Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Tierra, poder y ambiente: un breve recuento
“Vinieron. Ellos tenían la biblia y nosotros la tierra; nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la biblia”: Eduardo Galeano
José Maykol Quintero Arias / Viernes 26 de junio de 2015
 

El origen del latifundio en la Colonia

Durante la colonia, luego en la independencia y por último en la era del desarrollo, los conflictos por la tierra han estado asociados al uso, tenencia y propiedad sobre ésta (Revista Semana, 2010). Esto debido a que en este transcurrir histórico, la tierra se constituye en el principal factor productivo generador de riqueza, prestigio social y poder. Sólo a finales del siglo XX empezó a declinar ese poder en términos económicos, más no políticos. (Machado, 2009).

Durante la colonia las tierras del Nuevo Reino le pertenecían a la Corona española, un poder desconocido para las comunidades y autoridades indígenas, y éste poder a su vez, desconocía los derechos étnicos - ancestrales sobre la tierra, se configura de este modo una tragedia.

Para contextualizar el conflicto originado por la tierra, Absalón Machado (2009) describe el interés institucional de la propiedad de la tierra durante la colonia:

“Las formas institucionales que adoptó la Corona española en América para otorgar propiedades están marcadas por el criterio de que España asume una organización señorial de sus colonias. A diferencia de la colonización inglesa, España estaba empeñada en despojar de sus riquezas a las civilizaciones precolombinas, para lo cual emprendió una explotación intensa de las poblaciones existentes, diezmando rápidamente la población nativa; ello no dejaba de ser contradictorio, pues ponía en peligro la base del asentamiento señorial en América, que era la servidumbre agrícola” (Machado, 2009. Pg 18)

La relación de esas formas institucionales con la propiedad de la tierra genera una tensión que desencadena en conflictos frente al control territorial que ejercían las comunidades indígenas en sus lugares ancestrales.

Al tiempo que la Corona centraba su interés en explotar los recursos de las tierras de América, favorecía el poblamiento de algunas zonas, principalmente fronteras o lugares con riesgo de desembarco de tropas enemigas, estas concesiones las realizó a través de la Mercedes, una figura que otorgaba la posesión de las tierras a las comunidades para su asentamiento y aprovechamiento productivo (Bolio. J & Bolio. H, 2013)(Machado, 2009).

La encomienda fue una de las figuras de propiedad en la que los capitanes del ejercito real colonizador, los sacerdotes y los blancos eran encomendados por la Corona para administrar una tierra, obligándolos a evangelizar a los indios y los indios obligados a tributar con trabajo o en especie (Ibíd., 2013), sin embargo, estas figuras de capitulaciones de las tierras y de los pobladores generó un problema para la Corona pues los encomenderos y los funcionarios o militares acumulaban los tributos indígenas con la pretensión de una independencia de tipo feudal frente a la Corona (Machado, 2009).

La pretensión de poder de los encomenderos que tenían tierras frente a la Corona generó tensiones entre estos. Así podemos decir que se inicia la configuración de la estructura de concentración de tierras en nuestro país (Ibíd., 2009)

España y todo el reino, incluida las Indias, reflejaba la decadencia del feudalismo en Europa ante el naciente capitalismo, así que también en las colonias se vivieron esas transformaciones económicas; la Corona volcó su atención en generar rutas comerciales y enclaves productivos, contrario al papel que venían desempeñando de explotación de recursos y pobladores.

Estos rasgos de decadencia del feudalismo y nacimiento del capitalismo en la Corona española empiezan a brindar algunas libertades comerciales a los administradores de las capitulaciones, esto y el inicio del proceso de independencia favorecen a los encomenderos, ahora dueños de grandes haciendas productivas que concentran poder por sus latifundios (Ibíd., 2009)

Con relación a las extensiones de las haciendas, los linderos y una aproximación a lo que esta concentración de tierras generó, Machado nos señala lo siguiente:

“Además de ser extensas las adjudicaciones, los linderos eran inciertos, lo que facilitaba a los propietarios ampliar cómodamente sus terrenos, hasta llegar a mercedes o imperios territoriales que podían llegar a las 200.000 hectáreas o más. De esa manera se apropiaron rápidamente las tierras que en ese entonces tenían algún valor económico. Los historiadores coinciden en que para fines del siglo XVI, unas pocas personas habían acaparado las mejores tierras; bastó un siglo para que se hiciera el reparto a los privilegiados, generándose un problema de tierras con los indígenas y los nuevos inmigrantes europeos, o los españoles pobres” (Machado, 2009. Pg 25)

Ya entrado el siglo XIX el país carecía de los medios necesarios para validar los títulos de propiedad que resultaron de la época de la Colonia, de igual forma no se contaba con un catastro nacional que diera razón del estado de propiedades sobre la tierra, esto fue un aliciente para continuar con el modelo acaparador y concentrador naciente durante la Colonia.

