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Las juntas campesinas de acción comunal, las FARC y el posconflicto
Raúl Plazas Galindo / Martes 21 de julio de 2015
 

Algunos desacuerdos con el informe “Lo que hemos ganado”, de la Fundación Paz & Reconciliación [1].

1. La “verdad” y el informe lo que hemos ganado de la Fundación Paz & Reconciliación

Al respecto del conflicto armado en Colombia, el asunto de “la verdad” se ha focalizado en la determinación de los responsables de esta tragedia nacional, pero hay que resaltar que es una oportunidad para terminar la conflagración y construir sociedad con menos exclusiones y mayor bienestar para el conjunto de la población. Unas herramientas para pensar el asunto y actuar en él, son las que proveen las humanidades y ciencias sociales, en la necesaria reflexión colectiva.

Desde la utilidad de las investigaciones de las humanidades y ciencias sociales para comprender esa “verdad histórica”, es como aquí se considera el informe Lo que hemos ganado, de la Fundación Paz & Reconciliación. Pues bien, este texto que se presenta, tiene por objeto señalar contradicciones con algunas conclusiones del citado informe, principalmente con el apartado: “Las FARC se preparan para el postconflicto” [2].

Este texto no se escribe desde ninguna institución ni legal ni ilegal, simplemente es una obligación moral poner en evidencia algunas contradicciones, sobretodo porque ese tipo de temas en nuestro país y ese tipo de conclusiones, pueden tener consecuencias peligrosas para varias personas.

Se presenta a continuación: los juicios polémicos que se pueden deducir del informe lo que hemos ganado; se sigue con la alusión a otra investigación, que arroja otros resultados, algunos de ellos abiertamente contrarios a las del informe citado; y se finaliza con algunos apuntes sobre la metodología y comentarios personales.

2. Juicios en los que se está en desacuerdo y que se ponen en cuestión

El desacuerdo con el informe lo que hemos ganado, se encuentra en la manera de ver la relación entre las FARC y la autonomía de las juntas de acción comunal de los campesinos. Principalmente en cuatro temas: las juntas de acción comunal en sí mismas, los manuales de convivencia, las multas, y por último, las posibles posiciones políticas de estas juntas, en un eventual posconflicto.

Los juicios en cuestión, son los siguientes:

a. Las juntas de acción comunal son herramientas de control y sometimiento a los campesinos y campesinas, por parte de las FARC.

b. El manual de convivencia es la normatividad que imponen las FARC a los campesinos y campesinas, con lo que regulan toda su vida cotidiana y participación política.

c. Las multas que estarían consagradas en ese manual de convivencia, son cobradas y administradas por las FARC.

d. Las expresiones políticas que pudieran expresar los miembros de las juntas de acción comunal como expresión de la “población civil” frente al posconflicto, son réplicas exactas de la posición política de las FARC.

2.1 Las juntas de acción comunal

Ante estas formas de organización comunitaria, el Informe lo que hemos ganado dice lo siguiente: “ … ante una estrategia de reinserción política, el grupo guerrillero cambia de estrategia. Ha comenzado a ceder esta administración de justicia a las comunidades por medio de las Juntas de Acción comunal” [3]. Quiere decir, y ya que refiere a que es un fenómeno reciente, que la administración de justicia que tradicionalmente hacían las FARC, ahora la realizarían las juntas de acción comunal, eso sí, teniendo como máxima instancia a las FARC, en una suerte de “Corte Suprema” llamada “Consejo de Seguridad”, como el informe detalla a continuación:

Cada JAC (Junta de Acción Comunal) debe crear un comité de conciliación, allí llegan los primeros casos de conflictos entre vecinos, si el comité no puede solucionarlo, este caso pasa a una segunda instancia, que es la JAC en pleno, si allí tampoco se soluciona, se pasa a un Núcleo de Juntas, que es una agrupación de JAC de diferentes veredas. Y si allí tampoco se resuelve pasa al grupo guerrillero. Vale la pena aclarar que en todo caso la autonomía de las JAC en estas zonas del país, no es auténtica, la supervisión de las FARC es amplia [4].

