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Nordeste antioqueño se pronuncia en contra de la guerra
Declaración política Encuentro Territorial por la Paz
Cahucopana / Sábado 30 de mayo de 2015
 

Los días 28 y 29 de mayo en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia se encontraron las comunidades que integran la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano y las comunidades campesinas de la Corporación Cahucopana para debatir en torno a los temas que están afectando a la población que se encuentra en medio del conflicto y las consecuencias del mismo, buscando alternativas para la construcción de paz desde el territorio, dando como resultado la siguiente declaración:

Encuentro Territorial por la Paz
Remedios – Antioquia, mayo 28 y 29 de 2015

En medio de la crisis humanitaria profundizada por los bombardeos, como consecuencia de la falta de voluntad por parte del gobierno Santos, y ante la persistencia de la violación al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos; nos reunimos en el municipio de Remedios - Antioquia las comunidades campesinas y mineras del nordeste de las veredas Santa Marta, Lejanías, Panamá Nueve, El Carmen, Puerto Nuevo Ité, Dos Quebradas, Caño Tigre, Ojos Claros y Camelias Dos; con la participación de las organizaciones sociales de la Coordinación Agrominera, Ascoa, Movimientos Ríos Vivos – Antioquia, Ascnac, Acvc, Aheramigua, Ascit, Cahucopana; organizaciones sindicales Sintratextil, Sintraiss, Red Cepela; organizaciones defensoras de derechos humanos, Corporación Jurídica Yira Castro, Procesos de Constituyentes por la Paz en Antioquia, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - Credhos, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y su Comisión de Derechos Humanos, la Unión Patriótica, Juventud Rebelde, Colectivo Lazos de Libertad, Colectivo Silvio Salazar, Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto, Frente Amplio por la Paz, Anzorc y la Agencia Prensa Rural; para debatir en torno al desescalamiento del conflicto armado, acordando el inicio de acciones que se realizarán frente a las exigencias ante los rigores de la guerra.

Ante el análisis de las situaciones en los territorios que presentan una fuerte militarización, con estigmatización, señalamiento y judicialización hacía campesinos y líderes de las organizaciones sociales, adicional a la amenaza constante de las estructuras de los grupos paramilitares, se realizan las siguientes exigencias al gobierno nacional y a la Mesa de La Habana y otros grupos insurgentes que no se han sumado a las conversaciones:

1. Es urgente y necesario el cese bilateral al fuego como muestra real de la voluntad del Gobierno Nacional de la construcción del inicio de una Paz duradera. Esta es una condición indispensable para las acciones de desescalamiento del conflicto que conllevará a garantías efectiva de los derechos humanos en zonas de conflicto y al éxito de las acciones de desminado humanitario. La continuación de la contienda militar puede traer la consecuencia de la terminación de la Mesa de Diálogos de La Habana que se ha convertido en una luz de esperanza para las comunidades.

2. Existe una necesidad de involucrar a las comunidades en los procesos de desminados y remanentes explosivos con seguridad para la vida e integridad de las personas. Se solicita al gobierno nacional la preparación y sensibilización sobre la manera como se pretende realizar el desminado, realizando unas comisiones de verificación y caracterización que permitan identificar las dificultades y los actores armados que se encuentran en contra y declarar como refugios humanitarios las veredas en las que se desarrollarán las acciones.

3. Como garantía para un efectivo goce de derechos de las comunidades, se exige al Gobierno Nacional el desmonte real y efectivo de las estructuras paramilitares que constituyen el primer factor de violencia contra las organizaciones sociales y los líderes de las regiones.

4. Se exigen garantías reales de protección y no criminalización de las comunidades en los territorios donde se están llevando a cabo las acciones de desminado y donde se involucra a la comunidad para identificar los lugares donde se encuentran las minas.

5. Se exige al Gobierno Nacional, como muestra de voluntad de paz y en pos de un plan de desescalamiento del conflicto armado y social, cesar la persecución y señalamientos de las comunidades y las organizaciones sociales, el cese de los operativos militares y de policía contra la pequeña y mediana minería, el respeto por la minería como una actividad cultural y ancestral de las comunidades, el entender que los cultivos de coca, marihuana y amapola son cultivos de subsistencia para las comunidades y es necesario la ejecución de proyectos productivos territoriales que garanticen la sobrevivencia con una sustitución progresiva. Todo esto debe conllevar a la libertad de los líderes comunitarios, campesinos y mineros en general injustamente detenidos. Así mismo sancionar a las fuerzas militares y de policía ante los tratos degradantes y violentos que tienen hacía las comunidades y exigir el respeto pleno al DIH y a los derechos humanos.

Se hace un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para la visibilización y denuncia de los hechos de violencia y de estigmatización que están ocurriendo en las comunidades, realizando el acompañamiento a los afectados en los territorios que se encuentran en el plan piloto de desminado para garantizar su seguridad y sus vidas.

Si es necesario, nos sumaremos a las iniciativas de campamentos humanitarios que impulsa el Frente Amplio por la Paz en miras de exigir el cese al fuego bilateral.

Las comunidades siempre construyen paz a pesar de las dificultades con los proyectos organizativos en los territorios, por ello continuaremos con las veedurías sobre las acciones de la fuerza pública y las decisiones de la mesa de La Habana, seguiremos trabajando en la construcción colectiva de una ley socio ambiental y el código de minas alternativo que garanticen la dignificación de la actividad minera como una actividad cultural y ancestral, la permanencia en los territorios de las comunidades que históricamente hemos trabajado y construido un proyecto de vida en estas tierra.

Nos movilizaremos para denunciar las acciones violentas que están generando temor, zozobra y desplazamiento. Resistiremos en refugios humanitarios a los desalojos de nuestros territorios que se hace en función de los intereses del capital. Seguiremos exigiendo el cese bilateral al fuego y el desmonte de las estructuras paramilitares. Porque el gobierno habla de paz pero atiza la guerra, las comunidades persistimos en construir en medio de la guerra proyectos de vida digna para la Paz.

¡Para la guerra nada, para la vida todo!

Señor Santos: los más de dos millones de votos fueron para la paz, no para a guerra.

No se puede hablar de paz en medio de la guerra.

Remedios, mayo 29 de 2015.

PD: Finalizando el Encuentro territorial nos enteramos por las comunidades campesinas de la vereda Panamá 9 que en el sitio conocido como Mina Nueva, lugar que fue bombardeado el pasado 23 de mayo por la fuerza aérea, fue allado el cuerpo sin vida del campesino y minero de la zona, Adrian Camilo Meneses Quiceno. Su asesinato se realizó presuntamente el jueves 28 de mayo en horas de la noche, se cree que por parte de miembros del ELN. Su cadáver fue hallado con impactos de bala por los mismos habitantes de la región. Este hecho se suma a los muchos otros asesinatos que ocurren en las regiones de personas que buscan vivir en paz pero que están en medio de la guerra.

Comunidades campesinas y mineras del nordeste antioqueño
Ascoa, Movimientos Ríos Vivos Antioquia, Ascnac, Acvc, Aheramigua, Ascit, Cahucopana, Sintratextil, Sintraiss, Red Cepela; Corporación Jurídica Yira Castro, Procesos de Constituyentes por la Paz con justicia Social de Antioquia, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credhos, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y su Comisión Nacional de Derechos Humanos, Unión Patriótica, Juventud Rebelde, Colectivo Lazos de Libertad, Colectivo Silvio Salazar, Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina Anzorc, Agencia Prensa Rural, Frente Amplio por la Paz.