Luchas campesinas de 1930

Para contextualizar la situación que se vivía al interior de las haciendas latifundistas heredadas de la colonia y consolidadas durante la independencia y el siglo XIX, Renán Vega Cantor nos señala la situación de los campesinos que compartían tierras en los latifundios ganaderos de la Costa Atlántica,

“…desde finales del siglo XIX, la ganadería fue desplazando a las actividades agrícolas mediante la rápida expropiación de grandes cantidades de tierra, lo que significó la expulsión de importantes contingentes de población campesina, que hasta ese momento había compartido el suelo con los ganaderos. Esto implicó la subordinación de los campesinos a la siembra de pastos, la prioridad de los grandes ganaderos y la prohibición de sembrar cultivos permanentes (como cacao, plátano y caña de azúcar). Los hacendados sólo permitían el cultivo de productos de subsistencia que requieren de corto tiempo y empleaban ganado para invadir las pequeñas parcelas, lo que prácticamente hacía incompatibles a la ganadería y a la economía campesina” (Renán Vega,. 2004. Pg 12)

Esta situación de poder y dominio sobre la mano de obra del país que tenían las haciendas tuvo un cambio drástico al final de la primera guerra mundial, pues se dio un impulso decisivo al capitalismo y el país también lo experimentó.

Los excedentes de las haciendas cafeteras permitieron realizar inversiones en la industria del país pero sin mano de obra disponible en la ciudades, fueron necesarios ajustes en salarios para atraer la mano de obra campesina hacia las ciudades, se inaugura la brecha entre el campo y la ciudad (Ibíd., 2004).

La condición de mejores salarios en la ciudad y la cobertura en servicios de salud y educación impulso grandes contingentes de proletarios y campesinos hacia las ciudades, desabasteciendo la demanda de mano de obra en las grandes haciendas del país, principalmente las que se ubicaban cerca de Bogotá; Sumapaz y Tequendama (Ibíd., 2004)

Esta situación crítica para los propietarios de las haciendas se agravaba para ellos con los cambios sociales y hasta ideológicos de los campesinos quienes veían como los propietarios de las haciendas cafeteras acumulaban riqueza durante el alza de los precios del café mientras les negaban a ellos la oportunidad de sembrarlo (Ibíd., 2004).

El campesino deja de ser sumiso y comprende que el fruto de su trabajo podría verse reflejado en el dominio de su propia tierra.

Durante las movilizaciones campesinas de 1929 a 1936 las consignas de “Tierra libre, pan barato, abrigo bueno y techo decente” impulsan el proceso organizativo y se logran parcelar 41 haciendas de las 600 existentes en el país (Ibíd., 2004), la ley 200 de 1936 que hace referencia a la “función social de la propiedad” y se conformaron algunas colonias agrícolas, sentando los precedentes de las zonas de reserva campesina (Salcedo, 2013).

Campesinos; de explotados incluidos a explotados excluidos (Tobasura, 2009)

Colombia se ordenaba bajo un modelo económico para la sustitución de importaciones, bajo esta premisa cada sector productivo interno era preponderante por la capacidad de provisión de bienes de consumo que disminuyera la importación de productos y por ende redujera la salida de divisas del país.

El sector campesino jugaba un papel crucial en la vida nacional, a finales de los años 80 proveían al menos el 60% de los alimentos consumidos internamente, sin embargo, la dispersión geográfica de los campesinos en todo el territorio nacional y la falta de una organización de base que los aglutinara reducía considerablemente su incidencia política en las proyecciones del país (Molano, 1989).

Caso contrario era el que se presentaba con los empresarios agrícolas que se concentraban en gremios según los productos; Cenicaña, Fedearroz, Fenalce, Federación Nacional de Cafeteros, representaban los intereses del gremio frente al gobierno nacional o brindaban una excelente capacidad de hacer lobby para beneficio de sus asociados o federados ante los formuladores y planeadores de la política económica del país (Tobasura, 2009).

De igual forma, este sector; el agroindustrial, contaba con capital para realizar cambios tecnológicos que estaban asociados a disminución de mano de obra en las labores productivas.

En este orden de ideas los institutos técnicos y de investigación agropecuaria se concentraban en desarrollar tecnologías que respondieran a las necesidades de los gremios productivos; disminuir los costos por mano de obra, incrementar la capacidad de producción y aumentar la eficiencia de los sistemas productivos.