De lo anterior se pueden deducir dos cosas: por un lado, que la resolución de conflictos en las regiones las realizaba las FARC, y solamente hasta ahora las juntas de acción comunal tienen incidencia en ello, eso sí, sin alguna autonomía real para hacerlo. La manera de “hacer justicia” de las FARC en esos territorios está entonces enlazada desde las veredas, pasando por núcleos veredales, para tener el control del “sistema” algún grupo de guerrilleros de la zona. Ahora bien, si las juntas de acción comunal no tienen autonomía para la toma de decisiones en la resolución de los problemas comunitarios, quiere decir que hay un control de la vida cotidiana de los campesinos y campesinas, que se articula por medio de las juntas de acción comunal.

Pensar que lo que el informe Lo que hemos ganado afirma es que las Juntas de Acción Comunal, en los municipios señalados como de “presencia armada de las FARC”, son herramientas de sometimiento y control de las FARC contra los campesinos y campesinas, no es “exceso de perspicacia”, ya que quienes aparecen liderando el informe, León Valencia y Ariel Ávila han señalado ese tipo de relaciones entre las FARC y las juntas de acción comunal en diferentes publicaciones, algunas de las cuales han tenido gran resonancia, sobretodo en la prensa dominante del país. Es bueno aclarar que mientras que en los artículos publicados por esos autores anteriores al informe señalan algunos fenómenos en localidades específicas, en el informe, esa relación de dominio sobre la población se presenta de manera generalizada para los municipios señalados como de “presencia armada de las FARC”.

2.2 El Manual de Convivencia

El Manual de Convivencia es nombrado en dos ocasiones, ambas en la cita textual de “un líder comunitario”, donde al parecer, son indistinguibles los términos: “Manual de las FARC” y “Manual de Convivencia”. Se da a entender entonces, que el Manual de Convivencia es la normatividad impuesta por las FARC, dentro de la reglamentación de la vida cotidiana de los campesinos y campesinas, ejecutada por las juntas de acción comunal. Es oportuno señalar que los autores en otros artículos para la prensa corporativa otorgan este carácter a dicho manual. En el artículo “El manual de convivencia de las FARC”, León Valencia presenta de manera puntual que la situación se desarrolla en Putumayo y Caquetá [5], y muestra como evidencia el panfleto de un frente, del 20 de julio de 2013 [6], sin embargo, en el informe lo que hemos ganado, queda implícito que ello ocurre en todos los “municipios con presencia de las FARC” [7]. Hablando más claramente: el informe Lo que hemos ganado plantea que cuando se escuchen las palabras “juntas de acción comunal” en los “municipios con presencia de las FARC”, el término “Manual de Convivencia”, hay que entenderlo como “Normatividad de imposición de las FARC a los campesinos y campesinas”.

2.3 Las multas y recursos de las juntas de acción comunal

Sin que en el informe lo que hemos ganado se presente algún análisis sobre el tema, el “lider comunitario” afirma que los dineros recogidos por las multas, que surgen del incumplimiento del Manual de Convivencia, son recibidos por algún miliciano de las FARC, quedando en el aire la noción que los recursos que puedan tener estas juntas campesinas son controladas por el grupo guerrillero. Podría pensarse, aunque el informe no lo dice, que esos dineros a los que podría tener acceso la junta de acción comunal son parte de la financiación de los insurrectos.

2.4 Las expresiones políticas de los campesinos

Dado que las juntas de acción comunal, según el informe, no tienen autonomía sino que replican las voluntades de las FARC, y la relación con estas organizaciones campesinas tiene por finalidad incorporarse al trabajo político en lugar del militar para un eventual posconflicto, se puede inducir entonces que cualquier posición que sea emanada de estas juntas se realizaría a imagen y semejanza de las voluntades de las FARC. Ese informe entonces coincidiría con algunas posiciones que señalan que cuando los campesinos protestan y hacen paros es por “infiltraciones” de la guerrilla.

El desacuerdo con estos señalamientos que se inducen al leer el informe lo que hemos ganado no surgen de una opinión personal al respecto, sino que son divergencias fundamentadas a partir de otro trabajo investigativo, cuyas conclusiones sobre esos temas aparecen a continuación.

