas, “ponerle la cara a las víctimas” y sus dirigentes entregarse para ser conducidos a la cárcel y, quizás, extraditados a los Estados Unidos. El mismo modelo uribista de Ralito en la negociación con los narcoparamilitares, aliados del Estado en el conflicto colombiano.

Una gran equivocación, porque si alguien debe darles la cara a las víctimas es el Estado, mayor depredador de los derechos humanos y principal responsable de la degradación del conflicto. Así como los ganaderos, empresarios, caciques políticos regionales y militares, que promovieron el paramilitarismo y son responsables de crímenes de lesa humanidad y del despojo de tierras a los campesinos.

La guerrilla no está derrotada ni militar ni políticamente. Es una realidad histórica del país. Su existencia tiene causas profundas políticas, sociales y económicas. La rebelión fue contra la injusticia y la antidemocracia, respuesta a la violencia ejercida por la oligarquía desde el poder. Eso no se puede soslayar. Ningún historiador honesto lo puede poner en duda, como está consignado en los textos de los informes de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas. Se equivoca de cabo a rabo el presidente Santos, quien recibió el segundo mandato de los colombianos para hacer la paz y no la guerra.

Otra raíz de la crisis actual es la presión de la extrema derecha y el militarismo que ganan espacio, ante la debilidad de Santos, en el saboteo a la paz. Unido, claro está, al temor de los cacaos y de la oligarquía en general a los cambios que deben producirse para lograr la paz estable y duradera. Paz gratis no la habrá, que se bajen de la nube los oligarcas que aspiran a seguir manteniendo el statu quo de miseria y explotación.

¿Qué hacer? Por ahora es positivo que las partes se mantengan en la mesa a pesar de la difícil situación, pero es indispensable el cese bilateral de fuegos para arropar el proceso. Hizo crisis dialogar en medio de la guerra y de los hechos trágicos que se desprenden de ella. El movimiento social y popular debe reaccionar en defensa de la paz, por el cese bilateral y la asamblea nacional constituyente que refrende lo pactado y produzca reformas políticas y sociales estructurales en el país. En esta dirección es menester cambiar la correlación de fuerzas, el movimiento social y popular debe entenderlo. El mitin del viernes 22 de mayo, a las cinco de la tarde en Bogotá, demostró que son numerosos los sectores que están por la paz y están dispuestos a luchar por ella.