Desconociendo el contexto de escaso capital y exceso de mano de obra en que se encontraba el sector agropecuario del país los centros de investigación y educación técnica y tecnológica centraron la investigación y desarrollo influenciados por los modelos investigativos del norte (Rockefeller), así, nunca respondieron a las necesidades sentidas de los campesinos colombianos.

El mercado internacional como fuente de crecimiento de la economía del país fue la tesis bajo la cual se transformó el modelo económico colombiano en la década del 90 hacia el Neoliberalismo. Éste pretende eliminar todas las barreras comerciales entre los países, reducir la incidencia del Estado y dar libertad al mercado partiendo del supuesto de que éste es eficiente en la distribución de los recursos escasos.

Sin embargo, el mercado ha definido a través de la división internacional del trabajo (Wallerstein, 2005) el papel que debe desempeñar la economía colombiana como proveedor de materias primas a las economías del Norte.

Una vez más, ante este cambio de panorama, el campesino es desfigurado de la escena económica y política del país, desconociendo el contexto social, económico y ambiental se le obliga a transformarse en un empresario agrícola a través de las Alianzas Productivas con los grandes inversores de capital pretendiendo así el aumento de la productividad en el campo, sin embargo, los ejemplos son numerosos para evidenciar que los afectados en estas alianzas son los campesinos, quienes su único respaldo crediticio es la tierra y la variabilidad de precios internacionales, el influjo del clima, las plagas y el maniqueo de los inversores por ganar, siempre termina inclinando la balanza hacia la concentración de la tierra.

Organización: la resistencia campesina al despojo

La contextualización de los anteriores periodos permiten proponer interpretar desde las relaciones ecosistema – cultura planteadas por Augusto Angel Maya (1995) la organización campesina como una adaptación cultural a las condiciones materiales de violencia, exclusión, desplazamiento y pauperización de la vida campesina.

En este orden de ideas, el campesino encontró en su organización una herramienta para la resistencia; la organización le permite mantenerse en su territorio y este es el que le permite Ser al campesino.

La resistencia en los territorios surgen de los vínculos de pertenencia entre el espacio y el sujeto campesino, ya que no están mediados solamente por la propiedad, sino que también producen la más estable condición identitaria, el sentido o sentidos de pertenencia se expresan ampliamente en lo que se denomina su territorialidad.

Son esas relaciones de apropiación también, las que dan origen a los distintos modelos organizativos para la lucha por el ordenamiento autónomo de la tierra en defensa de su protección como medios de vida y pervivencia de las prácticas campesinas.

Las Zonas de Reserva Campesina: alternativa ambiental

El latifundio como sistema de posesión de la tierra resulta ineficiente e improductivo puesto que comúnmente esta asociado a la tenencia de la tierra como respaldo de poder político, una práctica heredada desde la época de la Colonia y que hoy el sistema político del tinto sobre el caballo de paso fino ha convalidado.

La especulación con las tierras y el limitado desarrollo agrícola del país permeaba y aún permea los latifundios para convertirlos en grandes extensiones de tierras que no aportan al empleo rural, no son focos de inversión y mucho menos halan el desarrollo económico local, regional o nacional, solamente ahora con el proyecto de la nueva Altillanura copiado del Cerrado brasilero debido a su éxito comercial, más no social o ecológico, se pretende justificar y promover estas grandes extensiones de tierras.

Para comprender mejor el problema de concentración de tierras es necesario leer lo que la ley 160 de 1994 definió con relación a la Unidad Agrícola Familiar (UAF):

“La UAF es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.
La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere” Articulo 38, Capitulo IX, Ley 160 de 1994.

Ésta figura ha sido la piedra en el zapato para la promoción de una “agricultura industrial de cara al siglo XXI” como expresaría el ex ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, por ello, se ha recurrido a todos los artilugios posibles para saltarla, evadirla, desconocerla o simplemente eliminarla, y por ello, cada Plan de Desarrollo ha presentado una propuesta en este sentido (Osorio, 2010).

De igual forma, la ley 160, reconociendo la importancia de los movimientos de colonización y el proceso de apropiación de baldíos en el país, estableció las Zonas de Reserva Campesina como el área para un proyecto de ordenación ambiental territorial que vincule y promueva la cultura y economía campesina así:

“Son las áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del INCORA, teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales. En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, el número de éstas que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos.

En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los anteriores principios orientadores, las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción” Articulo 80, Capítulo XIII, Ley 160 de 1994.