3. Las conclusiones de la investigación cultural

Entre mayo de 2013 y noviembre de 2014 se desarrolló un proceso de diálogo entre algunas comunidades campesinas con el ánimo de explorar la pertinencia de solicitar una salvaguardia cultural a su patrimonio cultural inmaterial; este proceso fue coordinado en conjunto entre el Ministerio de Cultura, la Fundación Etnollano y la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Área de Manejo Especial de la Macarena – CORPOAMEM; proceso que recibió el apoyo de la Gobernación del Meta y la solidaridad de la cooperación alemana. Una parte fundamental en este proceso lo constituyó una investigación colectiva entre los campesinos que, sistematizada por un equipo técnico, demostraba entre otras cosas que había una cultura campesina colona particular con un patrimonio cultural inmaterial. Durante esta investigación, resultó cada vez más obvio que era una comunidad en riesgo en virtud a encontrarse en medio de múltiples conflictos armados y de narcotráfico, de los cuales ha podido defenderse, sobrevivir y construir su sociedad local, gracias a la organización comunitaria. En adelante, este trabajo colectivo se nombrará aquí como: investigación cultural.

Una de las situaciones que se pudieron observar en esa investigación cultural era que atentar contra la organización comunitaria ponía en riesgo tanto a la existencia misma de esas comunidades, como el poco control que pueda quedar sobre la conservación de tres parques naturales, uno de los cuales, la Sierra de la Macarena, es considerado “monumento nacional” por el Estado y “reserva de la biósfera” por la ONU.

Si se tiene en cuenta que una de las conclusiones de esa investigación tiene que ver con que las Juntas de Acción Comunal son la parte institucional de una manifestación cultural que es la organización comunitaria campesina colona, se entiende el por qué es urgente aclarar que las conclusiones de la investigación lo que hemos ganado, en el apartado referido, no se cumplen ni son ciertas, al menos en los territorios del Área de Manejo Especial de la Macarena, AMEM. El AMEM es un territorio que ha sido señalado por muchos como “zona de conflicto” desde hace más de medio siglo.

Entonces, lo que sigue a continuación es la descripción de los fenómenos que ocurren en esa sociedad local del AMEM, relativos a las juntas de acción comunal, los manuales de convivencia, las multas y las posiciones políticas frente al posconflicto.

3.1 Las juntas de acción comunal, en el AMEM

Las juntas de acción comunal son la expresión y el resultado de un proceso organizativo de los campesinos y campesinas colonas desde el origen mismo de la colonización a mediados del siglo XX. Estos colombianos y colombianas están compuestos en su inmensa mayoría por desplazados de la guerra y la pobreza, de todos los lugares y etnias del país. Llegaron al territorio con una causa común: encontrar un lugar en el planeta en el que pudieran vivir dignamente, ¿es mucho pedir?

Las primeras colonizaciones, las que algunas fueron impulsadas por el estado, se realizaron por personas que tuvieron que organizarse solidariamente para poder subsistir en suelos, flora y fauna desconocidos para ellos. Se fue así construyendo un tejido social que paulatinamente fue recibiendo a quienes iban llegando de las múltiples oleadas de desplazamientos forzados que ha habido en el país, que por tiempos, dependiendo de la coyuntura política nacional, se han venido tornando más o menos apremiantes.

Se construyó entonces una sociedad marginal a la “Colombia institucionalizada” - por llamarla de alguna manera-, sociedad que conformada por colombianos y colombianas de casi todas las partes del país, se fueron organizando y lo siguen haciendo para desarrollar prácticamente cualquier actividad, como por ejemplo: hacer deporte, celebrar el fin de año, mejorar las condiciones comerciales de sus productos, proteger el medio ambiente, hacer y mantener las vías, alcantarillas, puentes, algunas escuelas, canchas deportivas, sin prácticamente más presencia de la “Colombia institucional”, que algunos pocos maestros, uno que otro funcionario del Ministerio de Salud que a veces puede ser un médico y una gran cantidad de miembros de las fuerzas militares del Estado.

La manifestación más visible de esa forma comunitaria de vida organizada, a partir de la solidaridad y el consenso, son las Juntas de Acción Comunal. Esa forma de vida requiere ser regulada normativamente, y quizá entre ensayo y error, y para reducir al máximo la “ley del machete” en la solución de conflictos, aparecieron los manuales de convivencia. Al menos en lo que respecta al territorio rural del AMEM que los tienen desde antes que se hablara de “posconflicto”, hace ya varios años.

