Los días 19 y 20 de Julio del 2015, las diferentes organizaciones de víctimas del conflicto armado, abajo firmantes, nos dimos cita en Bellavista, vecina de Bojayá, Chocó, departamento duramente golpeado por la guerra.
Dicha reunión la denominamos “Encuentro regional de víctimas del Atrato”. En ella visibilizamos a todas las víctimas que han sufrido el conflicto armado de la región del Atrato. Así mismo, conformamos una coordinación de víctimas de la región para que sean ellas mismas, a través de procesos de organización autónoma, quienes reclamen y defiendan sus derechos colectivos vulnerados.

En el encuentro participamos 250 delegados de las organizaciones de víctimas que firmamos esta declaración. La reunión se realizó bajo un ambiente de trabajo fraternal y respetuoso, caracterizado por el diálogo horizontal y la construcción colectiva de nuestra memoria histórica, en donde partimos de reconocer el carácter múltiple de la violencia y de los actores, donde tanto la guerrilla, como los grupos paramilitares, el ejército nacional, las empresas multinacionales, pero principalmente el Estado, tienen responsabilidad directa en los hechos victimizantes.

Son innumerables las formas en las que las diferentes comunidades de la región han sido afectadas por la crudeza y brutalidad del conflicto que tiene como base el abandono histórico del Estado que cuando ha hecho presencia es para imponerse por la fuerza, generando mayor confrontación y violencia.

Sin embargo, es importante resaltar algunas formas de victimización que por su nivel de sistematicidad y daños a las comunidades, deben tener atención especial, entre las que destacamos: el destierro, el despojo, el desplazamiento forzado, el control territorial, la militarización de los territorios, el asesinato selectivo y las masacres, las violaciones y otras formas de violencia sexual, la amenaza y la tortura, además de la violencia económica, política y social, como la usurpación y/o compra forzada de tierra, sumada a los bloqueos económicos y a la prohibición de ingreso de alimentos que han generado desnutrición crónica y muerte de muchos de nuestros niños, adolescentes y adultos mayores.

Sobre las agresiones contra las comunidades, hay que recordar que en toda la región del Atrato se presentan saqueos a nuestros territorios y sus riquezas naturales; se ejecutan mega-proyectos minero energéticos sin consulta previa a las comunidades; se suspenden títulos colectivos de los pueblos afros y originarios, sumado a otras acciones que implementan y profundizan un modelo de economía extractiva basada en dinámicas capitalistas y clientelistas que van en contravía de los intereses de las comunidades.

Este cúmulo de agresiones contra la población civil, afecta negativamente costumbres, formas de organización y gobiernos ancestrales, rompiendo el tejido social y familiar. Del mismo modo se destruyen valores culturales, estructuras familiares, económicas y formas y usos tradicionales de los suelos de nuestros territorios, entre otras afectaciones que se desarrollan en detrimento de las comunidades con la intención de mantener el dominio territorial y los privilegios de clase, sustentados en los intereses económicos capitalistas, y sobre todo, en la perpetuación del poder político de las élites dominantes de la región.

Ante la continuidad de los hechos narrados, y la necesidad de que se den soluciones reales a los problemas que han afectado y afectan a las víctimas, así como garantías de verdad, no repetición y reparación integral, las comunidades y organizaciones de víctimas presentes declaramos:

1) Nuestro firme rechazo ante la falsa desmovilización de los grupos paramilitares. Nuestra preocupación por la permanencia de estos grupos en el territorio, generando control social en municipios como: Riosucio, Unguía, Carmen del Darién, Bajirá, Murindó, Acandí y Turbo. Rechazamos también, que muchos de sus testaferros sigan administrando y explotando las tierras arrebatadas a las comunidades y pueblos originarios.

2) Nuestro desacuerdo con la actual ley de víctimas y tierras 1448 del 2011 y los decretos que la reglamentan para las comunidades indígenas y negras (4635 y 4633). Porque estas leyes solo reconoce a las víctimas desde 1985; además de rechazar la desvinculación del Estado como actor del conflicto social y armado. A raíz de ello, se generan nuevas formas de revictimización, dado que las comunidades no han sido consultadas, y máxime si tenemos en cuenta que la fecha límite para el reconocimiento de las víctimas no es acorde a las realidades de las comunidades y pueblos que han vivido y construido el territorio, y no se aplican a la totalidad de las víctimas.

3) Es fundamental reconocer los hechos victimizantes que acontecieron en el municipio de Bojayá, en la confrontación entre ejército nacional, grupos paramilitares e insurgencia. Sin embargo, deben ser reconocidos todos los hechos, historias y dolientes en el río Atrato, desde mucho antes que el Estado hiciera presencia militar en el territorio.

4) Deben ser respetados los gobiernos propios en el territorio, las autoridades indígenas, negras y afros que lo ejercen y la autonomía como autoridades tradicionales.

5) Rechazamos la instalación de la base binacional “el Guamal” ubicada en Cerro Mocho, en la cuenca del Cacarica, más ahora que en el país estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre la terminación del conflicto armado.

6) Exigimos garantías reales para que las víctimas puedan contar y socializar sus versiones sobre los hechos acontecidos por los múltiples actores, sin ser señalados ni revictimizados. Toda vez que la experiencia de las audiencias de justicia y paz, con la dinámica en que vienen funcionando, no generan las condiciones para que se cuenten los hechos reales.

7) Requerimos del Estado una adecuada inversión social para nuestros territorios, que repare la deuda histórica que se tiene con las comunidades que hemos padecido el conflicto social y armado en toda la región del Atrato.

De otro lado, queremos expresar nuestro respaldo con el proceso de paz, entendiendo que éste es una verdadera oportunidad de esperanza para nuestras comunidades, en la medida que, efectivamente se reconozcan las raíces históricas del conflicto social y armado.

Respaldamos también el Cese al fuego bilateral que esperamos se concrete a partir del cese al fuego unilateral decretado por las FARC a partir del 20 de julio, entendiendo que su materialización generará condiciones de desescalamiento, sociales, políticas y psicológicas, que se esgrimirán como elementos sustanciales para conquistar la paz con justicia social y ambiental que requerimos; el Cese al fuego bilateral, será además, una herramienta fundamental para un ejercicio de memoria colectiva frente al pasado, al tiempo que una importante oportunidad para la reconciliación, en la medida que frena la confrontación, la muerte, dolor y la sangre de civiles, militares, policías y guerrilleros, todos hermanos nuestros y compatriotas.

Firman:

Cavida, Compaz, Asociación Clamores, Consejo de la cuenca del ríos Jiwumiandó, Asociación CAMAIGO, Asociación DRUAWANDRA, Asociación ASIRUP, ASCOBA (Asociación de consejos comunitarios de Salaquí), Consejo comunitario de Domingodó, Consejo comunitario de Apartadó-Buenavista, Consejo comunitario la Madre, Consejo comunitario Dos bocas de Chicao, Consejo comunitario de la cuenca del rio Domingodó, Consejo comunitario de la cuenca de Cacarica, Consejo comunitario de la Larga y Tumaradó,Consejo comunitario de Pedeguita y mancilla, Coordinación de víctimas de Urabá,Consejo comunitario de Pogue (Bojaya), comité de Víctimas de Pogue, COINVICAR (comité de víctimas de Carmen de Darién), comité de víctimas Murindo ( ASUVIMU),con delegados de los municipiosde Bojaya ( propiamente el corregimiento de Pogue)Rio Sucio (Cacarica,Zalaquí, Truandó), Murindó, Carmen del Darién, Curbaradó.

Bojayá 20 julio del 2015.