Esta propuesta de construcción de territorialidad y de promoción de los derechos colectivos sobre la tierra es un acercamiento a lo que Ostrom (1995) plantea sobre “diseños complejos para manejos complejos”; dar poder y autonomía a las comunidades locales para administrar los recursos locales, valorar el conocimiento y los saberes que han logrado con el habitar histórico y sostenible en los ecosistemas y frenar la lógica homogeneizadora de la economía de mercado configurada, como lo plantea Martinez Alier (2001) en el texto Economía ecológica y política ambiental, para la exportación de materias primas; dinámica del mercado que desconoce la deuda ecológica y se fundamenta en la “obligación” del pago de la deuda externa del país arreciando la explotación de los elementos naturales.

La propuesta de las zonas de reserva campesina, más allá de la estigmatización que el mismo Estado ha impulsado sobre estas, ponen en discusión hoy dos modelos antagónicos; por un lado, el empresario agrícola que ha caído en la mercantilización de la vida misma al considerarse productor de riqueza (Naredo, 2013) y el campesino, que comprendiendo la complejidad ambiental de los ecosistemas que habita se adapta culturalmente para ser un sujeto productivo que aporta al crecimiento país.

Notas:

1. Estos latifundios alcanzaban extensiones de miles de hectáreas. Por ejemplo, en Majagual (Bolívar) un terrateniente de nombre Enrique Sampayo era dueño de las siguientes haciendas: Santa Catalina (30.000 hectáreas), La Pola (20.000 hectáreas); Santo Domingo (15.000 hectáreas); Santa Raquel (50.000 hectáreas), Santa Rita (10.000 hectáreas) Renan Vega Cantor, Las luchas agrarias en Colombia en la década de 1920. 2004. Pg 12.

Bibliografía

ABSALÓN, Machado., Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia: de la colonia a la creación del Frente Nacional, Universidad Nacional de Colombia. Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Bogotá, 2009.

ÁNGEL, Augusto., La fragilidad ambiental de la cultura. Bogota: Universidad Nacional de Colombia. IDEA. 1995.

ÁNGEL, Augusto., La Diosa Nemesis, Desarrollo Sostenible o Cambio Cultural. Cali: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 2003.

ÁNGEL, Augusto., El Reto de la Vida. Ecosistema y Cultura, Una introducción al Estudio del Medio Ambiente. Bogota: www.augustoangelmaya.com. 2013.

BOLIO, Juan & BOLIO, Héctor., Modalidades de tenencia de la tierra en la nueva España. Siglos XVI y XVII. UNAM, Revista mexicana de historia del derecho. Pg. 29 – 40. 2013.

MARTINEZ ALIER, Joan & ROCA JUSMENT, Jordi., Economía ecológica y política ambiental, 2da Edición, Fondo de cultura económica de España. Pg 499. 2001

MOLANO BRAVO, Alfredo., Siguiendo el corte, Relatos de guerras y de tierras. Bogotá: Ancora editores. 1989.

NAREDO, Jose Manuel., Ideología político-económica dominante y claves para un nuevo paradigma. Universidad Politécnica de Madrid. Revista economía crítica Nº 16. Pg 108-143. 2013.

TOBASURA, Isaias., De campesinos a empresarios: la retorica Neoliberal de la política agraria en Colombia. Universidad de Manizales. Agrón Nº 17, pg 21 – 34. 2009.

VEGA, Renán., Las luchas agrarias en Colombia en la década de 1930. Cuadernos de desarrollo rural Nº 52, Universidad Javeriana. Bogotá, 2004.

Revista Semana. ( 25 de Noviembre de 2010). El acceso a la tierra ha sido el eje del conflicto armado. Consultado el 9 de Junio de 2015, de SEMANA: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-acceso-tierra-ha-sido-eje-del-conflicto-armado/125048-3

OSTROM, Elinor., Diseños complejos para manejos complejos Gaceta Ecológica, núm. 54, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Distrito Federal, México. pp. 43-58. (2000).

OSORIO, Camila., (22 de Noviembre de 2010). El futuro de la Orinoquía ya arrancó. Consultado el 9 de Junio de 2015, de La Silla Vacia:
http://lasillavacia.com/historia/el-futuro-agroindustrial-de-la-orinoquia-ya-arranco-19998

SALCEDO, Camilo., (30 de Abril de 2013). Tierra y conflicto en Colombia. Consultado el 21 de Mayo de 2015, de Palabras al Margen, por el derecho a decirlo todo:
http://www.palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/tierra-y-conflicto-en-colombia

WALLERSTEIN, Immanuel., Análisis de Sistemas - Mundo, Una introducción. México: Siglo XXI. 2005.