3.2 El Manual de Convivencia en las juntas del AMEM

Habría de ser tema de investigación a profundidad, la manera en que se ha venido desarrollando el derecho consuetudinario, en una sociedad que ha construido su tejido social al margen de casi todas las instituciones del estado, y averiguar de qué manera de allí pudieron haber emergido los actuales manuales de convivencia. Seguramente una investigación así arrojaría muchas luces de las maneras como se ha construido la nación colombiana y habría varios elementos para pensar la construcción de un posconflicto sostenible en el tiempo y las generaciones.

El Manual de Convivencia fundamenta las decisiones en asambleas veredales y ha sido importante para que cada familia propietaria de un terreno deje el 40% para protección del bosque nativo o también para que haya especies protegidas por los campesinos y la prohibición de pescar en cantidades mayores al consumo familiar, entre otras cosas. En las zonas rurales del AMEM, al menos, es difícil hablar del poder ejecutivo, legislativo y judicial, de la manera como se supone que opera la organización social en otras regiones del país, como por ejemplo en Bogotá; como ya se dijo, la presencia del estado, aparte de la militar, es muy precaria en casi todas sus formas y en algunas prácticamente nula.

Como estas conclusiones no surgieron de una investigación sobre la guerra, sino sobre la cultura de la población, la observación fundamental recayó en la manera en que las personas construyen su cultura desde su comunidad local. En esta colectiva investigación cultural fue fundamental tener en cuenta la manera en que la población toma sus decisiones en su vivencia cotidiana porque, por ejemplo, no tiene el mismo significado de cohesión social e institucional unas carreteras terciarias construidas con recursos y contrataciones hechas por alguna alcaldía o gobernación, que cuando son construidas por los campesinos y campesinas, mediante la organización comunitaria.

Para la consecución de recursos, las juntas de acción comunal no solamente imponen multas, sino que también, para las obras de uso común, como puentes y caminos, se acuerda comunitariamente la cantidad de recursos que cada familia debe aportar, que puede ser en mano de obra y cabezas de ganado. Hay una vigilancia de los recursos, hay fiscal y tesorero, y se rinden cuentas de los gastos a los asociados veredales.

3.3 Las juntas de acción comunal y el posconflicto, en el AMEM.

Las asociaciones de las juntas de acción comunal en el AMEM gozan de credibilidad, respeto y admiración por parte de varias instituciones nacionales, internacionales, oficiales y privadas. Si el papel de las juntas de acción comunal en el AMEM es la que se les endilga en la investigación Lo que hemos ganado en virtud a que los municipios de su territorio se encuentran señalados como de “presencia de las FARC”, ¿querría decir esto, que instituciones, como la Gobernación del Meta, o la Cooperación alemana harían parte de alguna conspiración subterránea mundial para que las FARC tomaran por asalto el poder de la administración pública? Desde un punto de vista fundado en la razón y las evidencias, una respuesta positiva a esa pregunta no arrancaría más que una sonrisa por absurda y ridícula, pero puede resultar coherentemente positiva para sectores de la sociedad que gustan resolver los conflictos con el terror de las armas y la violencia, posibilitando con ello consecuencias funestas.

El 28 de noviembre de 2013, tuvo lugar en Villavicencio una reunión entre los diferentes directivos de las asociaciones de juntas de acción comunal de campesinos del AMEM y diferentes personalidades que fueron invitadas, con el ánimo de presentarles una hoja de ruta desarrollada por ellos hacia el fortalecimiento de su patrimonio cultural inmaterial, con la intención de establecer alianzas, compromisos y llamados a un trabajo en común, con ese “mundo” de la “Colombia institucional”. Entre la diversidad de asuntos de la hoja de ruta, había desde la recuperación de semillas nativas y la medicina tradicional campesina, hasta el establecimiento de redes de comunicación eficaces y efectivas entre la población y hacia la institucionalidad, pasando por el fortalecimiento de las normas de convivencia, los acuerdos ambientales y la recuperación de la memoria histórica de la colonización [8]. A esa reunión asistieron: un comunicador de Parques Nacionales Naturales (PNN), un representante del PNN Tinigua y otro de Picachos, un sacerdote de la diócesis de Granada enviado por el obispo, representantes de Proyecto SER MACARENA-GIZ (cooperación alemana), Cordepaz, el secretario de agricultura del Meta y un funcionario del Instituto de Cultura del Meta. Lo importante para resaltar aquí sobre esa reunión, es que hubo consenso entre esos funcionarios que la organización comunitaria campesina, expresada en las asociaciones de las juntas de acción comunal, era un interlocutor eficiente, confiable y capaz de desarrollar proyectos de producción sustentable, frenar la colonización hacia zonas protegidas y de constituirse en un puente entre la población tradicionalmente marginada del resto de la sociedad y la institucionalidad considerada “oficial”, incentivando intercambios de mutuo beneficio para aportar en actos concretos hacia la paz verdadera que es la de la vida de las personas.

