Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional para demostrar su solidaridad ante el agravamiento de la situación que viven las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos en Colombia, y ante su valiente resistencia frente al neoliberalismo.

Desde el triunfalismo que generó en el gobierno de Colombia el resultado de la operación Jaque se ha incrementado la política del señalamiento y criminalización a las organizaciones sociales. En los últimos meses se han multiplicado las agresiones, asesinatos y desplazamiento de comunidades indígenas en la zona del Cauca y Chocó; defensores de derechos humanos han sido víctimas de secuestros y acosos permanentes. Únicamente entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre se ha asesinado a 15 compañeros indígenas. Las organizaciones estudiantiles han sido señaladas como nido de terroristas y desde el Ministerio de Relaciones exteriores amenazan con silenciar a todas las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos en Colombia desde Europa.

La militarización y paramilitarización es aún más grave en las regiones que poseen recursos naturales estratégicos abundantes en Colombia, como el agua, el petróleo, los minerales, la biodiversidad y la tierra. La entrada de las transnacionales para explotar estos recursos no ha hecho sino empeorar esta situación. Este es el caso de la multinacional bananera Chiquita Brands –antigua United Fruit Company–, que fue procesada judicialmente por el pago a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en Córdoba y Urabá, involucrados en las masacres y desplazamientos sobre las poblaciones que se oponían a su actividad. Y también casos de multinacionales petroleras como Occidental Petroleum y Repsol-YPF, que operan en Arauca, donde se han denunciado crímenes de lesa humanidad que afectan principalmente a las organizaciones sociales. De hecho, somos testigos de una estrategia clara de vaciamiento de los territorios mediante la expulsión por la violencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Esto ocurre de manera evidente ante el negocio de los agrocombustibles promocionados de manera irresponsable desde la Unión Europea y los Estados Unidos, y que ha llevado a deforestar los territorios y convertirlos en desiertos verdes de palma aceitera y caña de azúcar.
Por sus riquezas naturales y su situación estratégica en términos geopolíticos, Colombia es también el país donde se engranan el Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Estos megaproyectos, articulados con el Plan Colombia, comportan preocupantes impactos sociales y ambientales, y no tienen otro objetivo que el saqueo de los recursos naturales y la utilización de las regiones como lugares de tránsito de mercancías. Su implementación requiere también del aniquilamiento de toda oposición, y por tanto, causa la violación de los Derechos Humanos en Colombia.

A pesar de la violencia estructural que existe en el país, las movilizaciones y denuncias están logrando paralizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Los TLC forman parte estructurante de la arquitectura neoliberal de la economía mundial, atravesada por una de las peores crisis financieras de su historia. Ante esta situación, lo que se requiere es fortalecer los mercados internos y regionales. Con el lamentable ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México-Canadá-EEUU), la experiencia nos ha demostrado que este tipo de acuerdos económicos solo conlleva la pérdida total de la soberanía además de un evidente empobrecimiento de las poblaciones locales. Pero el gobierno colombiano no aprende la lección. No duda actualmente en desmantelar a la Comunidad Andina de Naciones, en la cual varios países tienen una perspectiva crítica y digna ante el Acuerdo de Asociación que la Unión Europea pretende imponer. Hoy, el gobierno de Uribe no respeta el mandato constitucional de promover la unidad latinoamericana y prefiere firmar bilateralmente un TLC con la Unión Europea. Ante la ceguera del gobierno, quién lo tiene claro, es el Pueblo. Muestra de ello, la huelga de los corteros de caña de azúcar y de los trabajadores de la justicia en Colombia, y la movilización nacional de resistencia indígena y popular que demuestran un rechazo rotundo al modelo salvaje de explotación capitalista.

En respuesta a la valiente resistencia del Pueblo colombiano, la estrategia actual del gobierno colombiano pasa entonces por señalar, criminalizar, neutralizar y desaparecer cualquier oposición a sus políticas de libre comercio, saqueo y militarización. Con un marco legal local e internacional totalmente vulnerado y una Constitución política no respetada, Colombia sigue hundiéndose lentamente en la arena movediza de la corrupción y el terrorismo de Estado. La comunidad internacional se encuentra por su lado en una situación de total desinformación sobre esta realidad. Una nueva arremetida en contra de las organizaciones que defienden el respeto de los Derechos Humanos en Colombia, tanto locales como internacionales obedece a la voluntad de crear una cortina de humo más propia para tapar la actual crisis gubernamental, en medio del escándalo para-político, y la ya innegable relación entre paramilitares y las instituciones como Fiscalía, Ejército y Policía.

Es por ello que hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, culturales, defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales para rodear con nuestro apoyo certero a los compañeros y compañeras que están siendo objeto de estos señalamientos. Responsabilizamos al señor Álvaro Uribe Vélez, por las consecuencias que sobre la vida e integridad de las personas y organizaciones puedan tener sus señalamientos. Exigimos se retracte públicamente de los mismos.

Firman:

Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, Estado español

Para adherir firmas escribir con su nombre, el de la organización o colectivo y el país, al correo:

colombianoestasola@gmail.com