Movimientos agrarios colombianos organizan marchas para exigir la legalización de las tierras ocupadas por los labriegos y la constitución de un sistema de Reservas Campesinas, entre otras medidas en beneficio de los cosechadores, anunciaron hoy sus promotores.

Más del 60 por ciento de las fincas usadas históricamente por los productores carecen de título de propiedad, por lo que pudieran ser entregadas a empresarios para la exploración y explotación minera, denunció César Jerez, uno de los voceros de ese segmento poblacional, quien anunció la realización de jornadas de protesta en agosto venidero.

Adicionalmente el dirigente reprobó recientes proyectos legislativos encaminados a entregar terrenos a empresas colombianas y extranjeras, en su mayoría involucradas en programas para buscar y extraer minerales.

Tales maniobras para favorecer a la alocada locomotora minera impulsada por el Gobierno perjudican a los verdaderos dueños de la tierra que son los cultivadores, insistió Jerez en declaraciones a la televisora Canal Capital.

Los campesinos -dijo- rechazarán también los incumplimientos del Ejecutivo en torno a compromisos previos pactados en mesas de concertación con representantes de ese sector.

Entre esos acuerdos mencionó la creación de un fondo para impulsar la economía rural así como la puesta en marcha de una treintena de iniciativas de infraestructura social ideadas para mejorar las condiciones de vida de los pobladores y contrarrestar lo que consideran una aguda crisis del campo, azotado por el prolongado conflicto armado.

Han transcurrido casi dos años de tales promesas y seguimos esperando, insistió Jerez.

La creación de un sistema de zonas de reserva campesina, avaladas por el Plan Nacional de Desarrollo, será otra de las exigencias de los manifestantes, adelantó.

En semanas previas cosecheros de El Catatumbo, protagonistas de un paro nacional agrario en 2013, viajaron hasta Bogotá con el objetivo de demandar también mejoras para esos trabajadores y sus familiares.

Jerez alertó igualmente sobre el peligro que representan los bombardeos del Ejército dentro de las áreas rurales, las más castigadas por la confrontación bélica.

Se trata de ataques aéreos para exterminar a grupos de 30 y 40 personas, ofensivas que además de ocasionar la muerte de guerrilleros, genera pánico entre los labriegos, y fenómenos como el desplazamiento humano.

La agricultura resulta igualmente perjudicada al arrasar sembrados, por lo que hemos demandado el establecimiento de una tregua bilateral, enfatizó.