En el mismo informe de lo que hemos ganado se plantean unas condiciones necesarias a tener en cuenta para pensar un posconflicto sustentable en el tiempo y las generaciones: la garantía de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos [9]. Seguramente habría que hacer un estudio particular en el AMEM, pero lo más seguro es que los líderes sociales y defensores de derechos humanos, sean los mismos líderes que dirigen las Juntas de Acción Comunal, porque ha sido bajo su liderazgo en la organización comunitaria campesina y por tanto en las juntas de acción comunal, que ha sido posible la construcción de la infraestructura local, el lograr acuerdos colectivos de defensa del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.

Vale decir aquí, que contrario a lo que se afirma en la sustentación del informe ante la Cooperación Española [10], existen muchos campesinos y campesinas que tienen conceptos muy claros y profundos acerca de lo que es el conflicto armado y un posible posconflicto, quizá más sustentados que muchas de las opiniones de “expertos” que usualmente aparecen en la televisión, especialmente en los canales comerciales. Por tanto, para impulsar una pedagogía para la paz sería más pertinente ofrecer los mecanismos para un debate comunitario que llevar a la región expertos y peritos en el tema desde Bogotá, a no ser para contribuir en la organización de estos diálogos.

Desde la investigación cultural se puede afirmar que el posconflicto requiere del fortalecimiento de al menos tres cosas: la autonomía organizativa de los campesinos; una interlocución con el resto de la sociedad para resolver problemas comunes, como lo es la preservación ecológica de los tres parques, corredor genético entre los Andes y el Amazonas y garantizar un comercio justo con los bienes que, por medio del trabajo campesino, le son ofrecidos al resto de la sociedad. Para desarrollar esos elementos fundamentales no aparece por alguna parte gente armada; debe haber unas leyes que permitan legitimar las acciones y decisiones que de manera colectiva se hayan concertado en las organizaciones campesinas, sin que la existencia de la legislación actual sea un impedimento y para ello, hay que reformar las leyes existentes, o al menos, desarrollarlas en beneficio del colectivo.

Si se piensa en el bienestar de la población, las conclusiones que se pueden sacar entre las dos investigaciones, con respecto a las juntas de acción comunal son muy diferentes; y esos asuntos hay que tenerlos en cuenta, en el momento en el que se está pensando en buscar la “verdad” de lo que ha sucedido y sucede en el país con respecto al asunto de la guerra. Como lo más seguro es que la investigación lo que hemos ganado, se haya apoyado en el conocimiento científico al igual que la investigación cultural, es oportuno entonces comentar acerca del método de esta última.

4. Algunos apuntes metodológicos y comentarios personales

Es bueno recordar que la investigación cultural no tuvo su foco de atención en el asunto de la guerra, sino que se concentró en las formas de vida de los campesinos y campesinas, sus manifestaciones culturales y elementos identitarios. No sobra repetir que sus comunidades se han conformado, en términos generales, por desplazados de diferentes conflictos del país, generalmente por la violencia armada desde los años 50 del siglo pasado hasta hace pocos años; es un territorio en el que la población se encuentra en tensión permanente por encontrarse allí diferentes actores armados en confrontación bélica y, como lo reconoce el informe de lo que hemos ganado, la gran mayoría de las víctimas son de la población civil. Por este motivo, a pesar de ser una investigación de orden cultural, el asunto del conflicto armado, al haber sido protagónico dentro de las cotidianidades campesinas desde los inicios de la colonización, es un elemento indiscutiblemente fundamental. La investigación cultural no solamente permitió observar el desastre que quiere decir la guerra para la población, sino que se visibilizaron mecanismos de sobreviviencia y búsqueda de bienestar que, en medio de esta violenta situación, le han permitido sobrevivir a estas comunidades.

