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El Estado no puede ser juez y parte
FARC-EP: proceso de paz no es sometimiento, ni rendición
“En La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión”.
Prensa Latina / Miércoles 3 de junio de 2015
 

La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que participa en las conversaciones con el Gobierno en La Habana afirmó hoy que el proceso de paz no es sometimiento ni rendición.

“Creemos que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición, también creemos que no puede convertirse en un proceso judicial o de debut de un concepto de justicia punitivista en la que el Estado pueda actuar como juez y parte”, dijo el miembro de la guerrilla Wálter Mendoza.

“En este orden de ideas reiteramos que ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven”, puntualizó Mendoza.

Explicó que en La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión.

Ningún guerrillero -advirtió- está dispuesto a pagar cárcel por ejercer dicho derecho; además, si a algo se debe referir el concepto justicia, es al establecimiento de la justicia social y reparadora, de otro modo, sería impensable la paz.

En ese sentido, se debe comenzar a desmantelar la doctrina de la seguridad nacional, la teoría del enemigo interno y el paramilitarismo, insistió Mendoza, quien recordó que finalmente es el Estado el máximo responsable de la guerra y sus victimizaciones.

Nunca daremos un voto de confianza -enfatizó Mendoza- al sistema judicial colombiano ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas, porque no hemos venido a La Habana a someternos.

Lo mínimo para alcanzar la reconciliación es que se proceda con los cambios estructurales que acaben con la miseria, la desigualdad y la falta de democracia, argumentó el insurgente.

Existe una corriente de opinión en el país que pretende institucionalizar la visión de que la demora en alcanzar acuerdos en el punto Víctimas de la Mesa de Conversaciones se origina en un pretendido temor de las FARC-EP a abordar el tema de justicia.

No nos cerramos a la discusión de propuestas que pudiesen aportar al fin del conflicto, por ello hemos presentado iniciativas que están en marcha para beneficiar el proceso, como las medidas para bajar la intensidad del conflicto, y el saboteado cese unilateral de fuegos.

Nuestra prioridad, eso sí, fue llevar a la Mesa las propuestas que plantearon las víctimas del conflicto. Nuestras iniciativas están en manos del gobierno, sin que luego de un año de debates se haya dado desde las instituciones alguna respuesta que satisfaga a las víctimas, salvo el decreto 0303 de 2015 referido a desapariciones forzadas, argumentó.

Frente a estas circunstancias debemos decir que ninguna excusa hay para que no se concreten medidas urgentes de reparación que apunten a responder a las exigencias de las víctimas; ninguna justificación hay para retrasar un acuerdo sobre Comisión de Esclarecimiento y Verdad.