Se trabajó durante casi dos años con al rededor de quinientos campesinos y campesinas: jóvenes, viejos y viejas, niños y niñas, mujeres y hombres, nacidos allí e inmigrados de otros lugares. Se trabajó con cartografía social, representaciones gráficas, mapas de actores, líneas de tiempo, entre otras muchas metodologías participativas, y las conclusiones se desarrollaron a partir de una sistematización que tuvo en cuenta el análisis del discurso, expresado oral, escrito, y gráficamente. Por último, se contó con la asesoría y consejo permanente de un comité de expertos del mundo académico y campesino, cuya experticia variaba entre las colonizaciones campesinas, la situación del AMEM, tanto ecológica como socialmente, y las reivindicaciones campesinas desde la historia, la sociología y la participación en las luchas agrarias.

Se trabajó, como ya se dijo, con la coordinación de Corpoamem, que es una corporación que reúne a 23 asociaciones de juntas de acción comunal. Estas asociaciones se conforman por las juntas de acción comunal de 570 veredas, de los municipios de La Macarena, Mesetas, Uribe, Guamal, Acacías, El Dorado, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo, Granada, Cubarral, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Puerto Concordia y Puerto Rico, en el Meta, y de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno en el Guaviare, en las que habitan aproximadamente 13.200 familias campesinas. Los municipios de todo este territorio, el del AMEM, se encuentran reseñados en el informe lo que hemos ganado como de “Presencia de las FARC” [11].

Alguien con cierta perspicacia podría decir que si en la organización de la investigación cultural fue fundamental una corporación de juntas de acción comunal, entonces, eso podría dirigir el enfoque en favor de dichas juntas, quedando invisibles esos asuntos que intencionalmente pudieran haberse ocultado, en virtud a que son precisamente, según lo deducible del informe de lo que hemos ganado, herramientas de dominio y control de las FARC. Ante ese argumento, lo que se puede decir es que ningún investigador social sería tan ingenuo de sacar conclusiones solamente desde lo que diga alguien, máxime con la historia que tiene la región. Sería muy difícil, poco probable, por no decir imposible, que quinientos campesinos tengan preparada una farsa, en la que puedan obviar lo que realmente sucede, si se tiene en cuenta su expresión oral y escrita, sus manifestaciones gráficas de la historia, el presente y el futuro, y en general, desde diferentes maneras de expresar sus expectativas y temores.

Es de comprender que nadie puede atribuirse que las conclusiones de sus investigaciones son verdades absolutas, y en las ciencias sociales y las humanidades eso es más que evidente, pero al menos en las conclusiones que arrojó la investigación de la cultura del AMEM, la situación descrita en lo que hemos ganado, frente a la relación entre las juntas de acción comunal y las FARC, no es cierta.

La sociedad local del AMEM se ha venido formando en una búsqueda permanente por construirse un mundo propio, como a todos nos toca, pero teniendo que ver arder sus casas sin saber si pueden volver o no, ver morir sus vacas por alguna bomba, que de pronto no cae de manera tan fortuita, han tenido que vivir cómo sus hijos pueden parecer "ofrendables" para la guerra y no pocas veces han sido víctimas letales de problemas que muchas veces se crean desde las ciudades; todo eso les sucede solo por vivir ahí.

Los campesinos y campesinas del AMEM han vivido durante más de medio siglo, valiéndose más de organizaciones propias que de las instituciones del Estado, primero porque al estar en Parques Naturales, el Estado no ha podido invertir allí, segundo porque la institucionalidad del Estado se ha preocupado más por asistir al territorio desde la guerra que desde la inversión social. Pensar en un posconflicto en el AMEM pasa por buscar un consenso de reconocimiento legal de las normas de convivencia, porque es por medio de este mecanismo que se han podido zanjar conflictos propios entre vecinos, quizá amerite una reconstrucción desde la metodología que más le convenga a la población, pero con carácter vinculante con la Ley nacional, porque esto sí posibilitaría darle forma a la manera de existir de estos colombianos, como ciudadanos en una democracia participativa.

Es cierto que en una política de posconflicto, el hecho de que el Estado extienda sus instituciones a estas regiones es muy importante, pero es de recordar, que son comunidades que sufrieron un proceso de exclusión de esa Colombia que está regida por esas mismas instituciones; ello hace pensar que eso es insuficiente. Es fundamental que en un posconflicto, la institucionalidad que opere en estas regiones surja a partir de un consenso acerca de la manera como se puede y quiere seguir haciendo sociedad, desde lo que las comunidades son y quieren ser, desde su derecho consuetudinario y los valores que tienen para configurarse en comunidad. Otra forma de hacerlo corre el riesgo de volver a construir institucionalidad desde aquellas exclusiones, que vienen incluso desde la colonia, que son el caldo de cultivo permanente para un conflicto armado.

Ahora que en estos días se está hablando de “la Verdad”, es importante considerar, que si esta tiene por finalidad el abrirle el camino a una paz sustentable en el tiempo y las generaciones, antes que poner en mira de fusil a las juntas de acción comunal, por lo menos en lo que respecta al AMEM, se deberían visibilizar como ejemplo a seguir, por cuanto la organización comunitaria, representada en las juntas de acción comunal, ha posibilitado construir sociedad, solucionar conflictos y buscar formas de producción sustentables tanto para su bienestar como de la conservación de tres parques naturales, a partir de la solidaridad y con espíritu democrático, que es una forma de vida que bien es de admirar y emular por el resto de colombianos.

Referencias

Fundación Paz & Reconciliación. Lo que hemos ganado. Bogotá, 2015 [revisado el 5 de julio de 2015]. Disponible en Internet <http://docs.pares.com.co/index.php/...> .

Fundación Paz & Reconciliación. Farc dan a conocer manual de convivencia en Putumayo. [en línea], 6 de febrero de 2015 [revisado el 5 de julio de 2015]. Disponible en Internet <http://www.pares.com.co/grupos-arma...> .

Fundación Paz y Reconciliación. Informe Conflicto Armado 2014 – Lo que hemos ganado, 13 de marzo de 2015 [revisado el 5 de julio de 2015] [video]. Disponible en Internet <www.youtube.com/watch?v=46GhYiaOqlg> . Consultado el 5 de julio.

Manual de convivencia del frente 32 de las FARC. (s. a.). 20 de julio de 2013 [revisado el 5 de julio de 2015]. Disponible en Internet <http://es.calameo.com/books/0000590...> .

Valencia, León. El manual de convivencia de las FARC. Revista Semana [en línea], febrero 15 de 2014 [revisado el 5 de julio de 2015]. Disponible en Internet <http://www.semana.com/opinion/artic...> .

[1Fundación Paz & Reconciliación. Lo que hemos ganado. Bogotá, 2015. En la Internet <http://docs.pares.com.co/index.php/...> . Consultado el 5 de julio.

[2-Op. cit., pp. 33 – 36.

[3Ibid., p. 33.

[4Ibid., p. 34.

[5León Valencia. “El manual de convivencia de las FARC” http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-el-manual-de-convivencia-de-las-farc/377306-3, publicado en febrero 2 de 2015.

[6Fundación Paz y Reconciliación. Farc dan a conocer manual de convivencia en Putumayo. 6 de febrero de 2015. Disponible en Internet <http://www.pares.com.co/grupos-arma...> . El panfleto aparece completo en: “Manual de convivencia del frente 32 de las FARC” Disponible en Internet <http://es.calameo.com/books/0000590...> .

[7Hubiese sido más contundente para una generalización nacional un comunicado del Secretariado, o tan siquiera de una jerarquía regional.

[8Nótese que este asunto de la recuperación histórica, aparece mucho antes que en los diálogos de paz se hablara ni de “Comisión histórica” ni de “Comisión de la verdad”, por lo cual es difícil afirmar que esas intenciones de los campesinos, sean derivadas directas de alguna orden emanada de La Habana.

[9Ob. cit., p. 68.

[10Fundación paz y reconciliación. Informe Conflicto Armado 2014 – Lo que hemos ganado, [video] (35:11min. - 35:25 min.). Disponible en Internet <www.youtube.com/watch?v=46GhYiaOqlg> .

[11Fundación Paz & Reconciliación. Ob. cit., p.30.